Las entrañas del monstruo

Luego de leer las exposiciones de un reciente seminario sobre la reforma al Código del Proceso Penal (CPP), esa frase —por diferentes razones a las de Martí— volvió a mi memoria. En este caso la metáfora surge de los argumentos y advertencias de los conferencistas: el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el juez penal Luis Charles, el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) y defensor de Oficio, Bernardino Real, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, y el profesor de Derecho Procesal, Santiago Garderes.

Desde hace tres años el Poder Legislativo le da vueltas como si se tratara de una declaración de guerra. Y no es un tema nuevo. La ley 16.893 de 1997 aprobó un Código similar pero el sistema político lo pateó al “óbol” hasta que en 2002 lo anuló. Como ahora, primero los intereses del gobierno y de los partidos y, luego, los ciudadanos: víctimas, denunciantes, testigos e imputados. ¡Y se rasgan las vestiduras en nombre de la gente!

¿Que la reforma es cara porque son necesarios más jueces, fiscales, defensores de oficio y salas para juicios orales y públicos? Obvio. Pero es medular terminar con la vergüenza de que Uruguay —otrora en la vanguardia— sea el único país de Iberoamérica con un proceso penal con atavismos dictatoriales y hazmerreír de la comunidad jurídica internacional. Eso contamina las entrañas. A casi nadie le preocupa porque en apariencia funciona, como señaló Real al elogiar las reformas en Argentina, Chile y Paraguay, que no son precisamente del Primer Mundo.

La importancia del cambio la remarcó Charles: “La forma como se imparte justicia en una sociedad constituye uno de los elementos más importantes para medir la democracia”.

Nadie puede negar que el actual sistema carece de transparencia y publicidad, que se cocina entre gallos y medias noches, que fomenta el hacinamiento carcelario, que es contrario a la Constitución, que provoca escarnio social, que entre 50% y 60% de los procesados no tienen sentencia, que no hay garantías plenas de defensa y que los fiscales dependen del Poder Ejecutivo. ¿A cuántos legisladores le interesa? A poquitos. Prefieren batallitas adolescentes con los tweetts, pergeñar proyectos extraterrestres o tomarse unos vinos en el quincho de Varela.

Y eso que no hay objeciones: abogados, catedráticos, jueces, fiscales, el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia coinciden en la urgencia del cambio. Mientras, en las entrañas del monstruo, aumenta la infección sin que nadie la combata.

Un problema serio es que la investigación la hace el mismo juez que procesa y condena; le da todo servido al fiscal y con esa base este acusa en función de lo que le derivan. “Esta es la razón por la cual no hay sentencias absolutorias en Uruguay, salvo un porcentaje irrisorio” y, cuando ocurre, es porque cambió el juez, destacó Díaz.

El fiscal de Corte advirtió que con el actual sistema hay casos en los que el juez llega a “forzar la imputación delictual que hizo el fiscal” y otros en los que ilegalmente alientan a presentar una denuncia porque en determinados delitos la ley lo exige para procesar. Y Díaz aclaró que él estuvo de ese lado del mostrador.

Este espacio es escaso para reseñar las falencias y riesgos, pero en el seminario quedó clara una consecuencia grave: la superpoblación carcelaria llegará este año al récord de diez mil reclusos. Una bomba de tiempo que el próximo gobierno heredará de este, un adicto a la droga de culpar de todos los males al pasado sin someterse a tratamiento.

Garcé recordó que en 1957 el abogado Juan Carlos Patrón escribió la obra “Procesado 1.040”. Un anciano corta sin autorización la enredadera de su vecino que daba a su patio y es enviado a la cárcel. Al ser liberado, tras sufrir vejaciones entre rejas, sus amigos lo felicitan por su libertad. El anciano agradece, pero se lamenta: “Toda la vida voy a ser el procesado 1.040”. La obra sacudió la conciencia social y alertó sobre el sistema. Hace 55 años desnudó el escándalo de que hubiera más de 1.000 personas presas en Montevideo. “Hoy tendríamos que repensar la obra con el título ‘Procesado 10.040’”, ironizó Garcé.

Sería bueno volver a representarla. Sólo hay que cambiar el número del título original y elegir a los actores con un casting entre los legisladores omisos.