Los intendentes frenteamplistas preocupados porque el gobierno mantenga las transferencias económicas y piden rever criterios

Está previsto que José Luis Falero, actual subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y exintendente de San José, presente cuáles serán los lineamientos del gobierno. El Frente Amplio ya tiene definido que su posición será la de que “como mínimo debe mantenerse lo que ya se aporta”.

Por último, se plantea la preocupación por “la quietud que muestra el gobierno nacional en la atención a las intendencias, congelando incluso las transferencias, cuestión que representa una reducción de 6% en términos reales”.

“Este gobierno ha mantenido intocados todos los programas que ya existían, sin crear una sola nueva iniciativa. Esos programas fueron creados para un país que ya no somos”, agrega. Y enumera algunas de las demoras que están enfrentando las intendencias: deudas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con la comuna de Rocha, atrasos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con Salto, entre otras.

Las transferencias que hace el gobierno nacional a las intendencias forman gran parte del presupuesto de las comunas. En algunos casos significan el 40%, mientras que en otras pueden llegar al 50%. Es por eso que el intendente de Paysandú, Mario Díaz, dijo a Búsqueda que “cualquier afectación que haya impactará de forma muy significativa en las posibilidades de las intendencias”.

El jefe comunal frenteamplista agregó que la economía municipal ya está sufriendo a causa de los impactos que produjo el Covid-19, ya que, por ejemplo, bajó la recaudación por pago de patentes o de contribución inmobiliaria.

En la ley de Presupuesto Nacional para 2001-2005 y 2006-2010 se incorporaron las reformas a la Constitución Nacional realizadas en 1996, estipulando que en cada período de gobierno debe distribuirse una alícuota del gasto presupuestal entre los gobiernos departamentales, que fue aumentando gradualmente (desde 3,18% en 2001 a 3,54% en 2005, para fijarse en 3,33% desde 2006).

Otro artículo de la Constitución regula las transferencias del Fondo de Desarrollo del Interior —FDI—, formado por una alícuota (cerca del 11%) de los impuestos que el gobierno central recauda de los departamentos del interior del país. Sin embargo, solo el 33,5% de la financiación del FDI se dirige a los gobiernos departamentales y el 66,5% es ejecutado directamente por el gobierno central.

Tomando en cuenta estos porcentajes, el intendente de Paysandú estima que con la caída de la recaudación para el próximo año las comunas dejarán de percibir unos 1.600 millones de pesos. Si el Poder Ejecutivo decidiera reducir el 3,33%, el impacto sería mayor. Díaz puso como ejemplo que en el caso de Paysandú eso significaría unos 120 millones de pesos, que representan un tercio del dinero que la comuna sanducera destina a inversión.

Una de las propuestas que llevarán los intendentes frenteamplistas es que se aumente el 33,5% de la financiación del FDI que hoy va para los gobiernos departamentales del interior del país y que pase a ser 50%. Y plantean que ese 16,5% que se podría aumentar sea destinado exclusivamente a proyectos de los municipios, de modo de asegurar la descentralización. Además, plantean que se revea el criterio con que se reparte este dinero, ya que cuando se definió hace más de una década los porcentajes correspondientes a cada intendencia —según diversos criterios socioeconómicos— la situación de cada departamento cambió.

El plazo para negociar la propuesta que se incluirá en el proyecto de ley de Presupuesto es el 31 de julio, pero los intendentes frenteamplistas aspiran a poder llegar a un acuerdo antes.