CI 1.851.993-6
El Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay ve con enorme preocupación el proyecto de ley sobre las “Residencias Médicas” enviado al Parlamento el 23 de enero pasado.
Por primera vez desde el gran adelanto que significó para la medicina nacional la creación de las residencias médicas por la ley 15.372, todos los aspectos de su gerenciamiento son entregados al Poder Ejecutivo (administrativos y técnicos, aunque se afirme en dicho proyecto lo contrario y se intente desmentir), de modo que las principales decisiones de algo estrictamente técnico se proyecta que dejen de tomarse por los únicos organismos capacitados y por otra parte obligados a hacerlo; esto es, las facultades de Medicina.
De la sola lectura de la “Exposición de Motivos” no quedan dudas sobre las intenciones del proyecto, que sin haberse realizado un estudio serio atendiendo a las experiencias del resto del mundo, intenta eludir las responsabilidades de una deficiente administración y gerenciamiento del actual sistema sanitario, afirmando, por cierto que bien falsamente, que existe una “situación crítica de las distintas especialidades médicas” y una “mayor demanda de recursos calificados en cantidad y calidad suficientes para cubrir las necesidades del sistema, cuya determinación sólo puede realizarse desde el rol de rectoría que ejerce el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública ” (destacados nuestros). Y si quedara alguna duda se dice allí que este proyecto “tiene —entre otros objetivos— reposicionar al Ministerio de Salud Pública dentro de la dirección del Sistema Nacional de Residencias Médicas”.
En realidad, casi todas las dificultades verdaderamente existentes son generadas por dicha incapacidad gerencial y sin duda se manifiestan en su inmensa mayoría en ASSE, y en nada se resolverían con este proyecto.
Algunas pocas cifras ya demuestran irrefutablemente el grueso error de esta Exposición de Motivos. En efecto, gracias a la excelente gestión de la Comisión Técnica de las Residencias (la actual, borrada en este proyecto de un plumazo y sustituida por otra bajo control político), en los últimos 7 años se duplicaron la especialidades a las que se accede por Residencias, pasando de 25 a 50, y también se duplicó el número de Residentes, de 500 a 1.000, en tanto el Censo Nacional demostró un crecimiento nulo de la población.
Y lo allí expresado sobre la cantidad de especialistas es aún más inconsistente y falso si se considera que en cantidad de médicos en relación a la población Uruguay se ubica en el lugar 17° en el mundo y 2° en América (3,74 médicos/1.000 hab.), absolutamente mejor que casi todos los países desarrollados (Francia 3,50, Alemania 3,53, Italia 3,49, España 3,65, Japón 2,14, Dinamarca 3,41, Inglaterra 3,62, EEUU 2,42, etc. “Human Resources for Health 2011”).
Y aparte, ¿más especialistas? ¿Cuántos lograrán vivir de su profesión? No es ético engañar a los jóvenes formando más profesionales de los que se necesitan y pueden trabajar. Empleando una ya famosa afirmación, en este proyecto “lo político predomina sobre lo técnico”.
A pesar de su confusa redacción, queda claro que el Poder Ejecutivo no cree ni confía en la capacidad de autogestión de nuestra Universidad y ésta —que llamativamente aún no ha mencionado ni una sola objeción a esta increíble intromisión— cede resignada o graciosamente a éste, y a los futuros poderes ejecutivos, su autonomía que es técnica y administrativa. Los universitarios deberíamos definir como inadmisible este intento de intromisión política en la autonomía. ¿O ahora tendremos que concluir que las heroicas luchas por nuestra autonomía universitaria eran equivocadas y que la gestión universitaria debe ser ejercida por el Poder Ejecutivo?
También esta Exposición de Motivos falsea la realidad e intenciones, cuando afirma que sustituyendo la actual Comisión por un “Consejo Nacional de Residencias Médicas” “respeta la composición actual en cuanto a representación de los distintos estamentos involucrados”. Claramente eso no es verdad, puesto que desaparecen los representantes de las instituciones prestadoras de salud no estatales, el representante del Hospital de Clínicas y también como titular el representante de las instituciones privadas de enseñanza habilitadas, eliminándose así un 42% (3 en 7) de sus integrantes. En cambio, en la actual comisión el Poder Ejecutivo no es mayoría. En el proyecto se aumentan a dos los representantes del MSP, uno presidente, con doble voto, más el de ASSE, los que suman ¡4 votos en 7! Y téngase presente que algunas potestades de este proyectado “Consejo” son la creación, duración, distribución y redistribución de los Residentes, y aprobación de su número que será propuesto por el propio Ministerio de Salud Pública.
Pero aún mayor preocupación genera todavía la cuestión de la calidad técnica que deben tener los especialistas, pues es nuestra principal misión proteger la salud de la población y la calidad y dignidad de nuestro trabajo profesional. Y es muy claro que este proyecto quita la formación profesional de su ámbito natural, que son las estructuras académicas (en nuestro medio las facultades de Medicina). De acuerdo al proyecto los especialistas se formarían en cualquier ámbito sanitario, y formados por cualquier profesional, sin las exigencias que la propia Facultad de Medicina requiere a sus docentes: concursos, publicaciones, monografías, tesis, cursos de perfeccionamiento, congresos, en fin, toda una larga y difícil carrera docente. Basta que cualquier institución y/o profesional cumpla requisitos mínimos que pueda llegar a aprobar la Escuela de Graduados, para que se intente formar especialistas sin que exista para respaldarlo una estructura docente acreditada con todo lo que ella conlleva en recursos humanos y materiales. No podemos permitir que descienda el nivel en la calidad de nuestra profesión, porque de ello depende la salud de la comunidad.
Por otra parte, el exceso de especialistas lleva a que cada uno realice un número menor de los actos que son necesarios para mantenerse mínimamente entrenado y, también, corrientes migratorias al exterior como las que tuvieron lugar a fines de la pasada década. Existen no sólo números internacionales de cantidad de médicos necesarios por cantidad de población, sino también de especialistas por número de habitantes, y no ha habido un análisis de los mismos confrontándolos con nuestra realidad que demuestre que los mismos faltan.
Además, es también parte del cuidado de la calidad de su formación técnica el que los Residentes reciban una remuneración siquiera un poco más acorde a la alta dedicación que se les exige y que les permita cubrir las mínimas necesidades personales y/o familiares. En nada se apoya así su radicación en el interior, y nada dice el proyecto de ley para resolver esto.
Y, como remate, se quita a ASSE la obligación de abonar esos pobres sueldos de Residentes y Jefe de Residentes, los que deberán pagar las “instituciones formadoras”; asimismo, se impide que otras facultades habilitadas puedan llegar a tener sus propios Residentes.
Creemos, con total honestidad y preocupación, que la aprobación de este proyecto como está, además de violar la autonomía universitaria, implicaría un alarmante retroceso de la medicina nacional y terminaría poniendo en muy serio riesgo la salud de la población.
Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (S.A.Q.); Sociedad de Anestesiología del Uruguay; Sociedad de Ginecotocología del Uruguay; Sociedad de Cirugía Vascuelar y Endovascular del Uruguay; Sociedad Uruguaya de Neurocirugía; Sociedad de Cirugía del Uruguay; Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica; Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay; Asociación de Oftalmólogos del Uruguay; Sociedad de Cirugía Plástica del Uruguay; Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay; Sociedad Uruguaya de Urología; Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva; Sociedad Uruguaya de Cirugía Cardíaca y Perfusión; Sociedad de Cirujanos de Tórax del Uruguay
