Las palabras y los hechos

Desde el 23/1/22, en que surgió la noticia de una denuncia por “violación grupal” o “violación en manada”, hecho que conmocionó a toda la sociedad, se produjeron diversas reacciones sociales y en los medios de comunicación. Casi inmediatamente de conocerse la noticia, los colectivos feministas organizaron una manifestación bajo la consigna de que “arda todo” y —como en otras oportunidades— la sensación que quedó en la opinión pública fue que estábamos ante un hecho gravísimo, por las características y circunstancias denunciadas. Fue así que la prensa en general y por supuesto las redes sociales “ardieron” como la marcha llevada a cabo, dando por ciertos todos y cada uno de los hechos denunciados. En estos, habrían intervenido, además de la denunciante, tres o cuatro hombres. Hasta aquí la primera versión de los hechos. Comienzan entonces las versiones que matizan y agregan circunstancias: entre los hombres había un menor, el examen médico a que fue sometida la denunciante determinó la existencia de heridas, demostrativas de que en los hechos denunciados estuvo presente la violencia física. En cuanto al examen genital, primero se afirmó que existió violación, luego se matizó dicha afirmación y días después, en un controvertido programa radial, se dieron a conocer audios que ponían en duda una parte de la versión de la denunciante. Concretamente, además de la denunciante, estuvieron presentes tres mayores de edad y un menor. La polémica acerca de si los audios debieron o no hacerse públicos y si ello configuró delito dieron lugar a muchísimas opiniones, técnicas, periodísticas, populares etc. Lo real es que a su tiempo la Fiscalía “formalizó” a los tres mayores de entre 18 y 20 años por “abuso sexual especialmente agravado” y a uno de ellos por el delito previsto en el art. 92 de la Ley 19.580, que penaliza la difusión de material de contenido sexual sin el consentimiento de quien protagoniza los hechos. Sin embargo, en muchos medios de prensa, se siguió hablando del caso de “violación grupal” o “violación en manada”, acicateando así la idea abominable de un ataque colectivo contra una mujer. Pero si la radicalización (en ambos extremos) respecto del papel en la mujer en la sociedad, el patriarcado, los estereotipos de género, el idioma inclusivo y cuánto pueda fogonear una de las tantas “grietas” (que con mayor o menor intensidad existen indudablemente en la opinión pública) se vio acrecentada por el episodio que se analiza, luego de una primera intervención judicial y luego de la difusión de audios que desmentían parcialmente la primera versión de la denunciante, la continuación de la invocación del caso como de “violación grupal” no solo falsea la realidad, sino que cristaliza un hecho que no tuvo la entidad que le adjudicó la denunciante y genera hacia el futuro la idea de que el hecho aberrante realmente ocurrió. En la prensa oral y escrita se pueden citar muchos puntos de vista. Así el portal Perfil, luego de titular que el presidente Lacalle se había pronunciado terminantemente sobre el hecho, transcribe la declaración de la Fiscal actuante en estos términos: “Por su lado, la fiscal del caso, Sylvia Lovesio, explicó a El País: ‘La víctima en este momento está siendo asistida por una psicóloga de la Unidad de Víctimas y Testigos y lo que me decía es que, a menos de 48 horas de haber sido brutalmente abusada, no estaba en condiciones de declarar. Le tengo que dar su tiempo y su espacio para que pueda contar lo que vivió’”. Como se ve, la Fiscalía ya usó la expresión “brutalmente abusada”, lo que condice con la tipificación primaria que hiciera luego en la formalización de los involucrados.