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La semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou hizo llegar al Parlamento la ley de urgente consideración (LUC) para que fuera distribuida entre todos los parlamentarios a efectos de comenzar su estudio. No se realizó el ingreso formal, a partir del cual comienzan a regir los plazos constitucionales para su aprobación, sino que en un hecho inédito se adelantó el texto donde se muestran las modificaciones realizadas al anteproyecto que ya conocíamos, que constaba de 457 artículos. Ahora con aportes y ajustes la ley contiene 502 artículos.
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Desde el momento en que la ministra de Economía Azucena Arbeleche anunció que no se debían apagar los motores de la economía quedó el run run de la presentación de la ley. Más aún cuando el mismo presidente en conferencia de prensa, a las que no estábamos habituados, comenzó a hablar del día después de la pandemia, siguió sobrevolando el envío de la LUC al Poder Legislativo. Todos sabíamos que ese momento iba a traer rispideces con la oposición, y no nos equivocamos.
De inmediato Javier Miranda, como de costumbre con sus adjetivos fuera de lugar, calificó el hecho de “pésima idea y un problema de calidad democrática”. ¿Cómo podemos acusar de falta de calidad democrática una ley anunciada durante toda la campaña como buque insignia, aprobada con el voto de la ciudadanía, enviada como un borrador a todos quienes quisieran leerla, entregada a los legisladores en su formato final para estudiarla antes de su presentación al cuerpo? ¿Qué hecho hay más democrático que este? Por su parte, Daniel Martínez dijo que “es momento de ayudar y apoyar a la gente”. Para eso el gobierno manda la ley y cumple su promesa electoral. Y por el mismo camino fueron los demás dirigentes de la oposición, todos escudados detrás de la crisis que nos afecta por el Covid-19. Pero ninguno tuvo la franqueza de decir que sea en el momento que sea estarán en contra de la LUC. Se presente ahora o dentro de 6 meses será para ellos lo mismo y será también coherente con lo que pregonaron durante la campaña electoral. No quieren ley de urgencia, no quieren cambios sustanciales a lo que ocurre hace 15 años, no quieren nada que les modifique su status quo. Esa es la realidad que tienen, pero no es lo que buscan seis de cada diez uruguayos.
Si la discusión de la ley es presencial o virtual también dará lo mismo, la mayoría del Frente Amplio, como los sindicatos, van a poner palos en la rueda, pues es la determinación que tomaron la misma noche que perdieron las elecciones. Aún no pueden digerir su derrota, pues ni siquiera la han analizado. La misma soberbia que tuvieron mientras fueron gobierno la tienen ahora y no llegaran a buen puerto. Desde el 13 de marzo cuando se declaró la emergencia sanitaria están esperando errores para criticar. Mientras más del 80% de la población aprueba las medidas tomadas, ellos siguen aferrados a una renta fija, pues es lo único que el gobierno no les dio. Se han atendido todas las emergencias, todos los sectores más vulnerables, no hay más distinción de clases, por primera vez deben colaborar con parte de su sueldo los funcionarios públicos y los gobernantes y no se han escatimado fondos para nadie. Se reclama el aporte de los llamados grandes capitales (nadie dice cuáles son) y el mismo Frente Amplio en su gobierno no quiso gravarlos, pues son quienes mueven la economía y generan empleo. Ante el aporte del sector agropecuario de US$ 100 millones algunos inescrupulosos salieron a decir que en ese monto hay gran parte de impuestos que aporta el Estado. El Estado debe reembolsar al sector de acuerdo a convenios vigentes, es dinero ajeno no del estado y son los beneficiarios quienes renuncian a cobrarlo y lo donan al Fondo Coronavirus. Ya va siendo hora de dejar la mentira y contar la verdad o, de lo contrario, callarse.
También hay un sector de la prensa escrita y más aún en la televisiva que siguen recostados al anterior gobierno. Si bien todos tenemos la libertad de pensar y expresarnos libremente, es mucho mayor el compromiso de quienes deben informar con veracidad. Si quieren opinar, que firmen una columna de opinión y sean responsables de sus dichos.
Durante más de 10 días se le exigía al gobierno que aplicara la cuarentena obligatoria y de tanto repetirlo la gente llegó a creer que era la gran solución. Hasta hoy los números demuestran lo contrario. También realizar test al barrer como otra solución y, aunque en ese momento no había suficiente stock, ahora también los números, ante el aumento de exámenes, marcan un bajo porcentaje de infectados. La posible solución era quedarse en casa, era la solidaridad de la gente, algo que casi nunca falta en nuestro pueblo.
La pandemia sigue entre nosotros y seguirá por mucho tiempo. Debemos ir retomando la vida de acuerdo a cómo las autoridades sanitarias y el gobierno no los vayan indicando. Hay rubros esenciales que nunca se han detenido, vuelve la construcción pese a los pájaros de mal agüero y se intenta volver con la educación rural. Si hasta ahora hemos presentado una buena lucha al virus, ¿por qué no seguir por este camino? La asistencia del Estado sigue firme, más de 130.000 trabajadores en el seguro de paro cobran su subsidio, las ollas populares son la fiel demostración de que no queremos más grietas, más buenos y malos de un lado y del otro. Estamos muy preocupados, angustiados y temerosos, pero estamos en paz. No dejemos que un grupo de mezquinos nos roben este capital que es bien uruguayo.
