La soja transgénica cumplió 18 años en Uruguay y siguen los cuestionamientos por el avance de esos productos

Actualmente, el área de cultivos transgénicos es algo inferior a 1,5 millones de hectáreas, de las cuales 1.350.000 corresponden a soja y el resto a maíz, que en su mayoría también es transgénico, dijeron a Campo empresarios del sector agrícola.

En cuanto al costo de esas semillas, Carrera comentó que el precio de la bolsa de 40 kilos es de unos U$S 70, dependiendo de cada empresa autorizada a distribuir las semillas. Ese producto es comercializado en Uruguay por Monsanto, Don Mario, Nidera y Asgrow.

La bolsa de semillas de soja RR cuesta entre U$S 45 y U$S 50.

Carrera dijo que la relación costo-beneficio es favorable y el diferencial de precio lo paga el costo de insecticida (que debería comprar el productor para combatir la plaga).

La Intacta otorga un rendimiento de 9,4% sobre el promedio de la variedad de la RR1, que son casi 300 kilos más, señaló.

Visión crítica

“Monsanto no es una organización filantrópica, ni una empresa del Estado; es privada y su principal misión es que su junta de acreedores ganen dinero con el negocio que hace la empresa, y esto no está bien ni mal, es así”, dijo el investigador y docente de la Facultad de Química estatal Pablo Galeano, el viernes 12 en un seminario sobre etiquetado de alimentos transgénicos, organizado por la asociación no gubernamental Slow Food Canario.

Ese académico dio una visión crítica del avance de los transgénicos en la agricultura uruguaya y especialmente de la estrategia de Monsanto en la introducción de sus productos en el mercado, como el caso de la soja Intacta RR2 Pro.

“Actualmente hay un impulso grande de Monsanto para vender esta tecnología y detrás de esto están las patentes de propiedad intelectual”, señaló.

Planteó a los particpantes por qué se habla tanto de esta RR2 Pro y no se habla casi más de la soja RR. “Porque cayó la patente de la RR en Estados Unidos y ahora (la empresa) necesita un producto con patente fresca”, consideró.

Para Galeano “es verdad que (ese transgénico) tiene algunas nuevas características”, pero apuntó que Monsanto “promete algunas cosas como rendimientos mucho mayores y no son tales”. Eso dijo basándose en los datos de la evaluación de cultivares que hace el INIA para Inase. Aseguró que no existen grandes diferencias en los kilos por hectárea que rinden las semillas de soja con esos dos eventos genéticamente modificados.

“Nadie puede negar que la soja transgénica es un éxito en la región”, admitió.

Mencionó que Monsanto ganó U$S 400 millones por la venta de semillas transgénicas en 2011 y las acciones de esa empresa se valorizaron 1.500% en 10 años.

Costos y beneficios

En su sitio web, Monsanto describe los beneficios que brinda la soja RR2 Pro para el control de plagas y en ese sentido indica que en algunos casos los gusanos son suprimidos. Más adelante, en el mismo folleto, indica que “no controla estas plagas, pero reduce el impacto de las mismas, retrasando la llegada del umbral de aplicación, pudiendo en algunos casos no alcanzarlo”. “El efecto de supresión permite al productor tener más tiempo de reacción ante la plaga”, añade.

En Uruguay las compañías semilleristas reconocen el derecho de obtentor, por el que las empresas protegen su derecho de propiedad intelectual, y en los contratos con los productores brindan la posibilidad de que el agricultor pueda guardarse algunas semillas para plantar en la próxima siembra.

Galeano, en el seminario del viernes 12, comparó esa situación con la de Argentina, país referente en temas de agricultura y de donde llegaron inversores en la década pasada para impulsar el cultivo de soja.

“En Argentina, para que la empresa pueda cobrar ese derecho el agricultor tiene que renunciar al de utilizar (la semilla para plantarla cuando lo decida)”, comentó ese docente de la Facultad de Química. Agregó que “este año (las empresas) pusieron en el contrato que uno puede usar la semilla en determinadas provincias”.

Eso significa “no vender el grano a cualquiera, sino solo a algunos acopiadores y exportadores, que participan del sistema que permite cobrar el derecho de obtentor a las empresas”, aclaró.

Advirtió que “la empresa asume un derecho fiscalizador para la inspección y para tomar muestras en los campos de los productores”.

“El agricultor en Argentina pagó por cada tonelada de grano U$S 14, correspondiente a ese derecho, y la producción de granos fue de 40 millones de toneladas”, indicó. “Son U$S 500 millones en concepto de derecho de obtentor por la tecnología”, resaltó.