Los Pandora Papers revelan el alcance del trabajo desarrollado por estudios jurídicos para políticos brasileños acusados de corrupción

Posadas, Posadas & Vecino y Asiaciti Trust armaron una compleja estructura de sociedades anónimas que no fue informada a las autoridades uruguayas y crearon documentos con fechas antedatadas que permitieron justificar transferencias bancarias calificadas años más tarde como coimas por la Justicia de Brasil

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Nº 2144 - 14 al 20 de Octubre de 2021

escribe Guillermo Draper

El exdirector de Abastecimiento de Petrobrás Paulo Roberto Costa era conocido en 2014 como el “hombre bomba”. Uno de los primeros en caer en el marco de la Operación Lava Jato a mediados de ese año resolvió declarar como arrepentido a cambio de una reducción de su condena. El 19 de diciembre de 2014 el diario O Estado de São Paulo divulgó varios nombres identificados por el “hombre bomba” en sus delaciones como presuntos implicados en la trama de corrupción más grande en la historia de Brasil.

Ese 19 de diciembre de 2014, a las 11.56, un funcionario del estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV) envió un correo electrónico a Asiaciti Trust, un proveedor de servicios societarios, para ordenarle que disolviera tres sociedades anónimas, dos de las cuales tenían como beneficiarios finales a políticos de primera línea de Brasil: el diputado Eduardo Cunha y el presidente de la cámara baja, Henrique Eduardo Lyra Alves, quien había sido mencionado de manera explícita en el artículo de O Estado de São Paulo.

Ese correo electrónico y cientos de documentos incluidos en los Pandora Papers, expedientes judiciales de Brasil y Uruguay muestran el rol que desempeñaron el estudio PPV y Asiaciti Trust en la provisión de servicios a políticos brasileños luego acusados de corrupción, lo que incluyó la creación de estados contables y resoluciones para justificar movimientos de dinero. También permiten ver cómo el bufete uruguayo entregó información parcial sobre el tema a las autoridades locales, según el análisis desarrollado por Búsqueda en los últimos meses.

Arresto por corrupción de Eduardo Cunha, impulsor del juicio político de la ex presidenta Dilma Rousseff. Foto: AFP.

Un cliente

En agosto del 2015 la Fiscalía General de Brasil denunció ante el Tribunal Supremo a Cunha, entonces presidente de la Cámara de los Diputados. La investigación tuvo como uno de sus orígenes la información que había llegado a Brasilia desde Suiza, donde la Justicia detectó movimientos de dinero en una cuenta cuyo beneficiario final era el político.

Ante la sucesión de noticias negativas respecto a su cliente, el estudio PPV presentó el 21 de octubre de 2015 un reporte de operación sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central en el que incluyó una descripción de los servicios que le proveyó a Cunha.

De acuerdo con ese relato, en 2008 el banco Merrill Lynch Suiza —hoy Julius Bär— le solicitó al estudio “incorporar una compañía para uno de sus clientes”, con el objetivo de realizar “una inversión empresarial”.

El reporte sostiene que el estudio uruguayo, a través de Asiaciti Trust Services Singapur, constituyó una sociedad en esa jurisdicción llamada Netherton Investments. Esa estructura se completaba, según el ROS, con el siguiente esquema: el accionista de Netherton era un trust de Nueva Zelanda llamado Golden Trust y el fiduciario de Golden Trust era, a su vez, PVCI New Zealand Trust Co. Limited, este último parte de PPV.

“La inversión empresarial que motivó la constitución de Netherton nunca se produjo, por lo cual la sociedad no operó”, dice el reporte.

El estudio PPV sostuvo en el ROS que “en el mes de febrero de 2015, debido a la muy alta exposición política que alcanzó el señor Eduardo Cunha en la República Federativa de Brasil, si bien no se habían despertado sospechas respecto a los fondos existentes en la cuenta de Netherton, se consideró que no resultaba conveniente que PVCI New Zealand Trust Co. Limited continuara prestándole servicios como trustee”.

