Las cinco denuncias

La tercera fue por supuesta conjunción del interés público con el privado, luego de que Fernández hiciera una consulta jurídica para la empresa Tenfield, que estaba siendo investigada penalmente por un presunto delito de defraudación tributaria. Fernández sostuvo entonces que no hubo dolo en aquella supuesta defraudación. La Justicia archivó también esta demanda.

La cuarta fue por haber asumido, Fernández y su pareja, la abogada Cecilia Salom, la defensa de Juan Domingo Ratti, un ex director del Banco Montevideo, que se fundió en la crisis del 2002, y por la supuesta participación de Fernández en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 (de 1893), que era el delito inicial imputado a los hermanos Peirano Basso (accionistas de ese banco) y a varios de sus directores. Fernández, que era secretario de la Presidencia, alertó a Danilo Astori, a la sazón ministro de Economía, para que suspendiera la derogación de esa norma (que iba a ser incluida en una nueva ley de concursos) justamente porque podía favorecer a los Peirano. Luego, cuando los Peirano ya no estaban acusados de ese delito sino por otro más grave (“insolvencia societaria fraudulenta”), cuando habían recobrado la libertad, cuando la norma del siglo XIX había sido derogada y después de que un Tribunal de Apelaciones archivó la causa de los ex banqueros teniendo en cuenta solamente la ley 2.230, sobrevino un escándalo político en el que Fernández quedó otra vez envuelto en julio del 2010, cuando el gobierno de Vázquez ya había finalizado.