Había decidido que mi segundo aporte sobre los aprendizajes a extraer de la epidemia iba a estar dedicado a los problemas en torno a las vacunas para combatir el Covid-19: el avance radical de las vacunas de la nueva generación, las perspectivas que estas abren para la investigación y puesta a punto de nuevos tratamientos para distintas enfermedades, las discrepancias acerca de la propiedad intelectual sobre esos procedimientos, los problemas de distribución a escala mundial. Sin embargo, una columna de Fernando Santullo en Búsqueda (Los incentivos y los ruidos, 13/5/2021), informaciones con respecto a distintas reacciones y disposiciones de sectores de la población (en un extremo La ruta de los pueblos cero Covid, El País, 23/5/21, en el otro, Los pastores que rechazan la vacuna contra el Covid-19 y que sostienen que la gente se está muriendo por la vacuna, El País, 23/5/2021), así como la columna de Gonzalo Ferreira en El Observador (No es la cuarentena, es el mensaje, 22 y 23/5/21) me indujeron a priorizar la manera en que algunos uruguayos, en el debate sobre las medidas para combatir la pandemia, invocan en su respaldo la autoridad de la ciencia.
Y bien, me interesa poner al descubierto una clase especial de ruidos que distorsionan nuestros intercambios en torno al manejo de la pandemia e identificar su fuente en confusiones conceptuales a esta altura inexcusables. Me refiero a ciertas intervenciones que apelan en forma tan atávica como desubicada a la autoridad de la ciencia, dando a entender que los que no están de acuerdo con sus propuestas son una variante de los terraplanistas. Por lo pronto, la versión más patética se ejemplifica en los intentos de buscar respaldo en los pronunciamientos de las “asociaciones científicas”, es decir, aquellas organizaciones de profesionales médicos que practican distintas especializaciones: gastroenterólogos, anestesistas, traumatólogos, intensivistas, etc. Resulta obvia la confusión: los profesionales médicos no son científicos ni investigadores, sino que aplican conocimientos y experiencia acumulada para atender casos particulares. Tomados por separado o como miembros de una asociación profesional, no constituyen una instancia autorizada para dilucidar cuál es la mecánica de la propagación del virus; mucho menos para seleccionar entre las distintas formas de incidir sobre la conducta de la población a fin de disminuir las oportunidades de contaminación.
En segundo lugar, los invocadores supersticiosos de la autoridad del saber científico suelen considerarlo —en una idea muy primitiva— como una especie de comunidad oracular a la cual uno interroga, recibiendo un pronunciamiento inequívoco y unánime. Y desde que se desencadenó la pandemia los dictámenes de los expertos han ido cambiando y han dado lugar a múltiples controversias. En todo caso, siempre quedarán márgenes para revisiones y nuevos enfoques. Dejo de lado como desautorizadas por los acontecimientos las opiniones de expertos muy acreditados (John Ioannidis, Pablo Goldschmidt, Yoram Lass, Johan Giesecke) que aún en mayo de 2020 calificaban las respuestas de los gobiernos como reacciones histéricas de pánico injustificado. Transcurrido un año, una consulta a 15 especialistas uruguayos sobre la evolución futura de la enfermedad en nuestro medio ha originado una amplia gama de respuestas.
Finalmente, corresponde poner bajo la lupa epistemológica a ciertas atribuciones de conexión causal que algunos expertos parecen dar por comprobadas y que son utilizadas por actores políticos para introducir en el debate público aquellos “ruidos” que refiere Santullo. Me refiero a la pretensión de establecer una correlación estricta entre la tasa de movilidad de la población uruguaya (medida por el rastreo de los celulares) y la tasa de contagios.
La conexión causal queda en el aire, ya que faltan varios eslabones intermedios, de los que no tenemos datos. Los indicadores de movilidad no nos permiten saber si la población que se desplaza o está confinada mantiene distancias o se aglomera, si usa barbijo o no, si se reúne en lugares cerrados y sin ventilación o no. Por otra parte, lejos de ser un conjunto uniforme, la población está compuesta por distintos sectores en función de sus actividades, lugares de residencia, niveles educativos, posición económica, mensajes y controles sociales intragrupales a los que están expuestos, niveles de percepción y de evaluación del riesgo, disposiciones a confiar y otorgar legitimidad a las indicaciones de las autoridades.
Por desgracia, la “pata de ciencias del comportamiento” del GACH fue incorporada recién a fines de 2020, por lo que no disponemos de la base de datos que sería necesaria para determinar si la población uruguaya ha ido “aflojando” sus precauciones y disciplinas. Por lo mismo, ¿qué validez epistémica cabe otorgar a los diagnósticos que atribuyen el incremento de los casos a partir de febrero a la introducción de la cepa de Manaos, o bien al aumento de la movilidad de la población y a la permisividad del gobierno? Si nadie puede ser terminante en ese terreno de los diagnósticos, ¿no habrá llegado la hora de que todos, desde los científicos hasta los ciudadanos de a pie, pasando por los dirigentes políticos, nos llamemos recíprocamente a ser más humildes y parsimoniosos en nuestras conclusiones, dejando de lado los “ruidos” y los intercambios de reproches y de condenas apresuradas?
