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A lo largo de su historia las principales empresas públicas —Ancap, UTE y Antel— tuvieron un desempeño económico “robusto” y por “muchos años han sido una importante fuente” de ingresos para el Estado. También OSE revirtió en las últimas décadas su déficit y dejó de depender de los subsidios que le transfería el gobierno central. En cambio, AFE mostró un persistente resultado negativo combinado con “pobres inversiones” que derivan en un “atraso tecnológico, ineficiencia y la necesidad de grandes subsidios estatales”.
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Con una perspectiva de largo plazo, eso concluye la investigadora económica Magdalena Bertino en un trabajo que circuló en el marco del segundo Seminario internacional de Empresas Públicas, efectuado el martes 2 y ayer miércoles 3 en la Torre de las Telecomunicaciones. “La mayoría de las empresas estatales ha mejorado significativamente su eficiencia para cumplir con sus objetivos fundamentales”, afirma.
“El ánimo de fomentar estos espacios de reflexión es porque somos conscientes de que nunca ninguna batalla está ganada. Nunca nos podemos dormir en los laureles; los avances de la privatización no se terminaron en los noventa. No terminamos de ganar en el 92 y en 2002, siempre tenemos que estar atentos”, dijo la presidenta de Antel, Carolina Cosse, al hablar en ese foro organizado por el ente de las telecomunicaciones y la organización Transnational Institute de Holanda.
En el documento, Bertino —quien es coordinadora del área de Historia Económica del Instituto de Economía de la estatal Facultad de Ciencias Económicas y de Administración— repasa los impulsos reformistas en torno a las empresas públicas y su incidencia en la economía.
Señala que “la sociedad uruguaya ha favorecido históricamente un papel hegemónico del Estado”, aunque algunas actividades y servicios se redujeron o fueron suprimidos, como la producción de alcohol y productos químico, o los trenes de pasajeros. También se desmonopolizaron la generación de electricidad, los servicios postales y parte del mercado de seguros, y se abrió la competencia en la telefonía móvil. “Otras medidas destinadas a la reducción de la influencia de las empresas estatales fueron el otorgamiento de concesiones de obras públicas y la promoción de las asociaciones público-privadas”, sostiene la investigadora.
Dice que desde 1973 —y sobre todo en la década de 1990— ocurrió una “fuerte y sostenida reducción del número de trabajadores” de los entes, que pasó de 65.000 a alrededor de 30.000 en el año 2000. En ello incidieron cambios tecnológicos, pero “gran parte” fue por el cierre de los servicios considerados “no estratégicos” y la tercerización de actividades. Como un “caso extremo” menciona la Administración Nacional de Puertos después de la aprobación de la ley de puertos, en 1992, que dio más espacio a las empresas privadas.
Observa como otro “fenómeno de importancia económica y política” surgido en los últimos años, la creación de “numerosas” sociedades de propiedad de los entes que funcionan bajo el derecho comercial privado, “rompiendo con la tradición histórica” de lo público en el país.
La disolución de Pluna en 2012 y la falta de inversión pública en AFE son, en opinión de Bertino, “signos de la incesante corporativización de las empresas estatales y el avance del capital privado, que marcan la continuidad de las políticas favorables al mercado iniciadas por los gobiernos anteriores”.
Aporte económico
Según la investigación, a finales de la década de 1930 la suma del valor agregado aportado por Ancap y UTE representaba 2% del Producto Bruto Interno. El desarrollo de esos entes y la creación de OSE en los años sesenta elevó esa contribución a 4%, y en los ochenta, después de la fundación de Antel, se incrementó a 6%. Y trepó hasta 10% al término de la década siguiente.
En el estudio también se analiza la incidencia fiscal de los cuatro principales entes. Tanto sus ingresos como las transferencias netas con la Tesorería fueron positivos en su conjunto por lo menos hasta mediados del siglo XX, y luego aumentaron “considerablemente” desde la década de 1990 “contribuyendo así en gran medida a las cuentas del Estado”, se afirma. “Esta evolución positiva significa que las empresas estatales han contribuido a una reducción apreciable del déficit fiscal, aunque ha habido debates políticos intensos en cuanto a si las tarifas de las empresas públicas deben ser utilizados como un medio para recaudar ingresos para el Estado”, dice Bertino.
Según la historiadora económica, “después de un largo y contradictorio proceso, las tarifas de los servicios públicos” se fueron haciendo “más realistas y las subvenciones” se redujeron. “Importantes programas para mejorar la gestión y la modernización de las operaciones de las empresas estatales se llevaron a cabo”, agrega.
“Sin lugar a dudas, podemos decir que las cuatro empresas mencionadas aquí nunca fueron una carga para los contribuyentes”, sentencia la investigadora.
Sin embargo, los números de los principales entes mostraron una desmejora en el inicio de 2014. En los primeros siete meses arrojaron una pérdida de casi U$S 85 millones, que contrasta con las ganancias por algo más de U$S 300 millones que habían obtenido en igual período del año pasado, según las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ello explica en parte el deterioro del resultado fiscal, que se frenó en julio (ver nota en esta misma página).