Carrera dijo que el marco que se proyecta significará un “cambio grande” porque, entre otras cosas, establece obligaciones claras para los prestadores de seguridad, exigiendo “capacidad y solvencia económica”.
Consideró que esto tenderá a “profesionalizar” al sector, exigiendo “mayor capacitación” a los trabajadores, estableciendo medidas de prevención de acuerdo a la “matriz de riesgo” de cada tipo de actividad, entre otras regulaciones.
El jerarca ministerial explicó que las actividades que “generan riesgos” tendrán que tener un sistema de seguridad preventivo adecuado, según establece la iniciativa propuesta.
Asimismo, las empresas de seguridad deberán contratar un seguro de vida en beneficio de los trabajadores a fin de cubrir lo que ocurra mientras realicen las tareas.
El mercado.
En el sector hay 331 empresas (316 habilitadas y el resto en trámite), informó Carrera según los datos del Registro Nacional de Empresas de Seguridad.
De ese total, la mayoría se concentra en Montevideo (231), casi una treintena se ubica en Canelones y 72 opera en el resto del país, agregó.
El 70% presta servicios de seguridad física (guardias o vigilantes), el 22% de tipo electrónica (alarmas, cámaras, sistemas, etc.) y el 2% se dedica al transporte de valores.
En cuanto a los guardias habilitados, hay 20.438, precisó Carrera, de los cuales poco menos de la mitad (8.941) portan armas.
“Es un disparate” decir que hay más guardias privados que policías, opinó Carrera, y señaló que hay unos 26.000 policías “ejecutivos” o en la calle, dedicados a la prevención y represión del delito y otros 6.000 a tareas de apoyo y administrativas.
Dijo que en los últimos cinco años la cantidad de guardias privados se incrementó en torno a 3.000 personas.
Carrera estimó que el mercado no va a crecer mucho más y que, con un marco legal general que lo regule, va a tender a “profesionalizarse”.
En el sector conviven empresas de gran porte como Securitas, Prosegur y G4S, entre otras, que están nucleadas en la Cámara Uruguaya de Empresas de Seguridad, donde se concentra el 40% de los guardias y el 45% de los servicios de alarma.
El 30% del mercado es operado por firmas unipersonales, que en general son porteros de edificios o prestan servicios de ese tipo en empresas.
También hay firmas que se dedican a la fabricación de maletines antirrobo, y otros elementos para salvaguardar la integridad de las personas y la propiedad privada de bienes.
La CESI, que nuclea a empresarios nacionales de firmas pequeñas y medianas, señala que entre los factores que inciden para que empresas del comercio estén decidiendo ajustar gastos de seguridad, está el aumento de los costos laborales que el sector ha venido asumiendo.
Según Hernández, hace diez años el promedio salarial de un guardia era de $ 24 por hora y hoy es de $ 80. Afirma que el laudo de un vigilante actualmente se ubica en $ 17.500 nominales al mes, y que ese valor se incrementa 5% si el trabajador porta arma. Y agrega que la reglamentación de la Ley de Nocturnidad, que establece un sobrelaudo de 20%, también ha encarecido el servicio y a menudo se hacen turnos a mitad de la madrugada para no tener que pagarlo.
Otro problema que tienen las firmas de seguridad es la falta de personal calificado y disponible para cubrir determinados puestos de vigilancia. “El propio empleado pregunta para dónde es el puesto. Si es en un banco, en un local de pagos o en una estación de servicio cuesta más que acepte, prefieren ocupar la portería de un edificio o vigilar en una tienda de ropa”, ilustró Hernández .
También indicó que la formación y capacitación en seguridad es un “debe” en el sector, porque actualmente para que una persona pueda desempeñarse como guardia “basta con un curso de 20 horas o de 28 horas si es con arma”. En general, los trabajadores del sector tienen experiencia si son retirados militares o policiales, pero eso no sucede con el personal de la construcción o del servicio doméstico, que también se suele reclutar cuando esas actividades tienen menos demanda.
El anteproyecto de ley que las autoridades manejan, y que según Carrera tiene el consenso de trabajadores y empresarios, habilita a la Escuela de Policía, hoy Dirección Nacional de Educación Policial, a brindar capacitación y formación en seguridad.
Además, prevé crear un registro de empresas incumplidoras para que quienes requieran de los servicios puedan consultar antes de contratar una empresa y no enfrentar obligaciones de terceros.
Asimismo establece que quienes organicen un “evento masivo” artístico o recreativo en un recinto privado o público con amplia asistencia o aglomeración de personas, deberán cumplir con determinadas medidas de seguridad, que se reglamentarán.
