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Los partidos políticos con representación parlamentaria acordaron el lunes 9 redactar de forma conjunta un proyecto de ley marco para regular los servicios de inteligencia del Estado y ejercer control parlamentario. El proyecto detallará obligaciones especiales para un grupo de legisladores que puedan acceder a información clasificada y reservada, con “fines estratégicos” y de contralor. Otro de sus objetivos es que los parlamentarios delimiten con el coordinador de inteligencia los temas y áreas para trabajar y formulen un plan quinquenal para esa actividad. La intención de la comisión bicameral es redactar y aprobar el texto antes de octubre.
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Todos los partidos han presentado proyectos de ley o lineamientos con sus intenciones sobre el tema. El primero fue el del Partido Colorado, en octubre del 2011. Su redactor, el diputado José Amy (Vamos Uruguay), dijo a Búsqueda que la Comisión Bicameral para el Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado decidió integrar un equipo redactor para dar forma a un proyecto conjunto.
Para el legislador, uno de los puntos “inéditos” y originales del proyecto está en “el desafío” que tendrán determinados legisladores, quienes estarán en conocimiento de las actividades de inteligencia del Estado. “Van a tener que asumir un compromiso especial. Tendremos que buscar un procedimiento, que puede ser el del juramento, por el cual mantengan en reserva información clasificada de suma importancia para el país”, comentó.
El diputado Jaime Trobo (Unidad Nacional), quien también integra la comisión bicameral, declaró a Búsqueda que en la actualidad ya existen mecanismos de reserva para casos en los que, por ejemplo, se pide una sesión parlamentaria secreta, o cuando se suspende la versión taquigráfica por diversos motivos. “Se le va a exigir un nivel de compromiso a los parlamentarios que es inédito”, pero al mismo tiempo se les otorgarán “garantías especiales con un régimen especial por la información que manejen y con el fin de proteger su integridad”.
Según Amy es necesario definir “bien claro todas las actividades de inteligencia, en qué se está trabajando, cómo se financian y qué objetivos persiguen”. Las escuchas telefónicas son unas de las herramientas que emplean los servicios de inteligencia, y sobre esa base Trobo consideró que es necesario que los parlamentarios puedan saber cómo se realizan, quién las autoriza, quién las hace, con qué fines, y a dónde va la información acumulada. En cuanto a los objetivos, el diputado nacionalista indicó que otra de las tareas será plasmar los objetivos de inteligencia nacional. Entre ellos apuntó la defensa de la soberanía, la defensa ante un ataque terrorista externo e incluso interno, las conspiraciones contra la Constitución, y los “nuevos delitos” vinculados con el narcotráfico y la trata de blancas.
Nueva cultura.
En Uruguay existen varios organismos que realizan tareas consideradas de inteligencia. Sin embargo, algunas fuentes conocedoras de su actividad explicaron a Búsqueda, que por más que esté efectivo el cargo de coordinador de inteligencia en Presidencia de la República, ocupado por Augusto Grégori, la falta de un marco legal para su funcionamiento impide una coordinación global. A su vez, señalaron que existen “celos” y “competencia” entre los diferentes organismos, que dificultan la optimización del material recabado. Este es uno de los puntos que se busca resolver con la aprobación del proyecto de ley.
En la actualidad, lo que se conoce como “comunidad de inteligencia” está integrado por la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (Dinacie, que depende del Ministerio de Defensa), los departamentos de inteligencia de los estados mayores de las tres Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía, la Cancillería, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, y la Dirección Nacional de Aduanas, entre otros.
El diputado Amy aseguró que será un pasó “muy importante”, porque tanto el Parlamento como los servicios de inteligencia y el Estado en su conjunto deberán asumir una “cultura” y una modernización que ahora no existe. “Va a ser un tema de confianza de ida y vuelta, entre los legisladores a cargo y el coordinador de inteligencia”, remarcó.
Asesoramiento.
La comisión bicameral recibió el asesoramiento del director del Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, Philipp Flurip, que es un experto en servicios de inteligencia y su marco legal a nivel internacional. Además tuvo reuniones con las bancadas de todos los partidos con representación parlamentaria.
Uno de los temas en que puso énfasis es en la necesidad de que el coordinador de inteligencia, Augusto Grégori, sea objeto de control parlamentario. “Las democracias del mundo que tienen un coordinador de inteligencia tienen control desde el Poder Legislativo”, subrayó el 25 de junio, cuando concurrió a la comisión bicameral donde está a discusión el proyecto de ley.
A su juicio los servicios de inteligencia deben focalizar su objetivo en “contribuir eficazmente a la seguridad del país y su población; estar sujetos a control democrático; ser responsables ante el pueblo al que sirven, y respetar el Estado de derecho y los derechos humanos”. En esa línea, opinó que el Poder Ejecutivo debe compartir ese control para dar mayores garantías al sistema y a la sociedad. “No se puede tratar de microgestionar estos servicios por parte del Parlamento, de un parlamentario individual o de un grupo de parlamentarios. Hay que establecer herramientas para observar la eficacia, eficiencia y economía de las actividades de los servicios”, advirtió.
Flurip se detuvo a exponer sobre los derechos humanos y su relación con los servicios de inteligencia y en ese sentido afirmó que la legislación internacional “prohíbe” la limitación o derogación de derechos humanos en cualquier caso. “Esto incluye el derecho a la vida, a vivir libre de torturas y de otros tratos inhumanos o degradantes, a un juicio justo, al reconocimiento ante la ley, a la libertad de la esclavitud y servidumbre involuntaria y a la prohibición de secuestro y detención no reconocidas”, detalló.
Sin embargo existen casos en que se le otorgan “poderes especiales” a los servicios de inteligencia para “limitar el derecho a la privacidad, derecho a la libertad de movimiento, asociación y expresión”, para así obtener información acerca de individuos o grupos de los que se sospeche implicación en actividades concretas que amenazan la seguridad nacional, seguridad pública y los derechos humanos. Estos poderes especiales —añadió— incluyen medidas como la intervención de las comunicaciones de personas sin su conocimiento o la filmación en secreto de sus actividades. Estas medidas limitan claramente el derecho de la persona a su privacidad, pero deben quedar plasmadas como especies en la ley marco y tener una previa autorización del Poder Judicial.
También puede definirse un “estado de emergencia” donde, por determinado lapso, los Estados pueden derogar de forma temporal los compromisos con los derechos humanos. De todos modos, los servicios de inteligencia no pueden estar implicados en esta decisión, afirmó Flurip. Esto es potestad del Poder Ejecutivo y bajo circunstancias excepcionales en las que “la vida de la nación esté bajo serias e inminentes amenazas a la seguridad física de la población y al funcionamiento de las instituciones democráticas”, precisó.
