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    Las mujeres uruguayas están en “desventaja” para acceder a los beneficios de la protección social, dice investigación del PNUD

    El sistema uruguayo de protección social tiene las mejores evaluaciones comparado con otros países de América Latina. Mientras en la mayoría de la región la afiliación a la seguridad social no llega a la mitad, en Uruguay está cerca del 70%. En cuanto al acceso a la jubilación, el promedio en América Latina es del 40%, mientras que en Uruguay es del 85%. A esto se suma un bajo índice de pobreza y una amplia cobertura sanitaria y educativa.

    Sin embargo, esos números esconden problemas de desigualdad de género. En Uruguay, las mujeres “se encuentran en desventaja para acceder a los beneficios que la protección social otorga”, lo que genera que tengan menos posibilidades para “desarrollar sus capacidades”, afirman las investigadoras Cecilia Rossel, Soledad Salvador y Lucía Monteiro, en el trabajo “Protección social y género en Uruguay: avances y desafíos”, que será presentado hoy jueves por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    Rossel explicó que “los frutos del crecimiento se distribuyen de manera desi­gual”. Las investigadoras entienden que el perfil de la población ha cambiado pero no así el sistema, que sigue armado a partir del hombre como el “proveedor” de la familia.

    “Así como es posible hablar de una división sexual del trabajo, es posible hablar de una división sexual de la protección social y el bienestar”, dicen las autoras en el documento.

    Por ejemplo, las mujeres uruguayas están “en enorme desventaja respecto a los hombres en términos de afiliación a la seguridad social”, lo que “es un reflejo de las desigualdades de género en los mercados laborales: las mayores tasas de inactividad, desempleo e informalidad entre las mujeres contribuyen negativamente a consolidar su vínculo con la seguridad social”. La participación laboral femenina pasó de 41% en 1986 a 55% en 2013, pero está lejos del nivel de participación de los hombres, arriba del 70%.

    La desventaja que sufren las mujeres no las afecta a todas por igual: las mujeres más pobres presentan mayores problemas de cobertura.

    Vejez.

    El sistema de protección social uruguayo presenta también “sesgos importantes” en la vejez. “La pauta histórica de predominio masculino en las jubilaciones no se ha modificado significativamente”, afirman las autoras.

    Si bien la brecha en la cobertura de jubilaciones de hombres y mujeres se redujo en la última década, esto ocurre “en buena medida por el aumento relativo del acceso de las mujeres de mayores ingresos a las jubilaciones y no por una mejora extendida en mujeres de todos los sectores sociales. El acceso de las mujeres más pobres a la jubilación no se ha modificado en las últimas décadas. Como resultado, el acceso a las jubilaciones entre las mujeres hoy es más desigual que diez años atrás”.

    Además, se observan brechas entre lo que ganan por jubilación hombres y mujeres. Las segundas perciben aproximadamente 70% de lo que reciben los primeros. Estos números “no se han modificado significativamente” en la última década.

    En el documento las investigadoras analizan la asistencia a los sectores con más bajos ingresos. Señalan que los esfuerzos en este tema, aunque “insuficientes”, son un elemento clave para “compensar las desigualdades que se derivan del modelo contributivo y la reproducción que en él se da de los sesgos de género en los mercados laborales”.

    El programa Asignaciones Familiares-Plan de Equidad, por ejemplo, es una “de las medidas fundamentales para ir al encuentro de las necesidades de mujeres pobres con hijos pequeños, sin ingresos o con inserciones laborales precarias”. Una de las apuestas ha sido designar a las mujeres como las receptoras del beneficio, lo que “busca contribuir a su mayor autonomía económica”.

    Las autoras hacen algunas recomendaciones para aplicar políticas que modifiquen la desigualdad detectada. Una de ellas es que se debería “apoyar firmemente el desarrollo de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva la igualdad entre los sexos, a la vez que redistribuya la carga del cuidado entre las familias, la comunidad, el sector privado y el Estado. El desarrollo de este sistema colaboraría a la formalización del empleo en el sector de los cuidados”.

    También plantean continuar generando estímulos al empleo formal y revisar los requisitos de acceso a las pensiones no contributivas para que personas con “claras desventajas en su inserción laboral no vean reducidas sus oportunidades de desarrollo personal”.

    Otra recomendación es promover la “nivelación de los beneficios de maternidad, paternidad y parentales entre las y los beneficiarios de las distintas cajas de afiliados a la seguridad social”.

    Proponen, además, buscar mecanismos para “estimular el acceso al empleo formal de las mujeres beneficiarias de las Asignaciones Familiares-Plan de Equidad, a fin de que no se transmitan los patrones de desventaja social entre madres, padres e hijos”.