También, se prevé que la nueva normativa cambie el régimen de sanciones para los infractores.
El comercio se ajusta.
“Primero fueron rejas, después alarmas, más iluminación, luego cámaras. Pero vemos con total desparpajo a los delincuentes captados por los sistemas y no pasa nada”, señaló el vicepresidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, Daniel Fernández. Consideró que ya no se trata de “invertir” en seguridad sino de “gastar”, porque las medidas no tienen el resultado esperado.
Explicó que en los comercios medianos se mantienen los servicios de guardia de seguridad pero apuntó que ese costo no lo pueden asumir los almacenes de barrio que optan por atender tras rejas.
Oscar Baladán, integrante de la comisión de seguridad de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) señaló que este año el sector viene reduciendo “un poco” la contratación de guardias privados porque las ventas “vienen peor”.
En la vigilancia física la actividad está estancada o algo retraída, señaló, porque la gente tiende a recortar esos servicios y en su lugar instala seguridad electrónica, ya que “se paga una sola vez, aunque no sea lo más aconsejable” en materia de equipos y eficiencia.
Por eso, afirmó, hay más gente que compra kits de cámaras por Internet o en los supermercados. Este año creció la venta de ese tipo de sistemas en detrimento de las horas de vigilancia.
Hacia adelante, Baladán, que es gerente de consultoría de seguridad en Securitas, opinó que no prevé que haya un aumento de la actividad del sector, al menos en el corto plazo. Señaló que los comerciantes ya tienen la expectativa de que el verano será “malo” y los que hacen su presupuesto en función de las ventas no van a reforzar la inversión en el rubro.
Carrera señaló que el Ministerio está “consolidando” su reestructura y alegó que “a partir del año que viene” se cumplirán las metas de reducción de rapiñas y hurtos.
Aclaró que el “delito cero” no existe y apeló a que los comerciantes aporten a la prevención, tomando medidas adecuadas de seguridad y denunciando los hechos.
Mencionó que con los recursos que el Parlamento apruebe en el proyecto de ley de Presupuesto que discute, hay un compromiso de extender el sistema de cámaras en avenidas y centros comerciales.
Según las estadísticas del Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2015 las rapiñas a comercios se mantuvieron en relación a igual período del año anterior. Estos hechos, que suponen el robo o intento de sustraer algún bien por medio de la fuerza, fueron 1.566 de acuerdo a las denuncias registradas.
En tanto, los hurtos —que no involucran hechos violentos— al sector comercial disminuyeron 6,4% considerando el mismo período (5.292 en 2015 contra 5.655 en 2014).
Mientras, el último sondeo realizado por la CNCS para conocer la inseguridad que sufren los empresarios de distintos giros (agencias de viaje, barracas, casas de cambio, empresas de transporte, estaciones de servicio, tiendas de ropa y calzado, farmacias, inmobiliarias, autoservices, etc.) mostró que la mayoría fue víctima de algún delito desde que inició su actividad.
La encuesta, realizada entre febrero y mayo, detectó un incremento de delitos respecto a la efectuada el año anterior: mientras que en 2013 el 30% contestó que había sido víctima de robo, en 2014 esa proporción subió a 59,5%.
Dada la situación de inseguridad, las empresas vienen implementando más medidas de prevención. De acuerdo a la encuesta, el costo promedio anual de ese tipo de decisiones es de U$S 8.445. El costo máximo por año que relevó la CNCS fue de U$S 50.000 y el menor de U$S 86.
Industria y servicios.
Por otra parte, el sector industrial viene aumentando el presupuesto en medidas de seguridad para salvaguardar sus activos, señalaron empresas del rubro. Sin embargo, no cuantificaron el monto destinado para tal fin.
“Hay que tener mucho más cuidado. Se gasta más que antes, también en la seguridad informática, algo que no se analizaba”, dijo el gerente de Cristalpet, Álvaro Queijo. Añadió que cuando la producción cae “tiende a recortarse y limpiar el gasto” que no esté vinculado estrictamente a la actividad.
Otro empresario del rubro, Javier Carrau, director de Bodegas Carrau, recordó que la planta de Colón “no tenía ni portero, ni guardia, ni cerca electrificada, ni servicios de alarma con respuesta”. Apuntó que el gasto es importante y pesa cada vez más porque la rentabilidad del negocio se ha “achicado mucho”.
En servicios, los de logística han venido incrementando las medidas, dijeron fuentes del sector, principalmente en los predios de almacenamiento de mercadería en tránsito y depósitos.
En el rubro financiero, las instituciones dedican un presupuesto “alto” y “estandarizado” para cumplir con la regulación vigente en seguridad física, electrónica, de sistemas y de transporte de valores.
