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Para el subsecretario de Educación, Óscar Gómez, las “acciones afirmativas” que impulsa el gobierno para favorecer a las minorías que antes eran discriminadas suponen enfrentar una estructura heredada de la época colonial.
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“La estructura económico social de esta región fundamentó su pujanza económica en un régimen de esclavitud. Y, por lo tanto, en los momentos en que se rompe la etapa colonial y se asume la etapa de independencia, las mismas capas y clases que habían acumulado su riqueza bajo el régimen de esclavitud son las mismas capas y clases que administran el Estado”, dijo Gómez el martes 16 al presentar el decreto reglamentario de la ley 19.122 que tiene el objetivo de lograr una mayor participación de la población afrodescendiente en el ámbito laboral y educativo. En el acto también participaron el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker y el de Trabajo, José Bayardi.
Las “acciones afirmativas” como la que se presentó ese día, según Gómez, son aplicadas cuando “las fuerzas sociales de cambio enfrentan a las capas y clases sociales que antes se habían apropiado de las riquezas generadas históricamente por el régimen de esclavitud”.
El decreto reglamentario establece que los organismos públicos quedan obligados a disponer de un 8% de los cupos de trabajo a afrodescendientes y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) abrirá un cupo no inferior al 8 % en cursos de capacitación. La Oficina Nacional de Servicio Civil, por su parte, será la encargada de controlar el cumplimiento de la normativa.
El Ministerio de Educación y Cultura asignará 30% de las becas Carlos Quijano para estudios de posgrado en el exterior del país. Estas obligaciones tienen 15 años de vigencia y al cierre de cada año se deberá presentar un documento que resuma los logros obtenidos en materia de integración social con la comunidad afrodescendiente.
El ministro de Desarrollo Social destacó en el acto la medida que se pone en marcha pero al mismo tiempo relativizó su alcance para resolver el problema de fondo. Olesker llamó a buscar “mecanismos que permitan extender esta acción afirmativa al conjunto del mercado de trabajo” y puso como ejemplo el programa Uruguay Trabaja, que lleva adelante el Ministerio que encabeza, en el que se tomó también un 8% de afrodescendientes.
“Recordemos que el empleo público representa el 16% de la fuerza de trabajo activa del Uruguay. Por lo tanto el 8% del 16% es una cifra importante pero poco significativa si lo que queremos resolver es el problema central que es la discriminación en el mercado de trabajo de la población afrodescendiente”, afirmó.
