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Para Gonzalo Casaravilla el factor clave de la dirección de una empresa pública es “lograr que las cosas se hagan”. Con ese objetivo, el presidente de la estatal de energía eléctrica UTE entiende que hay que “adaptarse a la realidad” y a las “reglas del juego mundial”, que en muchos casos van a contramano de algunas ideas del gobierno, como la defensa de la inversión pública.
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Esa realidad está marcada por “lineamientos macroeconómicos” definidos “por organismos internacionales” y que el país “tiene que seguir” aun cuando eso derive en una “lenta privatización” de varias funciones que hoy cumplen las empresas públicas uruguayas.
“Porque no tenemos espacio fiscal, porque no podemos invertir, las inversiones las tienen que hacer otros y nosotros lo pagamos como un servicio y es más caro. Y de a poco estamos acogotando a las empresas públicas”, dijo Casaravilla a Búsqueda.
“La forma de obtener más espacio fiscal es: voy y me le paro al Poder Ejecutivo y le digo que somos recontra eficientes, somos buenísimos, acá están los números y lo podemos hacer mejor que cualquiera, dame el espacio. Pero aun así muchas veces ese espacio no aparece y entonces hay que buscarle la vuelta”, agregó.
El jerarca advirtió que los organismos internacionales de crédito y las multilaterales “son las que deciden la consolidación de las empresas públicas con el gobierno nacional” y estos organismos “marcan unas reglas de juego globales” que “en el fondo les sacan eficiencia a las empresas públicas para que el negocio lo pueda hacer otro y quedarse así con el beneficio de ese negocio”.
“Son las reglas de juego mundial y hay que adaptarse. Tenemos que adaptarnos a no tener espacio fiscal y no poder hacer nosotros las obras necesarias. Y así vamos privatizando obras”, dijo Casaravilla. Como ejemplos recientes mencionó la compra de medidores inteligentes y la obra de construcción de una línea de extra alta tensión de Tacuarembó a Melo, ambos emprendimientos que se hicieron mediante leasing y que “salen más caros que si los hiciera la UTE”.
“Me encantaría no hacer leasings para inversiones que serían más baratas si las hacemos nosotros, pero hay que adaptarse a esta realidad. Los corporativismos están tomando el control del mundo, y si no nos damos cuenta de eso y tratamos de encontrar los caminos de supervivencia, simplemente nos vamos a quedar agarrados de la bandera”, sostuvo.
“Las cosas se tienen que hacer. Uno puede pararse y decir: si no lo hago yo no lo hace nadie, pero ahí se comprometen los objetivos como país. Hay que buscar la forma de que las inversiones se realicen en tiempo y forma, aunque ello signifique recurrir a inversión privada”, añadió.
Compartida.
Consultado sobre la reciente decisión del Ministerio de Economía de quitar US$ 173 millones del Fondo de Estabilización Energética (FEE) para destinarlo a obras de infraestructura, Casaravilla dijo que la medida “está dentro de las potestades del Ejecutivo” que “decide qué hacer” con esos recursos. Además, dijo que dicha situación también se enmarca “dentro de los lineamientos macroeconómicos” que “se deben cumplir”.
“Comparto lo que ha dicho el ministro de Economía, que gracias al cambio de la matriz eléctrica el Fondo requiere tener menos plata guardada”, añadió. Sostuvo que “si esa plata se usa para infraestructura, bienvenido sea, porque se precisa”, aunque dijo que “el sector eléctrico también tiene sus necesidades”.
“Planteamos casi semanalmente esas necesidades cada vez que discutimos los planes de inversión con el Ejecutivo. Pero una vez que se toma esa decisión no tenemos más que atenderla”, dijo.
Actualmente el FEE tiene unos US$ 300 millones. Esa cifra se fijó en 2014 como el monto necesario para tener reservas en caso de sequías, que afectan la producción de energía eléctrica. Con una nueva matriz eléctrica con más participación de energías renovables, el Ejecutivo hizo una revisión del dinero que se precisa en el FEE en la actualidad, y lo situó en US$ 80 millones. A ese monto se le suma un 50% extra por cualquier eventualidad, por lo que la cifra final es de US$ 120 millones. El resto del dinero es lo que se pretende utilizar en otras áreas.
La decisión del gobierno generó varias críticas desde la oposición, que entiende que ese dinero tendrá un destino diferente al que tiene previsto. Algo similar planteó el sindicato de UTE, Agrupación UTE (Aute). Su presidente, Gabriel Soto, dijo a El Observador que “no es correcto” utilizar para infraestructura fondos que tienen por objetivo “garantizar que no se disparen las tarifas”. Esos fondos, afirmó, se podrían utilizar en inversiones para reducir las tarifas.
También se plantearon dudas, durante la comparecencia del Ministerio de Economía en la Comisión de Hacienda de Diputados, sobre la legalidad de la decisión. Varios legisladores de la oposición cuestionaron si se podía, mediante un decreto, modificar el destino de un dinero que había sido reglamentado por ley.
Fuentes del Poder Ejecutivo vinculadas al tema dijeron a Búsqueda que tienen la convicción de que no hace falta una ley adicional para aprobar la transferencia, pero que analizarán con detenimiento el asunto para dar garantías.
