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Al momento de las preguntas en la charla del miércoles 10, organizada por el Comité Nacional de Inclusión Financiera de Paraguay, los expositores Fernando Lorenzo, Gustavo Viñales y Álvaro Ons señalaron algunas lecciones de la experiencia uruguaya.
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Respecto a la institucionalidad que debe impulsar este tipo de reformas, Lorenzo aconsejó buscar “soluciones nacionales. Tratar de copiar o adaptar mecánicamente en materia de gobernanza sería un error” por las diferencias de mercado existentes. Pero —enfatizó— en cualquier caso debe existir “liderazgo” desde el sector público.
Mientras que en Uruguay el programa de inclusión financiera fue liderado por el Ministerio de Economía, en Paraguay está a cargo de un comité integrado por Hacienda, el Banco Central, la Secretaría de Planificación y un órgano regulador de las cooperativas.
El exministro también recomendó tener diálogo con distintos actores antes de enviar el proyecto de inclusión al Congreso. “La instancia parlamentaria es muy importante”, porque allí se “liman” resistencias, dijo.
Una pregunta ahondó en esa cuestión para el caso uruguayo. Viñales aseguró que “lo más friccional o lo que generó más ruido estuvo vinculado con operaciones con el lavado y el financiamiento del terrorismo”. Para él, en el “ámbito del uso corriente, de las grandes mayorías, de los trabajadores y las empresas, la principal ganancia para ambos fueron las mejoras de eficiencia” y el acceso a servicios a costo “cero” en ciertos casos, o subsidiados. “Ahí hubo fricciones, pero fueron aparentes”, acotó. Explicó que la inclusión financiera en Uruguay no fue obligatoria en el pago de consumos o para los comercios, aunque sí les prohibió “premiar” con una rebaja en el precio por abonar en efectivo. “Eso se consolidó, porque la gente es la que tenía el instrumento de pago electrónico, y si había diferencia, podía denunciarlo”, comentó. E insistió: lo que “generó más ruido está en un nivel que no alcanza a las grandes mayorías de empresas y personas”.
Lorenzo respondió otra consulta referida a los incentivos que debería tener la inclusión financiera en Paraguay. Sugirió enfocarlos en “simplificar y abaratar los instrumentos” transaccionales. Y recomendó “tener mucho cuidado en creer que hay aspectos culturales como inmutables, que no se cambian con incentivos (…). No hay nada en el ser uruguayo o el ser paraguayo que no cambie” si se explicitan las ventajas monetarias y en tiempos. “La agilidad es absolutamente clave para que valoren la inclusión financiera”, subrayó.
Por otro lado, Viñales mencionó como un problema que enfrentó el programa de inclusión financiera en Uruguay al inicio —y, a su entender, que seguramente Paraguay también lo padecerá— su llegada al “interior rural”. Aconsejó, para esas zonas, disponer “mecanismos específicos” y ser “más flexibles con los tiempos para que la ley alcance. No quiere decir que después esos sectores adopten esos mismos cambios culturales que en la ciudad”, porque “si están claros los incentivos esa gente los adopta”.
Ons, por último, recomendó explicar con claridad al sector empresarial los beneficios de la inclusión, y que por un lado está lo que implica la formalización “pero por otro está la reducción de costos”.
