Las Fuerzas Armadas y la defensa en Argentina: entre la escasez de recursos, la ansiada recuperación y la incertidumbre futura
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El Think Tank International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres todos los años presenta su publicación de mayor relevancia: El balance militar global (The Military Balance). Su análisis descriptivo del estado de las Fuerzas Armadas del mundo actúa como punto de partida del presente artículo. Según sus números, Argentina destina escasos recursos a su política pública de defensa pasando de representar en 2015 el 11% del total de la región al 5% en 2021, para recuperarse apenas por encima del 6% durante el 2022. La palabra que más se repite en ese informe cuando se refiere a Argentina es limitación, tanto externa como interna, y la segunda es antigüedad u obsolescencia.
Para sus 2,76 millones de km2 de superficie continental, segundo país en extensión de la región y octavo en el mundo, con 47 millones de habitantes, el total de la dotación de sus Fuerzas Armadas (FF.AA.) es de 72.100 soldados, oficiales y suboficiales, un número relativamente bajo para las responsabilidades territoriales que tienen, las cuales se triplican si se considera el espacio marítimo y el reclamo de soberanía en la Antártida. Argentina queda en términos de personal uniformado y entrenado detrás de Brasil, Colombia, Venezuela y Perú, superando a Chile por escaso margen.
Si bien podrían sumarse los 31.000 efectivos que forman parte de la Gendarmería y la Prefectura, sus funciones policiales los deja afuera del análisis presupuestario y de roles en las consideraciones de defensa como política pública, ya que el llamado “consenso democrático” establece funciones y roles diferenciados para cada una de las áreas, donde defensa se encarga exclusivamente de las amenazas estatales externas. No obstante ello, existen acciones complementarias en materia de control de fronteras desde el punto de vista práctico, donde Gendarmería trabaja con el Ejército y la Fuerza Aérea. Otro tanto hace la Prefectura junto con la Armada en el control de la pesca ilegal, donde se realizan acciones interorganizacionales para dar cuenta de la depredación en el Atlántico Sur, bajo la jurisdicción del Comando Conjunto Marítimo. Aun cuando no quiera sindicárselo como tal, las necesidades internacionales argentinas obligan a realizar tareas de coordinación interorganizacional, dando cuenta de que en el plano internacional seguridad y defensa son dos caras de la misma moneda.
En dólares constantes el gasto se mantiene en Argentina relativamente estable en unos 3,4 billones para el funcionamiento total de toda la estructura de defensa, detrás de Brasil, Colombia y Chile, países que han logrado avanzar con una modernización doctrinaria y de equipamiento militar trabajando de forma constante desde finales de la década de los 90. El dato común es la obsolescencia de su equipamiento militar: sus aviones de combate son considerados obsoletos y su flota de mar es antigua y con capacidades reducidas, a excepción de los patrulleros de alta mar franceses de la clase Gowind, ya que son nuevos, aunque con armamento limitado. Sus tanques se encuentran en un permanente estado de modernización, su defensa antiaérea de largo alcance es inexistente, y si bien hay adquisiciones puntuales como los misiles RBS-70, algún avión de transporte, helicópteros, entrenadores, la situación estructural sigue siendo desventajosa y la perspectiva de mejoras futuras son inciertas.
Cabe destacar que la mayor parte de los recursos presupuestarios se destinan a cuestiones de personal, quedando relegada la situación de modernización de equipamiento a las oportunidades que brinda el mundo. La política orientada a tal efecto es conocida como Fondef, que en esencia asigna recursos a subsidiar una serie de industrias militares que tienen una estructura de negocios basada en argumentos de autosuficiencia, sustitución de importaciones y provisión al mercado local.
Estas industrias nutren a la fuerza militar en capacidades como munición, modernizaciones y actualizaciones de equipamiento preexistente y una estructura de producción de material de línea como entrenadores avanzados, que son renombrados para designar capacidades que efectivamente no poseen, como lo representa el IA-63 Pampa III, al cual se lo presenta como “sistema de armas” por la portación de un pod con ametralladoras 12,7.
Esta industria, a pesar de haber tenido éxitos exportadores como el IA-58 Pucará o la reciente venta de munición a Ecuador, se orienta a proveer el mercado interno, ya que no tiene capacidad de competir con otras industrias militares que son eficientes en la provisión de las necesidades de múltiples mercados. Es, a su vez, socia minoritaria de proyectos como el avión de transporte KC-390 pero, por razones de las restricciones británicas a la adquisición de material militar que tenga componentes de origen inglés y a pesar de ser “socios” de ellos a través de Embraer, no pueden ser adquiridos.
No obstante ello, vale la pena destacar el proceso de radarización tanto táctica como estratégica representada por Invap, que se ha desarrollado para cumplir con estándares internacionales. Eso crea alguna perspectiva de exportación futura al menos en el espacio regional y, si bien con una serie de retrasos importantes en relación con el plan original, se mantiene una línea de investigación destinada a drones aéreos, marítimos y terrestres que posiblemente comience a operar a finales de la presente década, cuando ya toda la región tenga en su orden de combate drones incorporados.
