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Tras retomar la actividad luego de la feria judicial de enero, los jueces resolvieron mantener el conflicto que los enfrenta con el Poder Ejecutivo por un abultado adeudo salarial. Para ello presentarán acciones de inconstitucionalidad contra la ley impulsada por el gobierno a fines del año pasado que les otorga un aumento del 8% en lugar del 21,6% que reclaman y ofrece 4 salarios líquidos como compensación por retroactividad.
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Así lo decidió una reunión de directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) realizada el lunes 2, fecha en la que asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia el ministro Jorge Chediak y se realizó el tradicional acto de apertura de los tribunales.
Fuentes de esa gremial dijeron a Búsqueda que promoverán acciones de inconstitucionalidad contra la norma porque están seguros de que varias de sus disposiciones se oponen a la Carta Magna. Esa es una señal de que se está pensando en un conflicto de largo aliento, señalaron las fuentes, ya que la primera sentencia sobre esa ley puede demorar varios meses. Una vez que eso ocurra, puede promoverse un juicio de “cobro de pesos” para cobrar la totalidad de la suma adeudada más los reajustes e intereses.
“Es como tener plata en el banco porque seguro que vamos a cobrar, el tema es cuándo”, resumió un experimentado magistrado consultado por Búsqueda.
“El gobierno no nos dejó otro camino, porque la oferta plasmada en la ley es irrisoria y no es ni siquiera una base que permita negociar. Nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación”, agregó otro juez.
El nuevo presidente de la Corte optó por un mensaje cauto al asumir su cargo, lo que pareció bajarle el tono a la polémica.
En la ceremonia pública realizada el lunes 2 en el Palacio Piria, a la que no asistió el presidente José Mujica pero sí lo hicieron el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero y los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Ricardo Ehrlich (Educación), Chediak enfatizó el clima de tolerancia que reina en Uruguay en comparación con otros países de la región.
El presidente de la Corte dijo que en materia de independencia judicial Uruguay “sigue siendo la Suiza de América” y que cada vez que sale del país siente “orgullo” de representar al Poder Judicial.
“Como es tradicional, el país donde más se confía en todo el continente en el Poder Judicial es Canadá. Luego viene Uruguay, muy cerca y luego Costa Rica y Estados Unidos”, destacó. A su juicio, estos niveles son producto de una “estructura democrática” que existe en el país. “Uruguay integra el pequeño grupo de 25 democracias plenas que existen en el mundo. Sin duda, la única forma de que haya un Poder Judicial independiente es que haya una democracia fuerte, y en el Uruguay la hay”, subrayó.
No obstante, en declaraciones a la prensa luego de finalizado el acto, indicó que la corporación se opone a una de las disposiciones de la ley impulsada por el gobierno que afecta el presupuesto del Poder Judicial. La norma en cuestión modifica el régimen del Código General del Proceso y obliga al Poder Judicial a pagar con recursos propios las condenas en su contra.
“El problema es que el Poder Judicial no tiene fondos propios para pagar condenas judiciales, entonces se puede llegar al caso de que se incumpla con el pago de una sentencia. (...) La calidad de una democracia se mide, entre otras cosas, por el cumplimiento de las decisiones judiciales”, afirmó.
“Vamos a esperar, como es voluntad del señor presidente electo doctor Tabaré Vázquez, que asuma su cargo y luego del 1º de marzo tendremos oportunidad de establecer conversaciones al máximo nivel del Poder Ejecutivo y con el nuevo equipo económico a efectos de ver cómo, antes o durante la instancia presupuestal, podemos solucionar estos aspectos”, concluyó.
En contrapartida, el vicepresidente electo Raúl Sendic dijo que el conflicto con los jueces y los funcionarios debe resolverlo el actual gobierno.
“Por ahora no vamos a tomar participación. Eso corresponde al actual gobierno y seguramente el actual gobierno lo va a manejar. Nosotros no tenemos participación en esto”, sostuvo.
El conflicto de los jueces, funcionarios judiciales, fiscales y otros funcionarios públicos con el Poder Ejecutivo se disparó luego de que el gobierno decidiera equiparar el sueldo de los ministros de Estado con el de los legisladores, lo que ocasionó una serie de inesperados “enganches”. La Ley Orgánica de los Tribunales establece que los ministros de la SCJ no pueden ganar menos que un ministro de Estado y basándose en esa escala, establece porcentualmente el ingreso de todos los magistrados.
El gobierno intentó corregir esa situación a través de dos leyes que fueron declaradas inconstitucionales por una SCJ integrada por ministros de Tribunales de Apelaciones.
“Luto”.
La decisión de los magistrados se suma a la de los funcionarios judiciales, que también resolvieron recorrer la vía judicial. En una asamblea realizada el lunes 2, los funcionarios decidieron, por amplia mayoría, dejar de lado las medidas distorsivas de lucha que estaban llevando adelante antes de la feria judicial y concentrarse en una acción de inconstitucionalidad contra la norma.
Como nota de color, un grupo de funcionarios se vistieron de negro en señal de luto y manifestaron pacíficamente frente a la sede de la Corte durante la asunción de Chediak. Los trabajadores portaron una Constitución en la mano y cantaron el Himno Nacional cuando fue tocado por la Compañía de Zapadores, con especial énfasis en la repetición “tiranos, temblad”.