Para reforzar mi argumento esbozaré un experimento mental contra-fáctico y, luego, brindaré ejemplos que confirman hasta qué punto los intercambios de señales y controles intragrupales inciden sobre las disciplinas y precauciones asumidas y parecen traducirse en tasas muy diferentes de contagio. Simplificando las cosas, cuando una comunidad está expuesta a un virus en circulación, dispone de dos grandes recursos para incidir sobre las actividades y disposiciones de su población.
En un extremo, se impone la suspensión temporal de actividades que supongan la presencia cercana de los involucrados, admitiendo aquellas consideradas esenciales, para las que se adoptan las máximas precauciones. Esta opción tiene la ventaja de emitir una señal insoslayable, introduciendo una ruptura en los hábitos y formas de vida de la población y operando como recordatorio permanente de que hay un enemigo que nos está sitiando, dejándonos sin margen para continuar con nuestros asuntos. Como flanco vulnerable, juega todas sus cartas a la capacidad de ejercer coerción vertical y centralizada sobre cada integrante de la población, siendo eficaz solo si tiene poder para amedrentar a quien esté tentado a desacatar. No puede apelar a los controles y disciplinas que ejercen los grupos organizados para vigilar el cumplimiento de las precauciones individuales y colectivas. Entonces alcanza con que un reducido porcentaje de la población insista en desplazamientos y reuniones para que los sacrificios del resto sean inútiles y el virus siga circulando, en la medida que los incumplidores lo propagan en su núcleo familiar.
En el extremo opuesto, se otorgan autorizaciones discriminadas para aquellas actividades colectivas en las que resulte viable y oportuno imponer protocolos sanitarios, así como controles de su cumplimiento, estableciendo sanciones para quienes se desvían. Esta opción tiene la ventaja de poder recurrir a diversas fuentes de señales y controles disciplinarios. No se priva de aplicar su capacidad de ejercer coerción, pero recluta la colaboración de los protagonistas de las actividades protocolizadas y abiertas a la inspección pública. Su desventaja radica en que habilita una mayor movilidad de la población y crea un conjunto de zonas grises, en las que los recaudos inmunizatorios no se cumplen en todos sus alcances. Como contrapartida, mantiene y refuerza los vínculos entre quienes comparten actividades, renueva las oportunidades de intercambiar señales y llamados de atención, confirma y respalda a cada ciudadano como integrante de un nosotros que establece cuidados y controles recíprocos, a la que vez que tonifica las reservas disponibles de lealtades cívicas.
Las comunidades han recorrido trayectorias diferentes en su acumulación de recursos y capacidades para enfrentar coyunturas extremas: fortalezas económico-financieras, sistemas de salud bien organizados, instituciones políticas legitimadas, agencias represivas respetuosas y respetadas, lealtades cívicas, controles sociales que responden cuando se los requiere. Frente a similares terremotos los japoneses acudieron a ayudar a las víctimas, mientras que en Chile se multiplicaron los saqueos de edificios derruidos. Nueva Zelanda es una isla y le resulta relativamente sencillo controlar la entrada de viajeros. Alemania tiene un sistema de salud mucho mejor organizado que el de Estados Unidos, lo que no impidió que en sus residenciales geriátricos se alcanzara una tasa de mortalidad mucho mayor que en los nuestros.
Todo indica que no disponemos de una estrategia aplicable en todos los casos, a la cual se pueda apostar confiando en que será acatada por toda la población. Por otra parte, hay múltiples variantes en las que pueden combinarse medidas de confinamiento con medidas de habilitación protocolizada. No hay que permitir el terrorismo desatado en nombre de la verdad única, que condena como genocidas insensibles a quienes no se alinean. Si estuviera obligado a pronunciarme para el caso uruguayo, tendría que empezar por reconocer que no dispongo de información precisa —y no creo que se hayan realizado las investigaciones pertinentes— con respecto a cómo han evolucionado en este año y medio las conductas y disposiciones de la población. En último término me inclinaría, sin fanatismo ni pretensión de certeza, por una solución intermedia que encuentra más motivos de temor en las juntadas de niños y jóvenes en las plazas y baldíos y en las aglomeraciones clandestinas por esparcimiento o para practicar cultos religiosos que en la concurrencia organizada y vigilada a escuelas, liceos, restoranes y comercios. Es el experimento contra-fáctico que propongo asumir: se trata de elegir entre exponernos al riesgo de que una minoría muy difícil de controlar viole calladamente el confinamiento impuesto, por un lado; por el otro, exponernos al riesgo de se incumplan públicamente los protocolos dictados para las actividades habilitadas.