El proceso de modernización se lleva a cabo de manera limitada, siguiendo un orden de prioridades centrado en el peso relativo organizacional que tiene el Ejército como protagonista por sobre la Fuerza Aérea y la Armada a contramano de lo expuesto como prioridades en la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), la realidad internacional y las urgencias propias de cada una de las organizaciones, a pesar de lo que se declara públicamente. En discusiones cerradas suele decirse que todo se centra en dotarse de movilidad aeronaval, degradando las funciones específicas de cada organización y priorizando las de transporte.
El éxito del Ejército en ser el receptor de casi el 60% del total de los recursos destinados para la defensa, según la publicación Jane’s Intelligence Review, deviene no solo por su dispersión y cantidad de hombres y mujeres en servicio. A ello se agrega que el estamento político encuentra en esta fuerza una utilidad práctica al emplearla en toda clase de misiones subsidiarias. En la década de los 90 el “mantra” fueron las misiones de paz y la colaboración con la ONU, la cual actualmente es residual. Con el paso del tiempo ese mantra se transformó en operaciones con connotaciones internas como fue el apoyo a la campaña de vacunación de Covid, la ayuda frente a catástrofes naturales y la asistencia rápida frente a desafíos específicos de las provincias gracias a una extensa y bien reconstruida capacidad logística y a que las restricciones presupuestarias les han permitido priorizar internamente esas capacidades por aquellas destinadas al combate. Los camiones y los helicópteros son más útiles para entregar asistencia que los tanques.
No menos cierto es que en general no hay oídos y continúa siendo difícil hablar de la misión principal de las FF.AA., esto es, prepararse para la guerra, en un país que perdió una en 1982. Es cierto que los argumentos sobre la “zona de paz” latinoamericana y una estructura interestatal relativamente estable en sus fronteras, sumados a una crisis económica persistente, hacen que los argumentos sobre la necesidad de reconstruir capacidades de combate que sostengan de manera efectiva lo establecido en la DPDN a una velocidad mayor pierdan fuerza frente a otras necesidades del conjunto de la población, ya que no hay sentido de urgencia.
Existen innumerables discusiones sobre la necesidad de cambiar de proveedores externos militares y terminar la “dependencia” de Occidente en tanto exista la ocupación por parte del Reino Unido de las Islas Malvinas, priorizando opciones provenientes de Rusia o China.
La provisión del futuro avión de combate para la Fuerza Aérea, la cual quedó sin capacidad de interceptación en 2015, reavivó estas discusiones, dado que las opciones potenciales son aviones nuevos JF-17 Bloque III del consorcio chino-pakistaní o el Hal Tejas de India frente a opciones usadas, como podrían ser los F-16 A/B Block 50 o F-18A. Esas discusiones, se han probado en la práctica, son inconducentes. Occidente es el principal proveedor de equipamiento militar de Argentina, ya sea Alemania, Italia, Israel, EE.UU. o Francia. China no ha hecho pie en la provisión de equipo, excepto por unos pocos vehículos blindados de transporte de personal y equipamiento básico como uniformes y no mucho más. Las pocas incorporaciones rusas como los MI-17 y los buques logísticos de la clase Neftegaz difícilmente se repitan considerando la actual guerra con Ucrania y tener a China como socio militar podría crear más zozobra que músculo militar en la relación con EE.UU.
Finalmente, Argentina se encuentra discutiendo cómo actualizar las leyes que rigen la vida de los militares, quienes tienen un 56% de sus sueldos bajo la línea de pobreza, según informó el diario Clarín en su edición del 22 de agosto de 2022. Intentos de equiparación salarial con la Policía, aun cuando son anunciados, en la práctica todavía no se han llevado a cabo. En algunos círculos resuena reinstaurar el Servicio Militar Obligatorio, con carácter formativo, pero además de ser inviable presupuestariamente en la actualidad bien podría considerarse una medida extemporánea, dado el entorno de seguridad continental reinante.
Entrando al último año del presente ciclo presidencial, se ha puesto el acelerador en una reforma educativa militar que tiende a licuar a las escuelas de guerra específicas de cada arma para priorizar la Escuela de Guerra Conjunta con una plana docente que a priori no pareciera ser balanceada en responsabilidades y competencias entre las tres fuerzas. Eso abre interrogantes primero sobre los equilibrios organizacionales y segundo sobre la preeminencia de una orientación estratégica terrestre vinculada a lógicas del siglo pasado, frente a la actual aeronaval, en la cual, y aun cuando se manifiesta la centralidad del Atlántico Sur como escenario de disputa efectivo, los recursos para atender las necesidades que ese escenario plantea son escasos. En materia de defensa, Argentina se encuentra rezagado respecto de sus socios latinoamericanos y sus propias responsabilidades constitucionales. Una modernización sustentable prolongada en el tiempo es el próximo gran consenso al que se deberá apostar en los años venideros.
*Profesor de Relaciones Internacionales y miembro del Observatorio de Seguridad y Defensa (Osyd) —Ucema—
karen@magnolio.uy
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