Si Larrañaga llega al poder se mantendrá el actual régimen de libre flotación con intervenciones del sector público y el esquema de metas de inflación, aunque —señalan— con un compromiso más firme al que lo asume la administración de José Mujica.
En materia de inserción externa, Uruguay “tendrá que hacer un análisis de costo-beneficio sobre su permanencia en el Mercosur”, deberá adherir como miembro pleno a la Alianza del Pacífico, así como negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con otros países.
Piñeyrúa, quien preside la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, fue ministra de Trabajo entre 1995 y 1999, y ocupó cargos en la Organización Internacional del Trabajo. Bonilla, por su parte, coordina el equipo económico de Larrañaga, es diputado suplente, consultor económico privado y profesor en la Universidad ORT. A continuación una síntesis de la entrevista.
—¿Cómo define la política económica que postula el precandidato Larrañaga?
Ana Lía Piñeyrúa (ALP) —Consistente, responsable, prudente, predecible, pragmática y que tiene como objetivo general el propender al bienestar de la población. El propósito principal es mantener un crecimiento económico sostenible, y para ello es necesario promover el espíritu emprendedor, la inversión, el trabajo y la capacitación.
Un compromiso muy fuerte que vamos a asumir es lograr una coherencia absoluta entre las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y de ingresos, lo que es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía. Y a la política económica le vamos a dar además una impronta de dos valores fundamentales: la honestidad y la responsabilidad.
—Lo que describe es una plataforma que podría ser la de casi cualquier partido. ¿Qué diferencia el programa de Larrañaga de los otros?
Hernán Bonilla (HB) —No es obvio el tema de la coherencia entre las políticas; en el actual gobierno no la ha habido. Lo que planteamos es un diferencial. La coherencia es básica para todo lo demás. Si bien la economía uruguaya ha crecido a tasas muy buenas en una comparación histórica, hay desequilibrios y problemas en el frente fiscal y monetario. Esto se resuelve con coherencia.
—¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Recortes de gasto público?
HB —En los últimos años el gasto ha crecido más que la economía y por encima de la tasa de crecimiento de largo plazo, que el gobierno estima en 4% —sin sustento en nada—. Eso es un desequilibrio que explica varios problemas económicos, en particular la inflación.
Lo que planteamos no es recortar el gasto sino que su aumento sea compatible con la tasa de crecimiento de la economía.
ALP —No estamos pensando en un ajuste fiscal. Sí pensamos que hay gastos gruesos para recortar... durante este gobierno se incorporaron 40.000 funcionarios a la administración y se crearon un sinnúmero de cargos políticos. Hay que reducir el número.
—¿Dice que hay que suprimir esas contrataciones?
ALP —No, no. Recortarlos implicaría dejar cesantes a personas y plantearía dificultades políticas y constitucionales. Hay que detener el ingreso de funcionarios a la administración, porque a este ritmo resulta insostenible.
—¿El tamaño de la burocracia estatal es el adecuado?
ALP —No. Se requiere de una reforma del Estado largamente prometida y no concretada durante los gobiernos del Frente Amplio e ir a una administración mucho más flexible. Tenemos un Estado pesado, pero la solución no pasa por reducir la plantilla de funcionarios.
—¿Qué propone?
ALP —Medidas que permitan bajar el peso de las tarifas y la desburocratización, reduciendo trámites por ejemplo para la actividad empresarial. En esa dirección debe apuntar una reforma del Estado para promover la inversión que genere empleos y buenos ingresos.
HB —En los primeros tiempos del gobierno vamos a implementar un proyecto de regla fiscal. Es la forma de terminar con el comportamiento procíclico que tienen los gobiernos. Queremos que se ahorren parte de los ingresos del Estado cuando hay un crecimiento por encima de lo normal para conformar un fondo de estabilización que pueda ser gastado en fases de crecimiento menor al normal o de recesión. Esto ayuda a suavizar los ciclos económicos, que históricamente han sido muy pronunciados en Uruguay. Esto también es una forma de evitar los ajustes fiscales, que cuando se aplican provocan más recesión.
Una de las grandes críticas que se le puede hacer a la actual conducción es no haber aprovechado un momento históricamente favorable para generar ese colchón fiscal que en algún momento puede ser necesario. Hoy la relación de deuda-Producto es impresentable para el momento excepcionalmente bueno que vivimos y plantea una vulnerabilidad que tendrá que ser atacada por el próximo gobierno.
—¿Qué se plantea en relación a la política tributaria? ¿Se bajará la presión fiscal?
ALP —Lo que se propone es ir a un impuesto a la renta neta propendiendo a la eliminación del IRPF —que hoy grava sustancialmente los ingresos— aumentando las deducciones, por ejemplo los gastos relaciondos con la educación. También se aumentaría el mínimo no imponible; el tope actual es muy bajo y grava a personas de ingresos medios y medios-bajos.
Proponemos además la eliminación del IASS y la reducción del IVA en la medida que la situación fiscal lo permita, privilegiando los artículos de primera necesidad gravados con tasa mínima. No vamos a asumir un compromiso de rebaja de este tributo como hizo el Frente Amplio, que terminó acotado a las compras con tarjetas de débito o crédito.
—¿Qué tratamiento impositivo daría a las empresas una eventual administración de Larrañaga?
—El senador ha dicho que está dispuesto a estudiar la reducción o eliminación de los aportes patronales a la seguridad social. También dijo que no es partidario de establecer mayores imposiciones al agro ni el Impuesto a Primaria.
—¿Se eliminaría el Impuesto al Patrimonio al campo?