A los efectos del experimento, asumimos como punto de partida la tasa de movilidad registrada por las redes de telefonía en los períodos anteriores a la pandemia y le asignamos el número 100 (con conciencia de que la movilidad cambia a lo largo del año). Consideremos la propuesta de un cierre temporal de actividades no esenciales que duraría tres o cuatro semanas, acompañado de una consigna de confinamiento: se pide no salir de casa salvo por razones inaplazables y no tener interacciones prolongadas con personas ajenas al núcleo familiar. A tal escenario le asigno arbitrariamente una tasa de movilidad del 25%. A continuación, establezco un escenario alternativo en el que se autorizan selectiva y gradualmente actividades previamente analizadas para las que se exige el cumplimiento de protocolos. Dado que la participación en ellas obliga a la población involucrada a trasladarse, aumenta la tasa de movilidad registrada, situándose entre el 50% y el 60%.
A primera vista, el cierre temporal debería impactar significativamente en la circulación del virus y, por ende, en el número de contagios. Sin embargo, como vimos, la movilidad es un indicador poco confiable, ya que para que los desplazamientos aumenten los contagios deben intervenir eslabones intermedios: contactos con otras personas con cierta duración, acortamiento de las distancias por debajo de un mínimo, lugares cerrados y mal ventilados, etc. Algunos pueden viajar cientos de kilómetros y contribuir a elevar el indicador de movilidad sin que sus desplazamientos den lugar a contagios. En cambio, en un reciente brote en un convento de Las Piedras, 83 personas dieron positivo a partir del desplazamiento de una o dos. Entonces la clave reside en cómo establecer una barrera eficaz contra las conductas propagadoras del virus de ese porcentaje de desertores difícil de calcular: los asados de 15 o más personas, las fiestas clandestinas, las reuniones religiosas con personas de distintas procedencias, las idas a ciudades fronterizas para hacer compras, todo ello sin guardar distancias, ni usar barbijo ni lavarse las manos al volver.
De haberse incorporado antes al GACH el grupo de especialistas en ciencias del comportamiento, sus contribuciones podrían haber servido para orientar las campañas y la forma de incidir sobre los distintos grupos. Sus indagaciones sistemáticas nos hubieran permitido sacar conclusiones de algunos episodios. Hasta el domingo pasado nadie había llamado la atención sobre los pueblos con cero casos de Covid (todos en Salto, departamento con el mayor índice de contagios); nadie había indagado en cómo se habían organizado sus habitantes para interponer defensas eficaces y quiénes habían asumido la responsabilidad de orientar los cuidados. Antes que alguien explique ese desempeño por la baja densidad y el aislamiento de estos pueblos, conviene señalar que muchos de sus residentes se desplazan todas las semanas hacia los predios rurales distantes en los que trabajan y de los que retornan los fines de semana, por lo que la movilidad y los contactos con otros núcleos poblacionales los obliga a adoptar medidas de aislamiento al ingresar a sus viviendas. Bastó la diligencia y la curiosidad de una periodista —Delfina Milder— para descubrir fuentes de recursos que no han sido plenamente aprovechadas: las enfermeras y las maestras, presentes en los lugares más apartados y menos poblados, conviviendo gran parte de la semana con los residentes. Fue preciso que una enfermera de Paso Cementerio —Norma Fontoura— convenciera a los jóvenes del pueblo de suspender sus partidos de fútbol nocturnos, en los que jugaban con jóvenes de poblados vecinos. Los agentes policiales son otra fuente de recursos públicos —también presente en todo el país— a la que podría apelarse para acompañar y encuadrar la capacidad organizativa de la población para cuidarse y estimularse recíprocamente.
Esos mismos asesores podrían haber detectado el impacto perverso de ciertos grupos religiosos, empeñados en organizar excursiones interdepartamentales que facilitan los contagios o en deslegitimar el mensaje de las autoridades sanitarias, así como haber sugerido formas diversas de contrarrestarlos y sancionarlos.
Las consideraciones que he desarrollado apuntan a justificar un llamado a la humildad, la sinceridad y el sentido común. Una convocatoria a que todos, desde los gobernantes y dirigentes políticos, pasando por los científicos que asesoran a los gobiernos —y a los que siempre estaremos agradecidos por su contribución— hasta abarcar a cada uno de los ciudadanos, nos animemos a admitir públicamente nuestras incertidumbres y a reconocer nuestras previsiones erradas, para estar dispuestos a revisar nuestras apuestas y conclusiones a la luz de los elementos de juicio que otros puedan aportarnos, asumiendo que nos movemos en un territorio inexplorado y en el que todos los días aprendemos algo nuevo.
Carlos Pareja
CI 575.187-6
