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El video filmado el domingo 13 por la tarde en el que aparecen efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) apresando al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guadió, circuló rápido en las redes sociales. Tan rápido como la indignación y los reclamos de diversos gobiernos para que la administración de Nicolás Maduro diera marcha atrás. La reacción surtió efectos y a la hora el dirigente opositor había recuperado su libertad.
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Un día más tarde, el gobierno uruguayo rompió el silencio. En un comunicado emitido el lunes, la Cancillería expresó la “honda preocupación” de Uruguay por los “actos de amedrentamiento” que sufrió Guadió. “Sin perjuicio de la rápida resolución del incidente, episodios como este no contribuyen a generar el imprescindible clima de respeto que permita superar la grave crisis institucional que atraviesa Venezuela”.
Con ese comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a referirse a la situación de Venezuela como “grave”, después de más de un año en el que había optado por un lenguaje más leve en los escasos comunicados que emitió sobre ese país, según un análisis elaborado por Búsqueda de todos los mensajes oficiales emitidos por la Cancillería en lo que va del gobierno.
Reconocer a casi todos
La administración de Tabaré Vázquez planteó al comienzo una mirada un poco distinta a la del gobierno de José Mujica con relación a Venezuela.
El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo en marzo del 2015 que lo jurídico estaría por encima de lo político durante su gestión. Era una referencia a la declaración de Mujica, quien como presidente dijo que el ingreso de Venezuela al Mercosur se logró después de poner lo político por encima de lo jurídico.
Cuando a principios de 2016 las elecciones legislativas en Venezuela dieron la victoria a la oposición y aumentó la crispación política, el gobierno de Vázquez profundizó progresivamente su distancia y endureció su crítica sobre Maduro.
En un comunicado, la Cancillería expresó la “honda preocupación” de Uruguay por los “actos de amedrentamiento” que sufrió Guadió.
Entre enero de 2016 y agosto de 2017, el gobierno uruguayo, a través de la Cancillería, emitió unilateralmente o junto con un grupo de países con posiciones afines (entre los que consistentemente estuvieron Argentina y Chile) por lo menos 20 comunicados sobre la situación en Venezuela.
Con el paso del tiempo y el agravamiento de la crisis institucional, política, humanitaria y económica, el lenguaje de los comunicados —que en la diplomacia es un elemento clave— se fue endureciendo, hasta llegar a reconocer la existencia de una “grave ruptura del orden democrático en ese país” y a exhortar “una vez más al gobierno de dicho país a que libere a todos los presos políticos”.
Esta evolución llevó a que el 5 de agosto de 2017 en San Pablo, Uruguay, junto con Argentina, Brasil y Paraguay procedieran a suspender a Venezuela del Mercosur en aplicación del Protocolo de Ushuaia ante la constatación de la ruptura del orden democrático en ese país.
Días después, el 18 de agosto, a través de un comunicado firmado por los cuatro fundadores del Mercosur, Uruguay desconoció a la Asamblea Constituyente, ideada por Maduro para quitar poder al congreso que estaba en manos de la oposición. Su convocatoria “fue realizada en desmedro del orden constitucional venezolano” y buscaba “usurpar” las potestades de la Asamblea Nacional, decía el documento.
Algo cambió entre ese comunicado y el siguiente, que llegaría nueve meses más tarde. En mayo del 2018 Uruguay apenas tomó nota de la elección que supuso un nuevo triunfo de Maduro y que fue considerado ilegítimo por la mayoría de los países de la región.
El Ministerio de Relaciones Exteriores volvió a referirse a la situación de Venezuela como “grave”, después de más de un año en el que había optado por un lenguaje más leve en los escasos comunicados que emitió sobre ese país.
Esa posición difería mucho de la de una decena de países de la región, nucleados en el denominado Grupo de Lima, al que Uruguay fue invitado pero no quiso sumarse. También era diferente de la mirada de la Unión Europea, que decidió no reconocer el triunfo electoral de Maduro.
Después de eso, hubo tres comunicados más antes del emitido el lunes 14: uno por el presunto atentado que sufrió Maduro; otro crítico con unas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en las que se interpretó que manejaba la posibilidad de una intervención armada en Venezuela; y uno a raíz de la muerte de un concejal opositor en las instalaciones del Sebin.
Aunque no fijó posición en un comunicado, el Poder Ejecutivo decidió reconocer el nuevo período de gobierno de Maduro, que comenzó la semana pasada. Uruguay fue de los pocos países de la región que envió a un representante a la toma de mando presidencial.
De este modo, el gobierno uruguayo reconoce el Poder Ejecutivo de Maduro y también la Asamblea Nacional venezolana, dominada por la oposición, que desconoce al mandatario de su país.
