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“Ciervo de Dios predicador del evangelio de Jesucristo en radio felicidad”, dice la descripción laboral en el perfil de Facebook de Victor Hugo Acosta Lescano, el periodista de Paysandú que durante la conferencia de prensa por la pandemia de Covid-19 le preguntó al presidente qué piensa hacer por los “10.000 niños que no nacen”. Aunque Lacalle Pou aclara enseguida que corresponde responder esa pregunta desde su investidura de presidente, pasa inmediatamente a responderla desde el punto de vista personal y como legislador, algo que parece fuera de lugar, más aún por el contexto en el que el intercambio estaba teniendo lugar. Las decisiones sobre salud reproductiva no deberían confundirse con las opiniones personales de quien detenta el poder, aunque, por supuesto, no es la primera vez que un presidente traspasa esos límites.
“Un niño que no ha nacido tiene derechos”, dice Luis. Sin embargo, como expresa Lilián Abracinskas (especialista en temas de salud sexual y reproductiva y directora de MYSU): “Ni en la constitución ni en el marco jurídico que nos rige existe el sujeto ‘niño no nacido’. El que nace es bebé y el que no nació es un óbito fetal. La ley lo registra civilmente 24 horas después de nacido vivo”. Así, el lenguaje que decide utilizar el presidente puede pecar de inexacto, pero para nada es inocente. Es un lenguaje alineado con los discursos antiaborto con los que se identifica él y con los que identifica a todo su gabinete.
La elección del término “provida” es en sí misma generadora de conflicto, porque de alguna manera implica que quienes están a favor del aborto legal no están entonces “a favor de la vida”. Adjudicarse la exclusividad de la defensa de la vida parece un tanto irrespetuoso hacia el 92% de la población que en el año 2013 no apoyó la consulta popular para habilitar a un referéndum que derogaría la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Vale recordar que en aquella oportunidad la consulta fue promovida por un sector del Partido Nacional y contó con el apoyo de las principales figuras de todos los partidos políticos, siendo Julio María Sanguinetti el único expresidente que no apoyaba la convocatoria, además del entonces mandatario José Mujica. Esto evidencia que la defensa a la despenalización del aborto no se trata en Uruguay de un asunto partidario, se trata precisamente de un apoyo “a pesar” de lo partidario, lo que lo convierte en un mensaje aún más fuerte.
Sin embargo, la insistencia de Lacalle Pou en autodenominarse provida lo acerca a los discursos conservadores de los grupos “provida y profamilia”: sectores posicionados no solo en contra del aborto, sino también en contra de los derechos de lesbianas, gais, trans, bisexuales o intersexuales (LGTBI) y, en los casos más extremos, en contra de ciertos métodos anticonceptivos. Mientras que por un lado las palabras del presidente parecen dar garantías de un compromiso hacia “la educación sexual y la masificación de métodos anticonceptivos”, son estos mismos grupos con los que se identifica, al pronunciarse provida, los que por ejemplo vienen desde hace años trabajando para eliminar la educación sexual en las escuelas (como la organización Con mis Hijos no te Metas, o algunos sectores evangélicos y católicos conservadores).
En un momento con tantos temas “urgentes” por delante para debatir, no parece conveniente volver a introducir en el debate público un tema ya saldado por la sociedad uruguaya. A menos que la intención sea volver a abrirle la puerta a posturas regresivas que solo desean desestabilizar los derechos que mujeres y colectivos LGTBI han alcanzado tras tantos años de lucha. Si es así, todas esas niñas y niños que aún no han nacido seguramente se van a encontrar con un país que les dará menos libertades y que decidirá sobre sus cuerpos, su sexualidad y sus deseos en nombre de la moral.
