Aunque muchas empresas llevan más de un mes inactivas o con ventas muy inferiores a lo normal, los datos que maneja el gobierno hacen pensar que la posibilidad de un corte generalizado en la cadena de pagos se logró evitar, incluso sin que se usaran en todo su potencial los instrumentos de apoyo financiero que fue desplegando. Pero las autoridades asumen que el oxígeno se va agotando, sobre todo entre las firmas de menor porte, y preparan un “pool de instrumentos” para el “día después” de la emergencia sanitaria por el Covid-19, informó a Búsqueda la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), Carmen Sánchez.
“No hemos tenido conocimiento de grandes cortes en la cadena de pagos. Hubo algún corte en sectores muy afectados, pero no es una situación preocupante. Estamos conformes. Hay que potenciar todavía más los instrumentos de acceso a la liquidez, que es como se sale de la crisis”, evaluó la jerarca.
Su análisis tiene en cuenta que la realidad es diferente según el tamaño de las firmas, los giros de actividad, entre otros aspectos.
“Hoy llevamos 40 o 50 días de baja actividad y las empresas más grandes pueden tener espalda financiera para soportarlo”, dijo. Según Sánchez, si bien cuánto tiempo podrían resistir esta situación depende de múltiples factores —como la situación previa, las estructuras de costos y las posibilidades de gestionarlos en un momento de baja actividad, el acceso a financiamiento—, estimó que no sería menos de 70 u 80 días. “El empresario no cierra ante el primer inconveniente, y si puede aguantar lo hace disminuyendo costos o buscando alternativas” para seguir operando. Así, recurrir al concurso de acreedores es una última opción; de hecho, prácticamente no hubo solicitudes desde que está vigente la emergencia sanitaria (en parte también, probablemente, por la feria judicial especial). “Es todavía pronto para ver un incremento en los concursos”, dijo, y aclaró que desde el Poder Ejecutivo se intentará evitar que se llegue a ese momento. Por eso es necesario pensar en “la vuelta a la normalidad” en la economía, ya que “después empiezan a ver problemas más grandes”.
En marzo, la Justicia levantó la feria especial para aprobar un par de concursos —de un carro de comidas y una casa de electrodomésticos— pero que venían gestionándose previo a la emergencia por el Covid-19.
“Muy distinto” es el panorama para las firmas de menor porte, a las que “una semana sin ventas o el negocio cerrado las afecta muchísimo”, comentó. Por eso es que el gobierno puso foco en este tipo de empresa al definir medidas como la postergación de pagos de impuestos y de facturas de servicios públicos, así como ciertas líneas de créditos con condiciones ventajosas.
Algunos datos del Banco de Previsión Social en conocimiento de la Ande causan cauto optimismo en sus autoridades. Sánchez se excusó de informar cifras concretas, pero resaltó como “auspicioso” que sean más las empresas que declaran “inactividad” que las “clausuras”. Eso, dijo, señala la “expectativa del microempresario de retomar la actividad” en un futuro cercano, y mientras tanto precisa no seguir ocasionando deudas con el organismo previsional.
Los instrumentos de apoyo financiero canalizados desde la propia Ande —algunos mejorados en sus condiciones y otros nuevos—, anunciados después de la crisis por el Covid-19 y que buscan evitar una interrupción en la cadena de pagos, están contribuyendo a sobrellevar los problemas derivados de la baja actividad. Pero la demanda empezó siendo baja y recién en la última semana se intensificó.
Instrumentos de liquidez
Uno de los instrumentos nuevos es el programa de crédito “dirigido” a micro, pequeñas y medianas firmas con dificultades financieras en el marco de la emergencia sanitaria.
Con datos que hasta el martes 5 acumulaban 856 de estos préstamos otorgados por $ 151 millones (unos US$ 3,5 millones), la jerarca destacó que la demanda es buena, según además la percepción transmitida desde las instituciones de microfinanzas, que son las que otorgan el dinero. Las entidades adheridas son República Microfinanzas, Fundasol, Fedu, Cintepa, Comayc, IPRU y Coopace.
