Al filo del plazo, el sistema político acordó la designación de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia

El nombramiento de França fue informado por el periodista Eduardo Preve en su cuenta de X, con base en fuentes políticas.

Según la lista de prelación que envió el Poder Judicial al Poder Legislativo, por antigüedad se integraría a la SCJ la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1^er turno, María del Carmen Díaz, una magistrada que ha mantenido posiciones polémicas. Su perfil produjo especial inquietud en miembros de la Suprema Corte y entre senadores del Frente Amplio, informó Búsqueda el 19 de marzo.

Esa situación desencadenó las negociaciones políticas. Esta semana el Partido Colorado y el Partido Nacional propusieron tres nombres de jueces: el de França, que ocupaba el segundo lugar en la lista de prelación, el de Daniel Tapie y el de Julio Olivera, que eran el tercero y el cuarto, respectivamente.

França ingresó al Poder Judicial en 1991 y trabajó como juez letrado en Bella Unión y en Salto, en 1999 pasó a ser juez penal en Montevideo, luego magistrado en lo civil desde 2005, hasta que en 2009 ascendió a ministro de Tribunal en lo Civil.

Buscan extender el diálogo

El senador Brenta destacó la relevancia del acuerdo alcanzado. El cargo de ministro de la SCJ, subrayó, es un rol “muy importante”, y “es una señal política fuerte” que los tres partidos mayoritarios logren un consenso. “Hay que destacar que, más allá de estar en un momento político tenso en muchos aspectos, es posible el diálogo”, aseguró.

El senador transmitió que desde el Frente Amplio aspiran a seguir trabajando en la misma línea para lograr la designación de otros cargos, como el de comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, los de los organismos de contralor y la Fiscalía de Corte. “Es una señal de que hay que ir por este camino”, dijo Brenta. El senador sostuvo que la “tensión permanente” no les permite ir “para ningún lado” ni al oficialismo ni a la oposición. “Lo están mostrando las encuestas”, apuntó, en referencia a estudios de opinión pública recientes, que muestran una reducción de la aprobación de la gestión del presidente Yamandú Orsi, pero también de la oposición.

Desde el cese de Sosa, la Suprema Corte está integrada por la presidenta, Doris Morales, y los ministros John Pérez Brignani, Bernadette Minvielle y Julio Posada, que fue el último en asumir el 1º de diciembre de 2025. La designación de Minvielle fue la última que se hizo por acuerdo político, en 2017. Pérez Brignani, Morales y Posada accedieron por antigüedad.

Magistrada cuestionada

La jueza que el sistema político buscó evitar que ascendiera al máximo tribunal del Poder Judicial ha marcado en sus fallos posiciones cuestionadas y consideradas como polémicas.

Uno de los ejemplos manejados en ámbitos políticos y judiciales es un caso en el que, por mayoría del tribunal, resultó condenado un adolescente por violar a una adolescente, el 31 de marzo de 2023. La ministra Díaz tuvo una postura discorde y se opuso a la condena. Sostuvo que existían “dudas razonables” para configurar el delito de violación en sentido técnico, porque la víctima, que comunicó a sus amigas que había sido abusada, “no pudo transmitir” al agresor su negativa a mantener relaciones de manera clara.

La jueza discrepó con la mayoría sobre el significado del mensaje “se está haciendo la difícil” que había enviado el imputado por chat a otra persona cuando estaban solos en el dormitorio. Mientras la mayoría de los magistrados lo vieron como prueba de que él sabía que ella no quería mantener relaciones sexuales, Díaz sugirió que podría ser una interpretación de que, “en la mente de un joven de 17 años”, esa frase “representaba una forma de seducción, que lo hacen las mujeres menores y mayores”.

Otra de sus posturas cuestionadas está vinculada al llamado síndrome de alienación parental, un diagnóstico no reconocido internacionalmente desde el punto de vista científico y referido a la supuesta manipulación que ejercen las madres sobre sus hijas e hijos en contra de los padres para obstaculizar o interrumpir el vínculo entre ellos. En un caso de 2014, en el que Díaz actuó como ministra redactora de un fallo unánime que confirmó la denegación de visitas a un padre, la sentencia dice que el tribunal “no desconoce la temática”, que incluso la “ha identificado en varias de sus sentencias” para “efectivizar los derechos de niños y adolescentes a mantener la comunicación con sus progenitores no convivientes” y que ella misma “ha escrito en el ámbito doctrinario respecto de dicho síndrome”.