Arresto de Henrique Eduardo Lyra Alves por estar involucrado en corrupción durante la construcción de un estadio para la Copa Mundial 2014. Foto: AFP.

Estructura compleja

Los Pandora Papers y otros documentos analizados dan un panorama más complejo que el descrito en el ROS que presentó el estudio uruguayo a las autoridades.

Cuando PPV se contactó en 2008 con Asiaciti Trust, no fue solo para constituir una sociedad para Cunha, sino un entramado de empresas en diversos países para canalizar una inversión en el sector energético dentro de Brasil que rondaría los US$ 30 millones, según surge de los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) .

En mayo del 2010, Asiaciti le envió un correo a PPV para responder a unas consultas acerca de la estructura que estaban armando, que tenía entre ellas a Netherton, la sociedad de Cunha; Bellfield Investments, cuyo beneficiario final era Lyra Alves; y una tercera llamada Linridge Holdings, cuyo beneficiario era Marcelo Paes Fernandez Conde.

“Entendemos que cada una de dichas empresas de Singapur son o se convertirán en accionistas de la empresa de Luxemburgo. A su vez, Luxemburgo poseerá el 100% de las tres empresas subyacentes de Hong Kong”, detalla la comunicación de Asiaciti Trust a PPV. “Además, entendemos que todo el capital emitido de cada empresa de Singapur será propiedad de tres fideicomisos extranjeros de Nueva Zelanda, es decir, un fideicomiso extranjero de Nueva Zelanda separado será propietario de cada empresa de Singapur”.

Toda esa estructura fue creada por Asiaciti Trust a pedido del estudio PPV, cuyos funcionarios tenían poder de representación de las sociedades. También se abrieron cuentas bancarias para Bellfield, Netherton y Linridge, las tres sociedades de Singapur.

Al menos hasta el 2015, el estudio PPV coordinó con Asiaciti Trust la elaboración de los estados contables de las tres sociedades en conjunto, como si estuvieran relacionadas entre sí. De hecho, desde la cuenta de Bellfield se pagaron gastos de las otras sociedades, según documentos incluidos en los Pandora Papers.

Asiaciti Trust

Documentos antedatados

Uno de los momentos en los que el rol del estudio uruguayo y su trabajo con las tres sociedades en conjunto queda expuesto en los Pandora Papers fue cuando funcionarios de Asiaciti Trust y PPV discutieron cómo debían figurar en los estados financieros de 2011 de Bellfield más de US$ 900.000 que la sociedad había recibido en una cuenta bancaria.

En sus correos internos, los funcionarios de Asiaciti Trust en Singapur expresaron su sorpresa por la aparición de ese dinero en los estados financieros, cuyo borrador había sido redactado en Montevideo, y la existencia de una cuenta bancaria de la sociedad anónima en el Merrill Lynch de suiza. Tras un breve intercambio de mails, definieron que lo mejor sería que ese dinero, que había ingresado a la cuenta en tres transacciones, figurara como un “préstamo” del accionista de Bellfield a su propia compañía.

En marzo de 2012, una de las empleadas de Asiaciti Trust, cuya oficina estaba en Montevideo, envió mails a sus colegas con borradores de las resoluciones de Premier Trust —creado para operar como accionista de Bellfield y con Lyra Alves como beneficiario final— en las que se otorgan esos supuestos “préstamos”.

“Por favor, encuentren adjuntas las resoluciones del trust. ¿Podrían confirmar si el texto de las resoluciones está bien? Si lo confirman, Posadas enviará los documentos para firmar”, dice el mail, fechado el 20 de marzo del 2012, dirigido a otros empleados de Asiaciti Trust. El material adjuntado eran documentos de Word creados días antes.

En mayo de ese año los estados financieros de las sociedades de Singapur propiedad de los políticos brasileños seguían sin firma por las dificultades con Bellfield.

Cuando consultaron a una empleada de Asiaciti Trust por qué el asunto no estaba cerrado, respondió: “Perdón pero no tengo ningún update. Posadas me dijo que los clientes son demasiado difíciles y probablemente esto tome un tiempo largo; en cualquier caso, estoy en contacto permanente con Posadas”.

