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Hubo varias reacciones en cadena tras la publicación de pasajes de un informe policial sobre el caso de la contratación de la empresa de ambulancias Siemm en el Hospital de Bella Unión. La primera ocurrió sobre la noche del mismo jueves 5, cuando Búsqueda dio a conocer algunas de las apreciaciones que contenía el documento entregado al fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco. El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, se reunió con Rodrigo Barcelona, Federico Eguren y Marcos García, los tres propietarios de la empresa en cuestión y, además, directores de hospitales. Los jerarcas estuvieron acompañados de su abogada, Cecilia Salom. Carámbula los citó para escucharlos. Para que dieran su versión sobre las conclusiones de un informe que, entre otros puntos, sostiene que los tres directores recabaron información del hospital para fundar a Siemm, que las autoridades sanitarias del momento desoyeron advertencias sobre conflicto de intereses, que la empresa facturó IVA por duplicado en la “mayoría de las órdenes”, y que además cobró una “cantidad importante” de traslados de “personas que no existen”, pues los nombres y/o cédulas de identidad que surgen en las boletas del servicio de emergencia móvil no figuran en el registro de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC).
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Durante esa tarde del jueves, horas antes de la reunión con el presidente de ASSE, Salom ya había salido al cruce. En declaraciones recogidas por el portal de El Observador, la abogada del estudio del penalista Gonzalo Fernández dijo que la información fue controvertida en el Juzgado con pruebas documentales. Además, calificó a estos extractos del informe como una “grosería policial” que es “sumamente grave”.
“Cuando se traslada a un niño recién nacido por razones médicas, el niño no tramita antes la cédula”, explicó sobre el traslado de “personas que no existen”. “Tampoco es cierto que se haya facturado con IVA o sin IVA a piacere. Todos los traslados se hicieron de acuerdo a las licitaciones a las que legalmente concurrió Siemm”, dijo sobre lo del cobro de IVA duplicado. Los directores también enviaron una extensa carta a Búsqueda (ver Cartas al Director) donde señalan que el “memorando policial divulgado, elaborado antes de ser siquiera notificados de la existencia de la indagatoria judicial y de prestar declaración ante el Juzgado competente”, los “incrimina y atribuye la supuesta comisión de diversos hechos ilícitos” con “información inexacta y errónea”.
Los tres médicos involucrados le dieron sus explicaciones a Carámbula. Y el presidente de ASSE les comunicó que aguardaría a la decisión de la Justicia antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro al frente de los centros de salud.
Los tres médicos involucrados le dieron sus explicaciones a Carámbula. Y el presidente de ASSE les comunicó que aguardaría a la decisión de la Justicia antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro al frente de los centros de salud. Eguren es director del Hospital Pereira Rossell; Barcelona es director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, y García es director del Hospital de Salto.
El nuevo directorio de ASSE está manteniendo reuniones semanales con los directores regionales de los hospitales de todo Uruguay para ponerlos al tanto sobre los llamados a concurso para ocupar puestos de dirección en los centros de salud públicos. El miércoles 11 hubo una reunión con los directores de la región sur. Según dijo a Búsqueda el gerente general del organismo, Alarico Rodríguez, se trata de encuentros de presentación de este proyecto en elaboración, donde se explican las bases generales del concurso. Rodríguez aclaró que por ahora no está previsto que haya remociones de directores.
Denuncia contra el Ministerio del Interior.
Hubo más reacciones al informe policial. El viernes 6, los tres directores, patrocinados por Salom, presentaron una denuncia ante el Ministerio del Interior. El escrito, al que tuvo acceso Búsqueda, dice que “sin perjuicio de demás acciones legales que por derecho correspondan”, los médicos reclaman el “apartamiento inmediato” del funcionario policial asignado al expediente judicial y encargado de realizar el informe entregado a Pacheco.
“La continuidad de su actuación en ese expediente dista largamente de ofrecernos las mínimas garantías de imparcialidad, probidad e integridad que requiere la Ley Orgánica para el debido desempeño de la función policial, expresamente consagradas entre los deberes inherentes al Estatuto Policial”, señala el documento. Los médicos aclaran que “recién” en febrero de este año fueron citados en el marco del proceso judicial y ahí “por vez primera” accedieron al expediente. “La difusión del memorando del funcionario policial denunciado nos irroga graves e ingentes perjuicios” y “supone un evidente desconocimiento del derecho de defensa”. Además, solicitan que se haga una investigación administrativa de los hechos. Agregan que “más allá de la impertinencia o inexactitud de las conclusiones policiales publicadas en la prensa”, en este ámbito especifico “la cuestión central pasa por la indebida difusión del memorando”.
Se resolvió que legisladores de los cinco partidos políticos de la oposición formarán un grupo de abogados para presentar en la Justicia nueva documentación de lo sucedido en el Hospital de Bella Unión.
Para los directores es “harto presumible” que haya sido el funcionado policial asignado al expediente el que “se lo haya proporcionado a la prensa para su propagación pública”. Por eso reclaman una investigación administrativa.
Más pruebas.
En tanto, el miércoles 11 se resolvió que legisladores de los cinco partidos políticos de la oposición formarán un grupo de abogados para presentar en la Justicia nueva documentación de lo sucedido en el Hospital de Bella Unión con la contratación del servicio de ambulancias de la empresa Siemm. La decisión, en la que se estuvo trabajando en la tarde del miércoles 11, fue confirmada a Búsqueda por el diputado blanco Martín Lema.
Los abogados analizarán todos los testimonios que se dieron en la comisión parlamentaria que investiga la gestión de ASSE, documentación del directorio del organismo, registros del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), resoluciones de la adjudicación y dictámenes del Tribunal de Cuentas.
