Uruguay consiguió implementar una reforma a la Justicia penal sobre finales del 2017, cuando la amenaza de una nueva prórroga aceleró los trámites en el Palacio Legislativo. Durante esos meses, el rol del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), un organismo técnico creado en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue clave para diseñar los últimos ajustes imprescindibles para que el nuevo sistema se pusiera en marcha. Pero ya desde antes, el CEJA venía ocupando un rol relevante en el proceso de reforma, impartiendo capacitaciones a los operadores y, sobre todo, compartiendo con los uruguayos la experiencia de los demás países de América que ya pasaron por cambios similares.
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La presencia del CEJA en el país era una de las ambiciones del uruguayo Santiago Pereira Campos, un reconocido abogado especialista en Derecho Procesal y socio del estudio Rueda Abadi Pereira, que durante 2017 ocupó la presidencia del organismo.
Al evaluar los dos primeros meses de implementación de la reforma, que comenzó el 1º de noviembre, Pereira Campos considera que, a pesar de las dificultades, el balance es positivo. Por un lado, piensa que se consolidó un consenso en que el nuevo modelo es el adecuado. Además, contrario a lo esperado, los jueces se adaptaron rápidamente a su nuevo rol, menos activo, señaló. Los fiscales, por otra parte, que asumieron el trabajo de investigación de los jueces, están desbordados, pero el experto confía en que realizando ajustes a la organización y considerando soluciones “creativas”, como la incorporación de pasantes, la actividad podrá normalizarse.
El abogado, que ha trabajado como consultor para varios organismos internacionales sobre procesos de reforma judicial, también planteó que el Estado debe hacer más esfuerzos para explicar a la población el nuevo sistema, que recurre a soluciones alternativas a la prisión y que puede ser percibido como benigno: “ Nos vamos a tener que acostumbrar a tener mucho menos gente presa con prisión preventiva”.
—CEJA es un organismo independiente técnicamente de la OEA pero que forma parte del sistema interamericano. Su función principal es brindar asistencia técnica a los países que están implementando reformas en los sistemas de Justicia. Hay cerca de 100 proyectos en distintas partes de América, que van desde el apoyo en la redacción de un texto legal, a la capacitación de operadores, al análisis de prisión preventiva, de temas de reclusión o sistemas carcelarios, políticas de género, etc. También se está trabajando mucho con sistemas tecnológicos aplicados a los poderes judiciales, pensando en el impacto que puede llegar a tener la inteligencia artificial en los sistemas de Justicia.
—¿Qué balance hace del trabajo de CEJA en estos años?
—Fue un desafío muy grande. Cuando asumí en el Consejo Directivo, CEJA era una organización muy pequeña, no tenía más de 5 personas y hoy son casi 30. Estábamos solo en algunos países y hoy estamos prácticamente en toda América. Y yo tenía como gran desafío lograr que CEJA trabajara en Uruguay. Ahí tuvimos dos experiencias muy interesantes: la primera fue la capacitación de jueces, fiscales, defensores y policías para la reforma del proceso penal. Después en la fase final se trabajó mucho en la redacción de las reformas legales al nuevo código. En aquel momento en que casi naufraga la reforma y se pensaba en una nueva prórroga, hubo una incidencia importante de CEJA, que presentó un informe técnico planteando muchas de las reformas que finalmente se hicieron. Por otro lado, hicimos una puesta a punto de cuál era la situación de la justicia civil uruguaya y ahora estamos trabajando en un plan piloto para los juzgados civiles en Montevideo, tratando de probar un cambio en la manera en que se organiza la oficina judicial, y en el fortalecimiento de la oralidad.
—¿Cómo evalúa los primeros meses de implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP)?
—Hay dos cuestiones importantes. Por un lado, que gran parte de las críticas que se hacían sobre los aspectos esenciales del sistema acusatorio se han ido apagando. Si bien hay opiniones diversas sobre temas puntuales, tanto a nivel de jueces, fiscales y defensores, hay un entendimiento de que este modelo es el adecuado. Después viene el segundo tema: qué está pasando en la implementación. Por un lado, a nivel de los juzgados vemos que no hay una saturación de audiencias, que la carga de trabajo es razonable. Por otra parte, se están utilizando los instrumentos novedosos que plantea el código, como el proceso abreviado, con el cual en el primer mes se dictaron unas 50 sentencias de condena. Es altísimo. También se usaron los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso —que es suspender el proceso a cambio del cumplimiento por parte del imputado de condiciones—. Entonces, si uno mira la foto de lo que está en el sistema judicial, se puede hacer una evaluación positiva del sistema. El otro tema es qué pasa con lo que no llega al juzgado. Que ese es el gran tema.
—Se refiere a la recepción de denuncias y al desarrollo de las investigaciones por parte de la Fiscalía…
—Sí, uno puede saber lo que llegó al juzgado, pero es más difícil saber lo que no llegó. Hay muchas variables: los filtros de los casos que eventualmente puede hacer la Policía, y por otro lado la excesiva carga de trabajo que denuncian los fiscales y que tiene varias explicaciones. Primero, hubo un cambio fundamental del rol del fiscal. Es un sistema totalmente nuevo para el fiscal y para la Policía, lo que hace que todavía cueste bastante articular el trabajo entre ambos. Me parece que hay que trabajar mucho en cómo optimizar el trabajo de los fiscales. El desafío que ha tenido la Fiscalía en este proceso ha sido enorme.
