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Durante las 17 horas de debate en el Senado por la situación de Ancap, en varios pasajes los legisladores se refirieron al valor de las Comisiones Investigadoras parlamentarias. En algunos casos plantearon modificar la normativa sobre el trabajo de este tipo de comisiones para darle más potestades, una idea que manejan dirigentes de la oposición.
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Las investigadoras parlamentarias fueron creadas a partir de la reforma constitucional de 1917. El artículo 120 de la Constitución establece que cualquiera de las dos cámaras del Parlamento podrá nombrar “comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos”.
En varias oportunidades se presentaron proyectos para interpretar el alcance de lo que dice el texto constitucional. A fines de 1994, el entonces presidente Luis Alberto Lacalle vetó varios artículos de un proyecto sobre comisiones (incluidas las investigadoras) que, entre otras cosas, daba a estos organismos la potestad de obligar a comparecer ante los legisladores a las personas investigadas. Finalmente, en abril de 1995 se promulgó la ley Nº 16.698 sobre las comisiones, pero sin esta facultad. El artículo sexto establece que las “comisiones de investigación asesoran al órgano a que pertenecen tanto en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación como de control administrativo”.
Con la experiencia de lo que sucedió con la investigadora sobre la gestión de Ancap entre 2000 y 2015, varios legisladores se plantean impulsar una reforma de la ley para darle más potestades a este tipo de comisiones.
El senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto en el Senado sobre el funcionamiento de esas comisiones. Uno de los puntos que propone regular es que los citados por la comisión están obligados a concurrir. “Quien se rehúse a concurrir podrá ser conducido por la fuerza pública”, agrega Bordaberry en el proyecto. Además, propone sustituir la última frase del artículo sexto de la ley 16.698 que dice que la constitución de una investigadora “solo procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes”. Bordaberry propone que diga que crear la comisión “procede cuando lo estime conveniente y resuelva la Cámara correspondiente”. De esta manera se elimina una restricción a investigar, dijo el legislador colorado.
Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, también entiende que hay que modificar la ley para obligar a declarar a quienes son citados. Aunque en este caso la obligación debe correr para los funcionarios públicos. En su informe sobre el trabajo de la investigadora de Ancap, Mieres dijo que hubo 22 testigos que se negaron a ir a declarar a la comisión. De ellos, 11 son funcionarios de la petrolera estatal. “No advirtieron que son funcionarios públicos y deben dar cuenta de sus acciones ante los representantes de la ciudadanía, los legisladores, que investigan un rotundo fracaso en la gestión de un ente que perdió una enorme cantidad de recursos”, afirmó.
El blanco Álvaro Delgado también señaló como una dificultad para el buen desempeño del trabajo que la comisión no pudiera obligar a todos los testigos a declarar. “Es inadmisible que gerentes de primer nivel se hayan negado a ir mandando una carta-formulario”, agregó. Delgado dijo que las investigadoras sirven como un “instrumento de contralor”.
El senador del Frente Amplio Marcos Otheguy (Lista 711) dijo que el tema aún no se discutió en la bancada del oficialismo. Pero para el legislador, uno de los cambios centrales debería pasar por el hecho de que las denuncias a investigar deben ser lo “más precisas posibles”. Sostuvo que en el caso de Ancap eran “muy vagas y poco precisas”. Las investigadoras pueden juzgar “responsabilidades políticas”, añadió.
El año pasado, a poco de votarse la creación de la investigadora de Ancap, el ex presidente y actual senador José Mujica dijo en Canal 12 que este tipo de comisiones “terminan en declaraciones a la prensa y mecanismos de enchastre”. Aseguró que estaba a favor de investigar, pero planteó buscar otro mecanismo.
