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El Partido Colorado rechaza el “vale todo”. El sábado pasado (17 de octubre), la Convención Nacional del Partido Colorado resolvió, por 162 votos en 185 convencionales presentes, aprobar el informe de su Comisión Asesora de Ética y Conducta Política y sancionar con un apercibimiento a varios dirigentes partidarios que apoyaron a candidatos ajenos al partido en las elecciones departamentales de mayo último. Entre los sancionados están los diputados Daniel Bianchi (Colonia) y Guillermo Facello (Montevideo), y el expresidente Jorge Batlle.
Fui uno de los proponentes de la moción aprobada por la Convención, hablé para apoyarla y en consecuencia la voté. La Convención hizo lo que debía hacer: sancionó a quienes incumplieron las normas elementales de conducta política que establece la Carta Orgánica de nuestro partido. Concretamente: el artículo 9, que dice que todos los afiliados al partido están obligados a cumplir y defender “la presente Carta Orgánica …y las resoluciones aprobadas por los órganos partidarios”, y el artículo 10, que dice que son “actos graves de indisciplina” y darán mérito a la imposición de sanciones, la violación de las obligaciones que a todos los miembros del partido impone la Carta Orgánica, el incumplimiento de los acuerdos que el partido concrete con fines electorales o de gobierno “y la celebración de tales acuerdos no habilitados por el partido”.
Es notorio que los dirigentes sancionados violaron esas normas. Algunos celebraron acuerdos no habilitados por el partido (caso Colonia); otros desconocieron las resoluciones de las convenciones departamentales que proclamaron a los candidatos del partido, para apoyar a otros candidatos, ajenos a él (Novick o Martínez en Montevideo, Falero en San José, etc.). De esta manera debilitaron electoralmente al partido y perjudicaron las chances de resultar electos de sus candidatos a las intendencias, juntas departamentales y municipios. El daño político es evidente.
No tiene ningún valor, a mi juicio, el argumento según el cual no cabe imponer sanciones porque “el Partido Colorado es un partido de hombres libres”. En ejercicio de su libertad, precisamente, los hombres y mujeres que integran el Partido Colorado aceptan su Carta Orgánica, su Programa y sus autoridades y se obligan a cumplir sus reglas. Si posteriormente entienden que deben apartarse de ellas, lo que corresponde es que, de nuevo en ejercicio de una libertad que nadie les niega, abandonen las filas coloradas y se incorporen a las que prefieran. Lo inaceptable es el doble juego: decirse colorado, ocupar incluso una banca parlamentaria en representación del partido y simultáneamente trabajar en contra del Partido Colorado y a favor de sus adversarios. Esto no es de “hombres libres”, sino de hombres desleales.
Surge ya de lo expuesto, pero no está de más reiterar que lo que decimos se refiere exclusivamente a los dirigentes partidarios, no al ciudadano común. Por definición, el ciudadano común no representa al partido; nadie tiene derecho a reclamarle lealtad, ni a reprocharle que cambie su voto cuantas veces quiera hacerlo y por los motivos que fuere. Pero quienes representan al partido en el Parlamento o integran sus órganos de conducción (la Convención Nacional, el CEN, los órganos departamentales), sí le deben lealtad y sí deben respetar las normas que rigen su funcionamiento; es elemental.
Como un síntoma más de la anormal situación que atraviesa el Partido Colorado, han surgido quienes cuestionan lo resuelto por la Convención porque la sanción alcanza al ex presidente Jorge Batlle. No se discuten los hechos, es decir, que el Dr. Batlle apoyó abierta y públicamente al candidato nacionalista a la Intendencia de San José, ni se cuestiona tampoco que esos hechos configuran una clara violación de la Carta Orgánica; lo que se afirma es que, por ser Batlle quien es, no se le puede sancionar. Es un argumento monárquico, no republicano. En una república, todos somos iguales ante la ley. El prestigio es carga que obliga a dar el ejemplo, no patente de corso que autoriza a violar las normas que los simples mortales deben obedecer.
Más atendible, aunque finalmente desechable también, es el reparo a lo resuelto por la Convención consistente en que se aplica la misma sanción —y la más leve de las previstas por la Carta Orgánica— a responsabilidades y casos muy distintos. Es cierto que es así, pero también lo es que no había otra solución que fuese realmente practicable. La Convención Nacional no podía juzgar, uno por uno, a los quince dirigentes denunciados. Esa tarea hubiese insumido meses. Si fue difícil mantener el quórum en la primera sesión (la del 19 de setiembre), fácil es imaginar el destino que habrían tenido sucesivas convocatorias para tratar temas tan ingratos. Y ya que había que resolver todo de una vez y en el mismo acto, sólo cabía imponer la sanción más leve. Cuando de castigar se trata, si no es posible ser exactamente justo es mejor pecar por exceso de benignidad que por exceso de severidad. De cualquier manera, el mero apercibimiento es suficiente para trasmitir el mensaje que don José Batlle y Ordóñez decía —en una Convención de 1927— que deben trasmitir las sanciones impuestas por el partido: “Ud. ha faltado a su deber. Usted debe corregirse, ha perjudicado al partido; el partido no tiene confianza en usted. Es necesario que cambie de conducta”. Eso es lo que significa el apercibimiento. No es poco, realmente, para quien tenga un mínimo de sensibilidad.
El Partido Colorado es sumamente amplio y tolerante; quizás lo sea hasta en exceso. Pero todo tiene un límite, y por respeto al partido y a aquellos de sus integrantes que en mayo levantaron la bandera colorada y enfrentaron la adversidad, la Convención no podía dejar de señalar y sancionar, públicamente, la conducta de quienes desde adentro del partido trabajaron en su contra.
Ahora sí, demos vuelta esta página oscura y, fortalecido el ánimo por la amarga satisfacción del deber cumplido, dediquemos nuestra atención a los grandes temas nacionales que la reclaman.