—¿Cree que hubo una organización equivocada de la Fiscalía, o que no se previó la magnitud del trabajo que caería sobre sus hombros?
—Era muy difícil prever exactamente por dónde iban a estar los problemas. Lo importante es tener la capacidad de ir adaptándose a este nuevo sistema, y eso seguramente va a implicar hacer algunos cambios en las formas de trabajo. Después hay que pensar en soluciones creativas, como puede ser el apoyo de estudiantes universitarios en pasantías en las Fiscalías, que ha tenido experiencias positivas en poderes judiciales de otros países. Es una solución un poco a la uruguaya, que obviamente no es lo ideal, pero puede ayudar. CEJA no podría funcionar si no fuera por la enorme cantidad de pasantes que tiene. Todos sabíamos que iba a estar complicado a nivel de la organización del trabajo de fiscales y policías. Algunos pensábamos que iba a haber más complicaciones de las que hay a nivel de los juzgados. Por ahora eso no pasó. También algunos pensaban que les iba a costar muchísimo a los jueces el cambio de rol, ya que en el sistema anterior el juez era muy activo, y eso mayoritariamente ha funcionado bien.
—Aunque era esperable que aumentara el trabajo de la Fiscalía, el nuevo sistema es más ambicioso, porque busca que se investigue un universo mayor de denuncias. ¿Puede afrontar ese trabajo sin aumentar más la cantidad de fiscales?
—Creo que sí. Se puede sobre dos premisas fundamentales. La primera es una organización muy profesional de la oficina fiscal y de cómo trabaja el fiscal. En otros países trabaja como una especie de líder con dos, tres personas, como un equipo de investigación. Y creo que acá se puede, no tanto tener más fiscales, sino reforzar el equipo. Lo segundo es que hay que trabajar más en la persecución penal estratégica: no investigar cada robo de celular, sino investigar a quiénes montan, por ejemplo, una red de adolescentes que roban celulares. O no investigar que un camión fue interceptado en la ruta y le robaron la mercadería, sino investigar por qué siempre es en la misma ruta, a la misma hora. Se trata de atacar no cada situación sino las redes de delincuencia. Porque la realidad es que es imposible perseguir a cada uno que robó un celular, o que rompe el vidrio de un auto. No ocurre en ningún país.
—Los defensores públicos también asumieron un rol más relevante. ¿Cómo ve su trabajo?
—Ese es el otro gran desafío. Porque vimos en hechos de pública notoriedad cómo le cuesta entender a la sociedad el rol de los defensores. Y eso es complicado. Porque en un sistema procesal oral, público y con cámaras de televisión, los defensores quedan muy expuestos. Es muy difícil que la sociedad logre comprender que el principio de inocencia rige hasta que yo tenga una condena. Es muy difícil aceptar que una persona de la que ha surgido una prueba bastante clara de que cometió un delito grave, todavía está sometida al principio de inocencia. El otro tema es el rol que tiene la víctima. En algunos casos que he leído, la víctima lo que quiere es que el que cometió el delito haga algo, no que vaya preso, y termina la cuestión con que el tipo hace dos meses de trabajo comunitario, por ejemplo. Y solucionamos dos problemas: la víctima quedó conforme, la sociedad recibe un beneficio y se ahorró el costo de la cárcel.
—Durante el primer mes de aplicación del nuevo CPP cayó a la mitad la cantidad de presos que ingresaron al Comcar. ¿Eso puede tener un impacto en la seguridad?
—Todavía es muy poco tiempo para hacer una evaluación de eso. Ahora, muy probablemente sí haya un número menor por la utilización más razonable de la prisión preventiva. Nos vamos a tener que acostumbrar a tener mucho menos gente presa con prisión preventiva y más gente presa con condena. Ese debería ser el resultado final.
—Siguiendo las nuevas herramientas del sistema, se han dispuesto medidas alternativas a la cárcel, como el trabajo comunitario o la prisión domiciliaria. ¿Estas soluciones pueden percibirse como muy benignas y poner a la población en contra de la reforma?
—Sí, ese es uno de los grandes desafíos de todos los países que han pasado a este sistema. Y en todos el problema ha sido el mismo. Pero han sido muy distintas las campañas de sensibilización que han existido. En Chile se invirtió una cantidad de dinero muy importante en comunicación. Acá se hicieron esfuerzos pero había menos recursos y no fueron suficientes. Son cosas que hay que hacerle entender a la sociedad. Este clamor que a veces existe de cárcel viene a través de hechos concretos que nosotros sufrimos, situaciones traumáticas que hacen que nuestra primera reacción sea esa. Pero desde el punto de vista de política pública, seguir acumulando gente en la cárcel es la peor solución.
?? ¿Una vivienda para niños en la calle o un medicamento para alargar meses de vida?
?? Se “pensó bastante poco en la organización judicial” para implementar la ley de género