En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Susana Muñiz, presidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se comporta como se supone lo debe hacer una aplicada funcionaria de la “nomenclatura” de los viejos —y, al menos en Uruguay, muy vigentes— partidos camanduleros. Se trata de utilizar los derechos y libertades que asegura la democracia republicana para avanzar, desde adentro, en su avasallamiento. Es una permanente conducta —o sea, una estrategia definida con toda premeditación— para engañar a la gente en cuanto al “apego a la democracia”, mientras ya está definido el rumbo para cuando estén las “condiciones objetivas y subjetivas” necesarias a efectos de patear el tablero e instalar “la revolución” que destruirá al sistema institucional vigente.
Es como hace el teruteru: grazna en un lado y pone los huevos en otro.
Muñiz concretó ayer miércoles 16 su demanda judicial por “difamación e injurias” contra el periodista de El Observador, Gabriel Pereyra, pero la retiró en el juzgado luego de hacerle perder el tiempo al juez, al reportero y al Estado uruguayo. Logró su objetivo, que nunca fue el de “reivindicarse” de presuntas “difamaciones” (porque si no, no hubiera aceptado la ratificación in totum de la columna que la fastidió), sino intentar amedrentar desde su posición de poder a todo aquel que se atreva a meterse con la cantidad de irregularidades registradas en ASSE durante su gestión. Y lo hizo ante el más débil: el periodista. Luego vendrán los poderes Legislativo y Judicial, que ya quedaron advertidos sobre el talante de la alta funcionaria.
El 29 de julio, Pereyra publicó una columna de opinión. Bajo el título ¡Hola Susana!, ni los buitres se salvan de tus hospitales, el periodista enumeró la increíble cantidad de ilegalidades, deficiencias e irregularidades que se ciernen sobre la gestión de ASSE y los hospitales estatales que están en su órbita. Eso, dijeron los abogados de Muñiz, había ofendido a la funcionaria que, enfurecida, demandó al columnista.
Todo se arregló en un rato ante el juez. Y el periodista no debió rectificarse de su columna. Para que no hubiera ninguna duda, ayer mismo, después de la audiencia, la volvió a publicar en Twitter.
Pero lo que importa acá no es el estado anímico de la señora Muñiz; lo que importa es cómo está siendo manejado el sistema público de salud que, en general, es el que utilizan los más pobres. Y, sobre esto, las noticias no son buenas.
La semana pasada, con los votos de toda la oposición y la aquiescencia del gobernante Frente Amplio, el Parlamento creó una Comisión Investigadora para hurgar en la “gestión de ASSE desde el 2008 hasta la fecha y la denominada estafa del Fonasa”.
La denuncia que abrió esta puerta fue presentada por el diputado izquierdista Eduardo Rubio (Unidad Popular). Allí, el parlamentario dijo que “de la auditoría externa realizada en el año 2014, de las más de 70 unidades ejecutoras (de ASSE), solo 29 presentaron información. (Y) de esas 29 unidades, 27 presentaron irregularidades. En la auditoría interna, solo 20 unidades ejecutoras presentaron documentación. Todas tenían irregularidades”.
“Prácticamente, todas las irregularidades se dan en tercerizaciones, en la contratación de servicios médicos o de traslados. Por consiguiente, con las políticas de privatización es donde se abre camino a las irregularidades o ilicitudes, e incluso a situaciones con fuerte apariencia de corrupción”, escribió. “En el rubro de tercerizaciones, se reiteran las irregularidades en los contratos. Desde la falta de depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato (lo que parece ser la regla), incumplimiento de los mismos contratos, incumplimiento de leyes laborales, hasta el total desconocimiento de las observaciones” formuladas por el Tribunal de Cuentas.
Según Rubio, “es usual esperar al vencimiento de los contratos sin llamar a una nueva licitación, por lo que generalmente se termina contratando en forma directa a la misma empresa, aunque el monto de la compra supere ampliamente lo que está autorizado como compra directa. De esta manera, se viola en forma reiterada lo que determina la ley”.
El diputado llamó la atención sobre “la repetición de los nombres de las mismas empresas en las diversas unidades ejecutoras de ASSE, los diversos rubros que estas abarcan, así como también la ampliación del contrato y su extensión a otras unidades ejecutoras a pesar de los incumplimientos que generalmente vuelven a reiterar”.
“En la contratación de servicios médicos (análisis clínicos, estudios, camas de CTI, etc.) el incremento del gasto en algunos lugares ha sido exponencial. En realidad, inexplicable. ASSE es el principal comprador de servicios médicos en el país. Y, sin embargo, no fija un precio común a cada servicio. Una misma tomografía le puede costar a ASSE prácticamente el doble si la compra en un departamento a determinado proveedor que si la compra en otro”, explicó.
Rubio hizo hincapié en una situación por demás desconcertante: “Se repiten las situaciones en las que funcionarios de ASSE con capacidad de decisión contratan a sus propias empresas para venderle servicios a ASSE. Esto configura una clara situación de conjunción de intereses, incompatible con criterios de transparencia y buena administración”.
Todo esto quedó detallado con inusitada precisión a lo largo de siete capítulos: 1) Tercerizaciones (contratación de empresas de limpieza, vigilancia, mantenimiento, conserjería, camilleros, camas de CTI y cuidados moderados, traslados y contratación de estudios médicos, servicios de oxigenoterapia, profesionales y técnicos); 2) Gastos en tercerizaciones y compra de servicios a privados (análisis del incremento del gasto a partir de los datos que aporta la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal 2015 y comparativo con años anteriores); 3) Arquitectura (obras proyectadas, en curso y finalizadas que son administradas por las comisiones de obras de las unidades ejecutoras de ASSE); 4) Situación particular de algunas unidades ejecutoras (colonias psiquiátricas Santín C. Rossi y Etchepare, Centro de Salud de la Costa, Centro de Salud del Cerro, Hospital de Las Piedras, Hospital de Canelones, Hospital de Ojos, Hospital de San Carlos, RAP-Metropolitana, Hospital Piñeyro del Campo, Hospital de Treinta y Tres, Hemocentro de Maldonado y Hospital Filtro); 5) Comisión de Apoyo (situación de trabajadores, rol de la Comisión); 6) Aportes de suplentes en ASSE (situación de suplentes contratados por ASSE); 7) Fonasa (estafa desatada en el Fonasa, afectados y maniobras de empresas de la salud).
La presidenta de ASSE quiere que todos hablemos del juicio al periodista y preferiría que olvidemos esta delicada denuncia sobre su gestión.
Pereyra no lo ha hecho. El Parlamento y la Justicia no lo harán.