Añadió que se está viendo interés en “todo el país”, y no solo en Montevideo, lo cual según dijo era una preocupación para el equipo económico.
Este crédito “dirigido” para capital de trabajo es por hasta $ 150.000 o 100.000 unidades indexadas (UI) a la inflación, con tasas de interés —subsidiadas por la Ande— de 17% y 2,5%, y plazos máximos de 24 y 36 meses, respectivamente. Con el propósito de refinanciar deudas, la empresa puede pedir también hasta 100.000 UI pero a pagar en 48 meses, a un interés de 5%. Son “condiciones muy buenas, aun en comparación con el sistema bancario”, resaltó. Para Sánchez, se trata de un “instrumento muy valioso” para las empresas.
La mayor parte del dinero prestado bajo esta línea hasta el martes ($ 140,3 millones) estaba direccionado a capital de trabajo y los restantes $ 10,7 millones a refinanciar pasivos.
Informó que algunos de esos préstamos están usando el Sistema de Garantía (SiGa), que administra la propia Ande.
Desde el 6 de abril —cuando quedaron operativas nuevas condiciones que buscaron potenciar el SiGa— y hasta fin de ese mes, hubo 1.027 garantías concedidas por US$ 13,5 millones asociadas a créditos por el equivalente a US$ 18,3 millones (cobertura de 73,5%). Sánchez destacó que la mayoría de esos préstamos garantizados son en pesos y en UI, que en general (77%) están destinados a capital de trabajo y en menor medida a reestructuraciones de deudas (15%) o inversiones.
Buscando paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria, a fines de marzo el gobierno anunció una “recapitalización” del SiGa, desde en torno a US$ 10 millones u US$ 11 millones —que le permitía garantizar o “apalancar” hasta cinco veces ese monto— a aproximadamente US$ 500 millones. Con esa inyección de capital podría llegar a respaldar hasta US$ 2.500 millones en créditos. Es una cifra que está lejana. Sánchez matizó: “Hasta el 24 de abril veníamos con garantías acumuladas de US$ 4 millones, y del 23 al 30 se pasó a US$ 13 millones. Fue un crecimiento exponencial que se va a seguir dando”.
Según informó, con el Banco República y su agencia de microfinanzas (República Microfinanzas) a la cabeza, habrá “gran parte” de las instituciones bancarias y cooperativas trabajando con el instrumento”. Con aquellas que lo están usando poco, mantendrán reuniones para identificar posibles dificultades y fomentar el instrumento.
“En este momento está funcionando muy bien, tanto así que transferiremos más recursos para aumentar la garantía que puede dar este fondo”, afirmó el lunes 4 la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, al intervenir en una conferencia de prensa virtual para medios de comunicación del interior del país junto al presidente Luis Lacalle Pou.
Con recursos prestados por el Fonplata, el martes 5 quedó operativo el “seguro por cese de actividad”, un crédito de $ 12.000 al que acceden los monotributistas, contribuyentes por el Literal E, feriantes y vendedores de vía pública, entre otros. Se devuelve a partir de julio en 24 cuotas en UI con los aportes al BPS. Algo menos de 2.700 de estos préstamos fueron concedidos a través de redes de pago ese primer día.
Para contemplar también la inactividad temporal de los “monotributistas Mides” (cuidacoches, malabaristas y actores callejeros, entre otros) se previó un subsidio, no reintegrable, de $ 6.779 en abril y mayo. El martes fueron 3.150 las personas que cobraron ese dinero.
“Estamos evaluando día a día la situación y al mismo tiempo trabajando en el día después —que cada vez está más cerca—, pensando en instrumentos de fomento para volver a los niveles de actividad previos a la crisis y retomar el empleo”, resumió Sánchez. Esas acciones van por “varias líneas, tributarias, incentivos, un pool de instrumentos” que deben previamente ser bien analizadas, considerando también las “necesidades de financiamiento que implican”.