La espera rindió.

Entre los Pandora Papers hay un documento firmado por Henrique Eduardo Lyra Alves, con fecha 3 de octubre del 2011, aunque su creación es posterior, en el que instruye a PVCI New Zealand Trust que, en su calidad de fiduciario, disponga que Premier Trust tres préstamos a su compañía Bellfield: uno el 4 de octubre de 2011, otro el 18 de noviembre de 2011 y el último el 7 de diciembre de 2011. De ese modo, las órdenes coincidirían con las fechas en las que efectivamente Bellfield recibió las transferencias.

En el material filtrado también aparecen las resoluciones de PVCI New Zealand, firmadas por Luis María Piñeyrúa y Jorge Haiek, dos funcionarios de una filial de PPV que tenían poder de representación de varias sociedades involucradas en el esquema, en los que se otorgan esos supuestos préstamos.

La fecha de esas resoluciones coincide con las que incluyó Lyra Alves en su “instrucción”. Los borradores de todos esos documentos fueron confeccionados meses después de que el dinero estuviera en la cuenta de Bellfield y tuvieran que idear cómo justificar su llegada.

Los más de US$ 900.000 que recibió Bellfield en 2011 —en tres transferencias sucesivas de US$ 352.000, US$ 372.000 y US$ 180.000— fueron pagos de coimas a Lyra Alves, según un fallo judicial de Brasil de 2018. En esa sentencia, cuyo contenido fue divulgado por Sudestada, se menciona que el estudio uruguayo trabajaba para el político y su sociedad anónima.

Cuando recibió el dinero y luego se discutió cómo incluirlo en el estado financiero, Lyra Alves era diputado y líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, grupo político de Cunha.

Posadas, Posadas & Vecino

“De inmediato”

El manejo conjunto por parte de PPV de las tres compañías, dos de las cuales quedaron vinculadas al pago de coimas en Brasil, volvió a quedar explícito cuando en diciembre del 2014 el funcionario del estudio le envió un correo a Asiacti Trust: “Les escribo para ordenar la disolución de Bellfield Investments Pte. Ltd., Linridge Holdings Pte. Ltd., y Netherton Investments Pte. Ltd., compañías incorporadas bajo las leyes de Singapur. Por favor envíenos lo que necesiten para proceder”.

Ese mail coincidió con la divulgación de los nombres de varios políticos presuntamente involucrados en el Lava Jato, y si bien Cunha no apareció en los medios ese día, sí lo hizo el beneficiario final de Bellfield, Lyra Alves.

El mail fue enviado dos meses antes de que Cunha, el beneficiario final de Netherton, se volviera una figura de “muy alta exposición política”, el argumento utilizado por PPV para justificar su decisión de dejar de trabajar para ese político.

Cunha comenzó a aparecer en los principales medios internacionales como uno de los presuntos involucrados en el esquema de corrupción de Brasil a fines del 2014. De hecho, en enero de 2015, el entonces diputado negó en posteos de Twitter tener cualquier vínculo con quienes pagaron coimas.

Mientras esas noticias comenzaban a aparecer en los medios, la disolución de las sociedades de Singapur estaba demorada porque en Asiaciti Trust necesitaban documentación complementaria para presentar a las autoridades. El 10 marzo del 2015, el funcionario del estudio PPV apuró a sus contrapartes. “Debemos proceder con la liquidación tan pronto como sea posible”, escribió en un correo.

Las sociedades no pudieron ser disueltas. La relación entre Asiaciti Trust y PPV se complicó en octubre de 2015, cuando las acusaciones contra Cunha por presunta corrupción y por el uso de las cuentas bancarias de Netherton llegaron a los medios. Asiaciti Trust decidió presentar su propio ROS ante las autoridades de Singapur, en el que atribuyó al estudio uruguayo la responsabilidad sobre haber acercado al cliente y el posterior manejo de la sociedad anónima cuestionada.

