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    Limitaciones para acceder a datos salen de la Rendición de Cuentas

    Los legisladores oficialistas decidieron el martes 1º retirar del proyecto de Rendición de Cuentas y tratar en una iniciativa aparte los cambios que autorizaban más excepciones en la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública para que los organismos puedan negarse a responder pedidos.

    La idea de los senadores del Frente Amplio es que el artículo 39 sea analizado como un proyecto aparte en la Comisión de Educación de la Cámara Alta. El compromiso de los senadores es que antes de fin de año esté aprobado un nuevo texto que contemple los reclamos o el que estaba incluido en la rendición, según anunció Rafael Michelini.

    Michelini reconoció que hay “un problema” con la redacción del artículo. “El acceso a información es importante pero tiene que ser responsable y hay que darle una mirada más amplia. En la bancada tuvo una discusión amplia. Hemos asumido compromisos. En mi opinión esto nos va permitir un tiempo más para ver y conversarlo. (...) Queremos que este tema se resuelva y anunciamos que si no hubiera consenso vamos a propiciar el artículo tal cual está”, dijo el senador.

    Este año el gobierno decidió reformar la ley de acceso a la información e incluyó algunos cambios en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Uno de ellos agregaba una excepción por la cual se podría declarar reservada una información: cuando esta pudiera “afectar procedimientos de control, evaluación, investigación o deliberación de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisión respectiva”.

    Además proponía que para clasificar una información como reservada debía demostrarse “la existencia de elementos objetivos que permitan determinar la expectativa razonable de un daño al interés público protegido”. La información se podría clasificar como reservada incluso “en el momento en que se reciba una solicitud de acceso, cuando no se hubiera clasificado previamente”.

    Por otro lado, el gobierno impulsaba que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) pudiera “desclasificar la información que hubiere sido clasificada por un sujeto obligado, sin ajustarse a los criterios establecidos en la presente ley”.

    Pero los diputados quitaron la última salvaguardia y establecieron lo contrario: que “en ningún caso” la UAIP podrá desclasificar información. Eso fue rechazado por varias organizaciones y por la propia UAIP, que sostuvo que se eliminaba el “equilibrio” que contemplaba la propuesta original del Poder Ejecutivo (Búsqueda Nº 1.727).