La suerte está echada

Esencialmente, sea por motivos políticos o ideológicos, el gobierno ha dejado muy en claro que no puede o no quiere reducir el gasto público de manera significativa, que es el factor más relevante para poder cambiar la insostenible dinámica en que ha entrado la economía uruguaya. “No es fácil reducir el gasto público en Uruguay”, señaló el ministro Astori, “dado que hay mucho gasto ya comprometido”, como si él y todo el equipo económico no hubieran tenido nada que ver en que se hayan “comprometido” tantos gastos desde el 2005 a la fecha. ¿Quién “comprometió” el incremento de gasto para aumentar en 70.000 la plantilla de funcionarios públicos? ¿Quién “flexibilizó” los requisitos para acceder a una jubilación, generando que la asistencia al BPS aumentara en alrededor de 3% del PBI desde el 2008 a la fecha? ¿Quién habló permanentemente de la disponibilidad de “espacios fiscales” y se encargó de llenarlos sistemáticamente? ¿Quién, aun en la delicadísima situación actual, refiriéndose a la próxima Rendición de Cuentas, anunció que habrá algún aumento “moderado” del gasto público?

En segundo lugar, la necesidad de financiar un déficit tan elevado (que en la actualidad implica tener que colocar alrededor de US$ 2.000 millones de deuda nueva por año) obliga a mantener abierta de par en par la cuenta capital de la balanza de pagos y le quita grados de libertad a la política monetaria. El Banco Central (BCU) se ve obligado a “esterilizar” los pesos que emite por la compra de los dólares que obtiene el gobierno colocando deuda, y para ello debe subir la tasa en pesos, lo que a su vez estimula el ingreso de capitales financieros de corto plazo, en un círculo que aumenta nuevamente la oferta de dólares y fuerza al BCU a comprar más divisas para evitar que la cotización caiga más. El BCU no puede bajar drásticamente la tasa de interés en moneda nacional para desestimular el ingreso de capitales, porque debería renunciar a esterilizar los pesos que le da al sector público, y ello impactaría negativamente en la inflación. Tampoco puede tomar medidas administrativas drásticas para intentar “cerrar” en mayor o menor medida la cuenta de capital (en la línea de lo que intentó hacer hace algunos años, poniendo encajes a la compra de deuda por parte de no residentes, o directamente poniendo impuestos) porque ello encarecería el costo de la deuda, que de todas formas necesitaría conseguir el gobierno para financiar su déficit.

En tercer lugar, es sabido que el gasto público está básicamente concentrado en bienes y servicios “no transables”, por lo que el aumento del mismo tiende a generar un incremento de su precio relativo en relación con los “transables” (los que producen los sectores exportadores y los que compiten con las importaciones), lo que impacta negativamente en la competitividad externa.

En cuarto lugar, es bastante evidente que la eficiencia en el uso de los recursos públicos es relativamente baja en términos absolutos y muy inferior a la que hace el sector privado. Basta pensar en los casos del Fondes y las “velas prendidas al socialismo”; Pluna, Ancap, por no mencionar el retorno que la sociedad está recibiendo en materia de educación, seguridad y salud públicas, a pesar de que desde el 2005 se han aumentado sistemáticamente los presupuestos de estas áreas. Cuanto mayor la utilización de recursos por parte del sector público, mayores las chances de que empeore la productividad media y marginal de la economía, y de que disminuya la rentabilidad y competitividad del sector privado.

A los problemas que genera el alto nivel del gasto público y del déficit fiscal en términos de deterioro de la competitividad y rentabilidad de los sectores productores de bienes “transables”, hay que agregar la equivocada política de apertura comercial que han seguido los gobiernos del Frente Amplio (mucho más guiada por la ideología en lugar de por la conveniencia económica del país), así como los costos implícitos y explícitos que se han agregado en el mercado de trabajo con la nueva política laboral.

Ni el tamaño y sobre todo la gestión del gasto público para lograr mayor eficacia y eficiencia en la gestión del mismo, ni la política de inserción internacional ni la política laboral, tienen chances de cambiar de manera más o menos relevante en lo que queda del actual gobierno, por lo que —salvo una mejora significativa de los precios de exportación y de los términos de intercambio— el camino que deberá transitar el sector privado será cada vez más empinado.

?? Moderado pesimismo