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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáHechos acontecidos en el Palacio Legislativo el pasado 21 de marzo han motivado las siguientes reflexiones que, a modo de paradojas, expongo y solicito quiera usted publicar.
Paradoja 1. Una vez terminada la reunión pública realizada en el Palacio Legislativo en la fecha referida y organizada por parte del Poder Ejecutivo para dar estricto cumplimiento a directivas emanadas de la CIDH, en rueda de prensa el Sr. Juan Gelman efectuó la siguiente afirmación: “Hemos asistido hoy a una especie de paradoja histórica; el presidente de la República, víctima de la dictadura militar, tuvo que reconocer en nombre del Estado, por supuesto, no del gobierno y menos de este, la responsabilidad de sus victimarios. Para eso hace falta coraje moral”.
Sin embargo, para quien suscribe, la genuina paradoja es que, casualmente, quien se levantó en armas para voltear, destruir y evidentemente sustituir un sistema de gobierno democrático, republicano, representativo y liberal, hoy, por tal extraordinario vaivén político brindado por ese mismo sistema —otrora sobreviviente de tan feroz arremetida subversiva iniciada en los años 60— pueda representar legítimamente a este Estado, defensor de idéntico sistema político entonces por él atacado, en un acto público de “reconocimiento de responsabilidades” ordenado y digitado desde el exterior, que contiene además dudosos indicios de legalidad jurídica como muchos conspicuos entendidos en la materia hoy afirman. Bienvenida sea entonces esta genuina paradoja.
Por otra parte, me permito señalar que el verdadero coraje moral lo otorga y ordena la sagrada Constitución de nuestra República.
Paradoja 2. Si fuera político y, mejor aún, senador o diputado, y me hubiera encontrado presente en el hemiciclo de la Cámara de Representantes ese mismo 21 de marzo, estoy convencido de que me habría preguntado: “¿Qué estoy haciendo yo aquí?”.
Lo citado está lejos de pretender una ironía; en efecto, esta autosugestión buscaría encontrar alguna explicación —antes que respuesta— a la presencia de 23 de un total de 62 (Búsqueda, Nº 1.655) legisladores de los partidos tradicionales en esa sala parlamentaria.
Es que, a pesar de algunos haber preanunciado su concurrencia, observarlos en el recinto avalando en todos sus términos la lectura de un escrito oficial elaborado por el Poder Ejecutivo en el que se reconocía la responsabilidad del Estado por el caso Gelman resultó, al menos para mí, muy chocante. Al ver las imágenes televisivas recordé enseguida todas las instancias previas ocurridas a lo largo de un extenso como sinuoso y solapado itinerario político oficial, que condujeron con persistente fórceps hacia esta “celebrada jornada”. Para no reiterar detalles consignados en la prensa del momento, solo citaré la fecha del 27 de octubre de 2011, en la que por Ley Nº 18.831 se anuló la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, ratificada Esta en dos oportunidades por el Soberano (1989 y 2009) a través de sendos plebiscitos promovidos por el propio Frente Amplio y con 20 años de diferencia entre ambos.
Este “logro final” del gobierno frenteamplista se obtuvo exclusivamente por cuenta y responsabilidad de sus propias mayorías parlamentarias circunstanciales. Largos y extenuantes debates entre oficialismo y oposición precedieron esta instancia final de octubre/2011; meses antes, el actual gobierno no había conseguido su objetivo debido a la “deserción” de uno de sus diputados que —según versiones periodísticas— estaba respondiendo de alguna manera a la aspiración del propio presidente de la República de no anular la referida ley por las consecuencias negativas que ello acarrearía para la fuerza política. Pues bien, en todas y cada una de las ocasiones en que este tema estuvo encima de la mesa, los partidos tradicionales a través de sus senadores y diputados cuestionaron con vigor y con razón la anulación de esta ley por considerarla nada más ni nada menos que absolutamente inconstitucional, entre otros motivos por desconocer el veredicto categórico e insuperable de dos pronunciamientos populares ratificatorios de aquella norma.
Pasando en limpio mi estupor de esta paradoja, pregunto a la dirigencia política de los partidos tradicionales:
1.- ¿Cómo podría haberse arribado a concretar el acto del pasado 21 de marzo de no mediar la aprobación de la ley 18.831, cuestionada y reprobada al considerarla inconstitucional por parte de todos los legisladores votantes de los partidos tradicionales?
2.- ¿Cómo entonces se puede estar presente (en el entendido de haber tenido libertad de acción por parte de sus respectivas fracciones políticas) avalando los fines del acto referido, sin pisotear y borrar aquellos principios democráticos básicos, fundamentales y orientadores que se expusieran para evitar la aprobación de una ley que termina finalmente siendo propiciatoria del documento declarativo leído en sala por el presidente de la República?
3.- ¿Cómo se puede simultáneamente endosar el contenido del documento citado donde se desconocen explícitamente posturas políticas y jurídicas adoptadas en el marco de la “ley de caducidad” por gobiernos anteriores, cuyos titulares conformaran sus propias filas?
4.- ¿Cómo se puede comprender, además, el aplauso celebratorio brindado por muchos de esos mismos legisladores presentes ante las expresiones de un comunicado oficial en cuya formulación no tuvieron arte ni parte, y aun, de no ser así como consigna alguna versión de prensa, tampoco les fueron aceptadas tímidas enmiendas según otras versiones?
Para una oposición política, hoy bastante tullida ante un impetuoso y dominante oficialismo que las tiene y “se las sabe todas”, una de las peores debilidades a mostrarle al contrincante político y principalmente a la opinión pública es la incoherencia en la acción; incoherencia que, además, para los hechos acaecidos el 21 de marzo enseña preocupantes renuncias.
Saluda a usted atentamente,
Carlos O. Angelero
CI 1.910.878-8