ALP —Es un tema que deberá ser estudiado; no lo hemos evaluado en profundidad. Hoy hay bastantes productores rurales más de los que estarían comprendidos dentro del derogado Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales, que están pagando el Impuesto al Patrimonio porque suman sus predios a otros patrimonios.
—¿Comparten la filosofía que le ha atribuido el gobierno a ese tributo, de desalentar la concentración de la propiedad de la tierra?
ALP —No compartimos eso. Además, las mayores concentraciones y extranjerizaciones se han dado en este período.
—Larrañaga ha planteado que las intendencias deberían tener mayor autonomía presupuestal ¿Cómo se aplicaría esta idea?
HB —Se trata de transferir parte de la caja a las intendencias, de forma de bajar a tierra el concepto de descentralización. Esto podría aplicarse por ejemplo para las escuelas, favoreciendo el control directo; el que lo vive todos los días sabe mejor cuáles deben ser las prioridades.
ALP —Es federalizar sobre todo la parte de la infraestructura educativa y de salud, y para eso se necesita descentralizar los recursos. Larrañaga quiere privilegiar las autonomías y ese es un camino.
—¿Qué políticas productivas promovería Larrañaga si llega al gobierno en el próximo período?
HB —Más allá de las políticas sectoriales, una cuestión general es la mejora de la competitividad. Para eso hay que tener un tipo de cambio que sea compatible con el desarrollo productivo e incentivar la inversión.
Paralelamente, hay un cuello de botella en materia de infraestructura que puede atentar contra el crecimiento y el desarrollo productivo; falta el tren, inversiones en los puertos y las rutas están deterioradas. La ley de asociación público-privada no ha funcionado; hay que reformarla dándoles mayores garantías a los privados y ser más proactivo buscando inversores.
—Se refirió al tipo de cambio ¿Qué régimen cambiario proponen?
HB —Adherimos al sistema de tipo de cambio libre y fijado por el mercado, más allá de que no se descartan intervenciones.
—¿Se mantendrá también la política monetaria vigente?
HB —Vamos a continuar con las metas de inflación o inflation targeting. Lo que vamos a cambiar es que al menos al comienzo definiremos una inflación objetivo de 5%, con un margen de más o menos según las circunstancias en que nos encontremos al asumir. La diferencia con la actualidad es que hoy el Banco Central tiene un rango objetivo de inflación que ya todos sabemos que no lo va a cumplir y de hecho opera como un rango real que no pase el 10%. Lo vimos el mes pasado con las medidas de regulación de precios; pero esto es un toqueteo del IPC y no acciones de fondo. La inflación subyacente está arriba de 10%.
Nuestro compromiso es a que la inflación baje al entorno de 5% y en los años siguientes del gobierno, utilizar una meta menor. Hoy los países serios del mundo tienen inflaciones inferiores y Uruguay debe apuntar a eso.
Si la política monetaria es con base en el manejo de los agregados monetarios o la tasa de interés es algo instrumental. No hace al fondo de la política y dependiendo de las circunstacias, se puede utilizar uno u otro sistema.
ALP —Y vamos a ser exigentes con el Banco Central pidiéndole informes cuando se aparte de la meta.
—¿Qué proponen en materia de negociaciones salariales? ¿Cuáles serían los lineamientos?
ALP —Partimos de la base que en las relaciones laborales debe haber más cooperación que confrontación, a diferencia de lo que se ha dado en los últimos años. Hay que retornar a un punto de equilibrio.
Los Consejos de Salarios son un buen instrumento de diálogo social que se va a mantener. Es verdad que nuestro mecanismo de negociación colectiva ha sido observado por la Organización Internacional del Trabajo y debe ajustarse, más allá de quién hizo el reclamo.
A los acuerdos hay que introducirles definitivamente el concepto de la productividad. Los aumentos de salarios son genuinos y sostenibles si están respaldados por incrementos de productividad. Esto debe ser con el respaldo de un consenso de los involucrados y tras un proceso gradual; hasta ahora no ha habido una discusión al respecto porque ha habido un preconcepto muy fuerte del sector sindical.
También debe permitirse una flexibilidad que permita a las empresas descolgarse de los acuerdos de rama que puedan ser inviables, porque lo que puede estar en juego son puestos de trabajo. Hoy es muy difícil descolgarse para contemplar las situaciones distintas que se presentan. No hay que descartar ningún nivel: rama, sector o empresa.
—¿Qué rol jugaría el Consejo de Economía Nacional que, según ha dicho el precandidato, convocará en caso de ser electo?
HB —Sería un órgano consultivo y asesor del Poder Ejecutivo en donde se pueda escuchar a la mayor cantidad posible de organizaciones relacionadas con el ámbito económico.
—¿Qué enfoque tendría la política comercial y de inserción internacional?
HB —Primero, debemos señalar el fracaso de los gobiernos del Frente Amplio en su política de “más y mejor Mercosur”. El bloque constriñe a Uruguay, y no le permite desarrollar una política comercial guiada por sus propios intereses. Por lo tanto, el país debe tener mayor autonomía; ¿por qué razón vamos a ser el único socio que cumple a rajatabla y que los demás no lo hagan? Uruguay tendrá que hacer un análisis de costo-beneficio sobre su permanencia en el Mercosur en las condiciones actuales.
Uruguay debe ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico, una región que con muy pocos años de vida logró un avance espectacular mediante acuerdos comerciales, de complementariedad productiva y de promoción. Esto contrasta con un Mercosur postrado.
También se deben buscar tratados de libre comercio con otros bloques o países, para empezar con Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad al alcance de la mano y lamentablemente no lo firmamos.
Todo esto es parte esencial de una estrategia de diversificación de riesgos para lograr un crecimiento económico sostenible y suavizar los ciclos. Cuando hay crisis regionales, eso se siente muchísimo.
