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En Uruguay, las primeras zonas francas surgieron a comienzos del siglo pasado, pero estos territorios en los que se producen y depositan mercaderías, y se prestan servicios sin pagar impuestos nacionales, adquirieron verdadera relevancia económica en los noventa al amparo de un régimen que ahora tiene bajo revisión el Poder Ejecutivo. Su aporte al Producto Bruto Interno (PBI) se ha mantenido a fines de la década pasada, conforme con los datos surgidos de un censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que están siendo revisados para su publicación.
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Las últimas estadísticas sobre la actividad que se genera en los territorios francos surgidas de un censo hecho por el INE corresponden a 2008. En ese año se cuantificó el valor bruto de producción generado allí en el equivalente a 3,8% del PBI del país.
La directora general de Comercio, Rosa Osimani, aseguró a Búsqueda que ese instituto trabaja actualmente en la revisión de los datos preliminares que arrojó un censo efectuado en 2010, y según adelantó, muestran que la contribución de las zonas francas a la economía se mantuvo en torno a esa cifra.
Las primeras zonas francas en Uruguay se crearon por leyes específicas de 1923 (Nueva Palmira) y 1931 (Colonia). Casi un cuarto de siglo atrás, en diciembre de 1987 fue votada la ley Nº 15.921 que declaró de interés nacional la promoción y desarrollo de esos enclaves. Esta norma definió a las zonas francas como áreas del territorio uruguayo de propiedad estatal o privada constituidas con el permiso del gobierno con el fin de desarrollar “toda clase de actividades industriales, comerciales y de servicios”, exoneradas del pago de impuestos nacionales, salvo los aportes a la seguridad social.
A partir de ese marco normativo el sector tuvo fuerte impulso y en los años noventa fueron autorizadas varias zonas más: Montevideo (ahora Zonamérica), Florida, Colonia Suiza, Río Negro, Rivera y Libertad. En años más recientes se habilitaron las zonas de Punta Pereira (que explotará la planta de pasta de celulosa en construcción del consorcio Montes del Plata), Botnia (hoy UPM), World Trade Center, Aguada Park y Parque de las Ciencias.
Revisión.
“Este año se cumplen 25 años de la ley y nos pareció oportuno revisar toda la normativa y compararla con otros países”, declaró la directora general de Comercio. En la órbita de esa repartición del Ministerio de Economía funciona el Área de Zonas Francas, que tiene entre sus cometidos hacer cumplir las leyes y reglamentos referidos a este sector, así como autorizar los contratos que suscriban los explotadores de los enclaves con los usuarios.
En el marco de ese análisis “van saliendo temas que se han presentado problemáticos”, comentó. Uno de ellos es la disposición de que las empresas que operen en estos enclaves utilicen un mínimo de 75% de personal de ciudadanía uruguaya, ya sea natural o legal. En casos excepcionales, dicho porcentaje podrá ser reducido previa autorización del Poder Ejecutivo.
Osimani informó que ese permiso especial para que el personal extranjero sea más de un tercio de la plantilla total se da, pero “no son muchos” los casos.
“Estamos analizando todas las excepciones que se otorgan. Si la excepción fuera la regla, en algunos casos estaríamos dispuestos a revisar la normativa”, añadió.
El análisis de la regulación y su comparación con la de otros países llevó a concluir a las autoridades que la misma es de las más restrictivas. “Uruguay es de los que tiene topes más elevados y en algún otro la contratación de extranjeros llega a 15%”, señaló la jerarca. Pero acotó: “Si bien constatamos que somos diferentes, no hemos tomado una decisión” de modificar esa restricción.
En 2008 —último dato oficial disponible— las zonas francas empleaban a 9.257 personas en calidad de dependientes, de los cuales 8.388 eran uruguayos (91%) y 869 extranjeros (9%). Entre los cargos no dependientes (1.542 en total) se presentaba una proporción casi idéntica.
Otro punto bajo revisión son los requisitos que se estipularon por decreto en 2010 para conceder la autorización y la prórroga de los contratos de los usuarios directos e indirectos de los enclaves de explotación privada. De sus planes de negocios debe surgir que la actividad proyectada genera empleo directo o indirecto, que desarrolla su actividad en ese territorio libre de impuestos y que tiene su domicilio fiscal en el mismo.
“Estamos viendo modificar algún otro aspecto de la normativa” y “diferenciar de repente los requisitos teniendo en cuenta que existe una tipología de zonas francas. Acá por ahora la ley es una sola y en realidad tenemos que tener en cuenta que hay zonas francas industriales y de servicios, etcétera, que están ubicadas en distintos lugares. Se deben tener en cuenta sus distintas realidades”, dijo.
