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    Llamado de atención desde el campo

    N° 1952 - 11 al 17 de Enero de 2018

    , regenerado3

    La XXII Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda, publicada en la última edición de 2017, mostró que el empresariado uruguayo encara este nuevo año con un cauto optimismo. La mayoría prevé que su actividad crecerá, pero sin aumentar la cantidad de personal en su plantilla. Un tercio tiene decidido no hacer inversiones; el resto iniciará nuevas o seguirá con las que ya estaban en marcha.

    El sondeo reveló, además, que de cara a este 2018, las preocupaciones principales —compartidas por una amplísima mayoría de empresarios, de todos los sectores de actividad— son el “costo país”, la “baja competitividad” y para muchos, el llamado “atraso cambiario”. En los días en que respondieron el cuestionario, el Poder Ejecutivo justo había anunciado que los habituales ajustes de tarifas públicas de enero serían, esta vez, en algunos casos, por encima de la inflación.

    El clima de descontento por estos temas que captó la encuesta empezó a exteriorizarse públicamente en los últimos días por parte de grupos de productores agropecuarios, que —por fuera de sus organizaciones— convocaron a asambleas para evaluar posibles medidas de protesta, como interrumpir el suministro de alimentos frescos a Montevideo y a zonas balnearias. Los ruralistas tenían la expectativa de mantener una reunión con el Poder Ejecutivo para plantear sus inquietudes, que consideran urgentes, pero la fecha de realización todavía no está clara.

    Ya días antes, algunas asociaciones de productores habían planteado la idea de hacer movilizaciones, frente a lo cual el presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, tomó distancia, entrevistado la semana pasada en Búsqueda: “Nuestro piquete es el diálogo”.

    Más allá de esos posicionamientos de los empresarios del campo y sus gremiales, lo cierto es que el agro uruguayo atraviesa dificultades. La realidad de algunos rubros es especialmente compleja por factores climáticos, de mercado, el dólar débil y un alto endeudamiento en un contexto de caída de la rentabilidad del negocio. Eso ha sido reconocido incluso en análisis elaborados por técnicos del gobierno, publicados en diciembre; la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del ministerio del ramo proyectó para el conjunto del sector un “estancamiento” (0,01%) en 2018, porque el crecimiento esperado de la ganadería compensaría el retroceso previsto para la agricultura y la forestación.

    La misma oficina gubernamental reconoció que el campo soportó el año pasado una mayor carga impositiva que el anterior: pagó al fisco casi US$ 280 millones, 10% más que en 2017. Así, la presión fiscal —el total de tributos abonados respecto al Producto Bruto Interno sectorial— trepó a 8,8%, el máximo desde 2014. Eso, además, en un contexto de “menor rentabilidad”.

    El gobierno se expresó preocupado ante la posibilidad de que una protesta de productores termine afectando a la población y al turismo, en una temporada de verano esperanzadora. Es válida esa inquietud, pero también debería atender el llamado de atención del campo para buscar soluciones a los problemas. Y el camino del diálogo, más temprano que tarde, parece ser lo más sensato para todos.