Las fauces del Estado

Luego de un airado debate, el poder me derrotó. Me fui con las manos vacías y demoré 20 días en obtener la copia. Ese ministro ocupó luego un cargo jerárquico desde el cual se empecinó en escamotear información de interés público y en proteger a familiares y amigos.

Hace dos semanas fui a otro tribunal a solicitar una antigua sentencia de 15 años. Una funcionaria cosía un expediente con el esmero de Penélope y luego de esperar varios minutos para ser atendido, a la distancia y remedando al personaje de la empleada pública de Gasalla, me preguntó: “¿Siiiiiiii…?”. Le expliqué mi pretensión y me advirtió que las sentencias de esa fecha no estaban en el archivo digital. Entonces —le dije— quisiera una copia del archivo en papel. ¡Qué atrevimiento el mío!

“¿Usted es abogado?”, inquirió, intuyendo que no lo era.

Le respondí que tenía un interés periodístico. “¡Ahhhh, entonces no se la podemos darrrrr!”, replicó. Molesto, le pregunté en qué normas se basaba y quién lo había dispuesto. Se sorprendió, y al no poderme responder optó por llamar a una superior. Esta me dijo que debía volver varios días después.

La sorpresiva presencia de uno de los magistrados del tribunal, que me saludó cordialmente, actuó como un bálsamo: quince minutos después me entregaron la sentencia. ¿Por qué ese ejercicio de poder, arbitrario, prepotente e indebido ante una solicitud tan sencilla y lícita? ¿Nadie instruye a los funcionarios sobre sus obligaciones y el derecho de los ciudadanos?

Estas anécdotas contrastan con la sensibilidad y gentileza de la mayoría de los funcionarios judiciales, pero no son aisladas. Se reiteran y magnifican a medida que se sube en la escala jerárquica en todas las oficinas del Estado.

La culpa no es del chancho sino de los temerosos jerarcas que le acarician el lomo, más ocupados que en cumplir sus funciones, en intercambiar chismes o promocionarse, exponiéndose, a través de las redes sociales.

Los mandos —que supervisan poco y con la mínima severidad— olvidan que en el Estado la atención al público es su cara visible ante la sociedad y que de ello depende su imagen y prestigio. Lo reflejan las encuestas de opinión.

La amabilidad, la buena disposición, y el buen modo deben ser la constante en lugar del abuso por la ignorancia del usuario. El ciudadano de a pie ingresa a las fauces del Estado desnudo y temeroso y termina masticado por quienes se sienten propietarios de las oficinas y de su información.

En algunas dependencias estatales la cosa funciona bien. Pero en otras hasta se requiere la intervención de amigos o gestores “especializados” en “aceitar los trámites”.

Los usuarios terminan apabullados y sin reacción. Olvidan o desconocen que tienen derecho a reclamar el nombre y apellido del funcionario que los desprecia y a solicitar la presencia de un jerarca para exigirle una atención de buena calidad en las “empresas” en las que el ciudadano es el principal “accionista”.

En nuestra sociedad burocrática e hiperpartidizada los ejemplos éticos, culturales y de servicio deben provenir desde las cúpulas y del gobierno.

Pero, ¿qué se puede esperar cuando en medio del turbio negocio de Pluna el presidente José Mujica ahuyenta inversores afirmando que “una empresa aérea es siempre un negocio vidrioso”?

O cuando sostiene que los medios de comunicación poco sirven para educar a la gente, como si su filosofía orillera fuera el ejemplo contrario. Hace unos días, para contribuir al naufragio cultural que encabeza, les recomendó a los estudiantes “no ir a clase al pedo”. Quizá se entrena para 2013, cuando Montevideo sea la Capital Iberoamericana de la Cultura.

¿Cómo pretender que los empleados sean diligentes si el propio gobierno fomenta el ausentismo cerrando oficinas y bancos apenas soplan vientos superiores a los habituales?

¿Se puede reclamar responsabilidad cuando —imitando el argentino marketing K— se corta la principal avenida del país para disputar partidos de fútbol callejero y el presidente les aconseja a los jugadores dejar “la falopa” mientras impulsa la producción legal de marihuana?

¿Quién le puede exigir a los funcionarios buena atención cuando estos se oponen a trabajar ocho horas en lugar de seis y defienden la “escala del burro”, para ascender por antigüedad en lugar del concurso?

Y bueno. Seguiremos soportando que los Gasalla de todas las oficinas nos desprecien impunemente. Por eso no hay que descartar que el Estado construya tribunas en 18 de Julio para el fútbol callejero, exporte marihuana o contrate al bisnieto de Sherlock Holmes para encontrar los cuadros que le robaron a la intendente de Montevideo, Ana Olivera.