Layera, Díaz y el 2022

Harto quizá del discurso gubernamental o dominado por la sinceridad —¡vaya uno a saber!—, el jefe policial se convirtió en un francotirador, aunque evitó asumir su responsabilidad y la del resto de la cadena de mando superior (el presidente Tabaré Vázquez, el ministro Eduardo Bonomi y el subsecretario Jorge Vázquez) por la espectacular derrota por KO en ese combate.

En suma, que para el conductor de la lucha contra el crimen estamos sin paracaídas al borde del precipicio. Parece irremediable, porque su valoración sobre esa descomposición anárquica se observa difícil de revertir, no solo por el actual gobierno sino por cualquier otro. ¿Una conclusión catastrófica? Tal vez, pero los hechos son los hechos: es muy fácil sacar la pasta de un tubo de dentífrico, lo difícil es volver a meterla y, aunque se intentara, la mayor parte, inservible y contaminada, quedará afuera del recipiente que la protegía.

En realidad no dijo nada nuevo. Similares advertencias se han formulado en los últimos años, pero quien ahora las expresa es el director de una fuerza policial con 30.000 funcionarios ejecutivos de los cuales casi 14.600 están afectados a la prevención y el combate: una tasa de 421 funcionarios cada 100.000 habitantes, de las mayores de América Latina. Esas cifras permiten sostener que el fracaso no se debe al número de efectivos, sino a que la mayoría carece de calidad, profesionalismo, preparación, actitud y, fundamentalmente, a que sus jerarcas no han asumido un combate frontal y duro contra esos pandilleros sin temerle al vocablo “represión”. Lo evitan porque desde la dictadura es considerado peyorativo.

A eso se añade que centenares de policías y parte de sus familiares viven en asentamientos rodeados de pandilleros. Esa dramática situación los transforma en “permeables” o “poco entusiastas” para combatirlos; “temen las represalias personales o familiares”, me aseguró un comisario retirado cuyo criterio es: “Ojo por ojo…”.

Para Layera también “hay un lío en la Fiscalía” que no permite desarrollar investigaciones a largo plazo. Se debe a errores en el articulado del CPP y a la confrontación interna en el Ministerio Público. Trabas adicionales.

El gobierno pretende modificar esa situación y envió un proyecto de ley que le otorga un fuerte respaldo legal a la Policía para detenciones e investigaciones, modifica los requisitos para ordenar la prisión preventiva, excluye la libertad anticipada cuando hay acuerdo entre fiscal y defensa y establece que los reincidentes de delitos no tendrán derecho a esperar el juicio en libertad.

¿Cómo es posible que en el proyecto del CPP en el que durante 10 años trabajaron los principales especialistas del país (jueces, fiscales, académicos, defensores de oficio, actuarios y políticos) no se haya previsto lo que ocurriría? Parece imposible pero la craneoteca de los genios falló. Tanto al plasmarlo en negro sobre blanco como luego, cuando se discutió en el Poder Legislativo. Cuando se hace alharacas sobre la calidad de nuestros profesionales (jueces, fiscales, abogados o políticos) habría que ser más prudente y humilde.

Quizá, solo quizá, el proyecto modificativo permita establecer un camino con menos dificultades y disipar la alarma social, la angustia que agobia al ciudadano, aunque en esta materia nada es seguro.

Lo seguro —no existen votos para removerlo y mucho menos para sustituirlo— es que al frente del Ministerio Público seguirá el fiscal de Corte, Jorge Díaz, a quien las dificultades en la aplicación del código, los cuestionamientos de fiscales y algunos intereses político-partidarios lo han mantenido en el centro del huracán.

Los hombres pasan y las instituciones y las normas quedan. Ningún integrante del sistema político mira hacia el futuro. De hacerlo observarían para dentro de cuatro años un gran signo de interrogación. Deberían ponerse en un estado de alerta.

El mandato de Díaz vence el 16 de abril de 2022, al cumplir 10 años en el cargo, sin la posibilidad de ser reelecto. En consecuencia serán los senadores que asumirán en las próximas elecciones los encargados de la designación de un nuevo jerarca. En ese momento habrán transcurrido dos años del nuevo gobierno.

La Constitución establece que la nueva designación debe provenir de una propuesta del presidente de la República. Luego requiere la venia de los tres quintos de votos del total de componentes de la Cámara Alta: 19 senadores electos el 27 de octubre de 2019.

A la luz de las recientes encuestas no habrá un partido con mayorías absolutas; para la venia legislativa será necesario que acuerden los dos partidos mayoritarios aunque lo ideal sería la unanimidad, como ocurrió en 2012.

Seguramente los partidos colocarán varias lupas sobre el nuevo candidato. Eso por un lado. Por otro, habrá que decidir de dónde proviene. Lo sensato es que no sea un fiscal, porque los debates sobre el CPP han contaminado a todos, y además se corre el riesgo del corporativismo. En consecuencia el candidato debería ser un juez o un abogado de la matrícula con ninguna participación en la vida partidaria.

Mientas se busque un acuerdo la titularidad la ocupará el fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, que tendrá las mismas facultades que el titular.

¿Que todavía estamos lejos del 2022? Depende de cómo se mire. Si se pretende que el sistema de Justicia transite por un camino sin sobresaltos, esa fecha es mañana.