Supongamos que los sacerdotes católicos que auxilian, conversan y apoyan a los jóvenes activistas son más conservadores y proimperialistas que el recientemente fallecido cardenal Obando y Bravo, que se opuso al primer gobierno del FSLN y que apoyó la contrarrevolución (instigada, respaldada y financiada por Reagan y el escandaloso Irangate), pero que en 2016 fue declarado por Ortega “Prócer de la Paz y la Reconciliación”…
Supongamos que la mayor parte del cerno del FSLN de la Revolución del 79 (Henry Ruiz, Mónica Baltodano, Dora Ma. Téllez, Sergio Ramírez, Luis Carrión, Gioconda Belli, Ernesto Cardenal, etc.) se halle en estado de confusión o de vileza extrema e induzca al pueblo a cometer errores y que miles los sigan…
Supongamos que el imperialismo yanqui tiene la capacidad de orquestar, tras 11 años de gobierno de Ortega (con control total de las fuerzas coercitivas del Estado, con dominio de gran parte de la prensa y de los aparatos de las organizaciones de masas), una maniobra desestabilizadora de tal magnitud que hace que miles se lancen a las calles arriesgando sus vidas…
Supongamos, entonces, que estamos frente a una espectacular maniobra desestabilizadora contra un gobierno defensor del pueblo, revolucionario y antiimperialista, que logra que miles de alienados, digitados por el imperio y la burguesía, salgan —estúpidamente— a protestar, inermes, arriesgando que los maten a ellos y a sus familias para apenas arañar a las fuerzas gubernamentales. En síntesis: miles de pobres (en Nicaragua la mayoría de la población lo es) digitados, confundidos, dispuestos a morir…
Entonces, si todos estos supuestos fueran verdad, ¿qué debería hacer el gobierno con estos manifestantes? ¿Su no razón es razón para dispararles al voleo, encarcelarlos e interrogarlos bajo tortura, herirlos, matarlos?
Y nosotros, aquellos que siempre pensamos que los gobiernos tienen el deber de que sus Estados cumplan con la obligación de garantizar los derechos de las personas, empezando por la vida y la libertad, los que venimos trabajando por eso, dentro y fuera de fronteras hasta ahora, ¿qué hacemos?
¿Decimos que el gobierno y el Estado de Nicaragua tienen menos obligaciones que los de nuestros países?
¿Decimos que los más de doscientos muertos —los habidos en estos dos meses— son menos valiosos que los nuestros?¿Que los nuestros no debían morir porque tenían razón y estos sí porque estaban equivocados?
¿Nos hacemos los distraídos?
¿Repetimos el argumento de que se prestaron —consciente o inconscientemente— para desestabilizar un gobierno revolucionario y que entonces…? (–¿Entonces qué?, terminemos la frase por favor. Entonces…
¿se lo buscaron?… ¿Se lo merecen?...).
Nosotros, los que nos oponemos a la pena de muerte aun para el peor delincuente, ¿la aceptamos contra los manifestantes? ¿Acaso la sospecha de
que haya fuerzas políticas nicaragüenses de derecha que con total oportunismo pretendan manipular y dirigir las protestas nos inhibe para solidarizarnos con las víctimas?
Muchos nicaragüenses nos hablan y escriben informándonos, pidiéndonos solidaridad, apelan a nuestra sensibilidad de demócratas, progresistas, defensores de los derechos humanos y/o izquierdistas… ¿No les contestamos? ¿No vamos a hacer una gestión, un gesto público?
¿Es que todavía no comprendimos que no se trata de dirimir si los manifestantes tienen o no razón, sino de defender sus derechos y libertades fundamentales? Nadie nos pide que opinemos sobre la política interna nicaragüense; nos piden que ayudemos a evitar que se siga enlutando Nicaragua con la sangre de los que desde los más remotos pueblitos a las ciudades, desarmados, luchan en las calles. Nos piden que, de una vez por todas, seamos capaces de exigir que cese la represión, que se ponga fin al accionar terrorista del Estado.
Nos recuerdan, sin decirlo, que la defensa de los enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos no tiene fronteras.
Nos resuena la canción de Zitarrosa, poniendo una de sus líneas en plural:
Qué pena que no nos duela el dolor.
Si usted no firmó hasta ahora y quiere hacerlo, puede enviar un correo a [email protected] con nombre, apellido y país, diciendo “firmo”.
*Una versión primaria de este trabajo se hizo pública, con la firma de uno de nosotros, mientras trabajábamos en lograr otra que pudiera ser firmada por personas de diferentes países. Consideramos que este hecho —que no tuvo ninguna mala intención— no inhabilita la presente versión y mucho menos la firma de tanta gente. Ambas son compatibles y es nuestro deseo que se sigan sumando firmas a esta, que consideramos la definitiva.
Ademar Olivera (Uruguay), Álvaro J. Portillo (Uruguay), Belela Herrera (Uruguay), Efraín Olivera (Uruguay), Emilia M. Carlevaro (Uruguay), Fernando Butazzoni (Uruguay), Gerardo Caetano (Uruguay), Gregory Randall (Uruguay), Jair Krischke (Brasil), Jorge Dalton (El Salvador), Jorge Fornet (Cuba), Judith Sutz (Uruguay), Mirtha Guianze (Uruguay), Manuel Carnucho (España), Marcelo Viñar (Uruguay), Margaret Randall (Estados Unidos), Margarita Navarrete (Uruguay), Miguel Fernández Galeano (Uruguay), Rafael Paternain (Uruguay), Rodrigo Arocena (Uruguay), Susana Mallo (Uruguay), William I. Robinson (Estados Unidos), Silvia Dutrenit (México), Rafael Sanseviero (Uruguay), Álvaro Díaz Maynard (Uruguay), Luis Calegari (Uruguay), siguen firmas.