Un choque similar tuvo lugar cuando Lyra Alves y Bellfield quedaron involucrados, en 2017, en una investigación derivada del Lava Jato.

Luis Pacheco. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

“El diario del lunes”

Parte de los servicios que brindó el estudio PPV a Cunha quedaron expuestos en un fallo de la Justicia de Brasil, que fue divulgado en Uruguay por Sudestada en 2017. A partir de esa nota, el fiscal Carlos Negro presentó una denuncia en Crimen Organizado para que se investigara la conducta del bufete local.

El caso pasó a manos del fiscal Luis Pacheco, quien consiguió que en noviembre del 2018 Brasil enviara parte de la documentación del caso que se desarrollaba en ese país. A su vez, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos (Senaclaft) informó en marzo del 2019 al juzgado que analizaba posibles incumplimientos de PPV de las normas vinculadas al combate al blanqueo de capitales.

El 11 de diciembre de ese año, la Senaclaft informó al fiscal Pacheco que “la responsabilidad administrativa” en el caso no correspondía a Luis María Piñeyrúa porque “no actuó en nombre propio”, sino como parte del estudio.

Ante esto y sin citar a declarar a nadie, el fiscal Pacheco propuso a comienzos de diciembre de 2019 el archivo de la causa.

La investigación revivió cuando a fines de ese mes llegó documentación desde Brasil. “La información remitida por las autoridades judiciales brasileñas es reiterativa en lo sustancial de la ya obrante en autos; no obstante, y previo a dictaminar en definitiva, la Fiscalía solicita se reciba la declaración de Luis María Piñeyrúa, en calidad de indagado”, planteó Pacheco al juez del caso en febrero de 2020.

La Senaclaft, por su parte, aprobó un dictamen en marzo del 2020 en el que consideró que “las operaciones en las que intervino” el estudio uruguayo y “que podrían ser pasibles de un reproche en materia de prevención de lavado de activos han sido realizadas con anterioridad al plazo de cinco años que establece la normativa para la conservación de registros y documentación respaldatoria de la debida diligencia del cliente”. Por eso, la secretaría concluyó que del análisis del expediente, que incluyó inspecciones y consultas al estudio, no se desprendían “incumplimientos a la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte del sujeto obligado en los últimos cinco años que lo hagan pasible de sanción”.

En la Justicia penal el estudio defendió su trabajo. “Hoy, con el diario del lunes mediante, sabemos que esos clientes cometieron delitos, aunque, por supuesto que sin ninguna colaboración de nuestra parte, pero no es ese su perfil relevante respecto a su relación con el estudio”, dice el escrito, que integra el expediente al que accedió Búsqueda. “Ocurre así con todos los que no siendo delincuentes después pasan a serlo, pero reprochar a quienes se relacionaron con ellos antes de que se conociera que habían delinquido, el haber tenido algún vínculo con delincuentes es inadmisible y denota un sesgo reñido con la forma en que debe actuar la administración”.

PPV destacó que presentó ROS en cada oportunidad que uno de sus clientes fue acusado por presuntas irregularidades. Sostuvo que “en las distintas operativas” en las que participó y fueron objeto de análisis por parte de la Secretaría Antilavado “intervinieron siempre bancos e instituciones financieras de enorme trayectoria”. Los bancos dijeron al estudio que se trataba de “personas de bien” y los dineros tenían “orígenes lícitos”.

A pedido del fiscal Pacheco, el 12 de junio de 2020 la jueza Adriana Chamsarián archivó el caso.

La semana pasada Búsqueda envió una decena de preguntas a PPV entre las que preguntaba si el estudio había presentado un ROS por Bellfield y Lyra Alves o por qué no los incluyó en su reporte inicial sobre Cunha y Netherton. También se le preguntó por la decisión de hacer figurar como “préstamos” el dinero que Bellfield recibió en su cuenta bancaria en 2011 y que años después fue calificado por la Justicia de Brasil como pagos de sobornos.

El estudio decidió no responder a las preguntas.

Pandora Papers
2021-10-14T01:19:00