Los jueces y la corrupción

El contenido textual de las pocas frases que se transcriben pone de manifiesto una actitud y predisposición que a mi juicio (el de un simple ciudadano) deben aclarase si son las de un juez en forma aislada, representa a más jueces o incluso a su totalidad y si son compartidas por la Suprema Corte. A juicio del letrado, en la actualidad “el último reducto de la lucha contra la corrupción es el Poder Judicial”. Esta afirmación soberbia y fuera de la realidad, pone a los jueces y demás administradores de justicia como paladines de la nación, posición que por naturaleza (son hombres y mujeres con las mismas virtudes y defectos que el resto de nosotros) y por antecedentes no corresponde. Es así, ha habido sonados casos de funcionarios, fiscales y hasta jueces que han cometido múltiples actos de corrupción y bien se sabe lo mucho que le ha costado al Poder Judicial actuar. En algunos casos las denuncias fueron muchas y permanentes y a pesar de esto se actuó con una indolencia e  indulgencia inexplicables.

En otro párrafo, y suponemos que hablando de corrupción, expresa: “El Legislativo (en su máxima expresión: la Asamblea General) salvo casos excepcionalísimos, no trata o atiende las observaciones que continuamente le remite el Tribunal de Cuentas”.

En primer lugar, el señor juez está objetando el funcionamiento de otro de los poderes del Estado, vulnerando con su opinión la independencia de este y acusando a más de 130 legisladores de… ¿de qué? ¿De incapaces, ineficientes y corruptos? No sé, no queda claro, pero se puede inferir que los acusa ya que se está refiriendo en su resolución a actos de corrupción en el Estado.

Luego y continuando con sus acusaciones al Poder Legislativo y a sus integrantes, dice: “Pero aún más, no solo no cumple con dicha tarea, sino que además, en ambas Cámaras (Diputados/Senadores) se ponen trabas al accionar de la Justicia en el tema, haciendo pesar el privilegio constitucional del cargo (fueros) de sus integrantes cuando son llamados a responder por sus actos”.

Esto es inaudito: no solo se acusa al Poder Legislativo por el no tratamiento de las observaciones del Tribunal de Cuentas, sino que también se censura la potestad de que en los casos de solicitud de levantamiento de los fueros de un legislador la Cámara respectiva entienda que no corresponde, amparada en su decisión, nada más ni nada menos, que por la Constitución de la República.

Luego continúa diciendo: esta postura “sirve a veces para demorar o entorpecer temporalmente el trámite normal de una causa determinada y otras veces, para impedir su prosecución, frustrando así la labor judicial”.

Bueno, aquí se acabaron las contemplaciones y lisa y llanamente acusa a senadores y diputados de encubridores y, por ende, de coautores de los actos de corrupción que se obstaculiza o se impide investigar por parte de la Justicia.

Para finalizar, las frases transcriptas en el artículo periodístico y analizando el tema de los fueros, nos enteramos de que: “Consecuentemente, trae aparejado poner públicamente de manifiesto la irritante desigualdad existente en comparación a todos los demás justiciables”.

Los fueros, que en esencia son una garantía que se les otorga a los legisladores durante el término de sus mandatos, son el “precio” que pagamos los ciudadanos, en nuestra potestad democrática, para otorgar la mayor libertad y seguridad posibles de actuación a nuestros representantes legislativos. Si no existieran estos fueros se correría el riesgo de judicializar la actuación de nuestros representantes, quedando abierta la posibilidad de acusarlos de todo tipo de faltas o delitos, impidiéndoles realizar las tareas para las que fueron soberanamente elegidos. La utilización del adjetivo “irritante” no agrega a la cuestión y resulta innecesario, pero sí puede ser un indicio de la predisposición del juez cuando le toca impartir justicia a quien ostenta los privilegios del instituto de los fueros, o de algún otro otorgado a cualquier ciudadano por nuestro marco constitucional y legal que resulte en una desigualdad entre los “justiciables”.

Como corro el riesgo de agraviar con mis apreciaciones al señor juez (de lo que no tengo la más mínima intención) no abundaré en el análisis, a mi juicio, de sus improcedentes afirmaciones, que aunque parezca contradictorio comparto en su esencia, pero que en defensa irrestricta de la independencia del Poder Judicial considero no pueden ser emitidas públicamente por un juez.

En un mundo donde el poder se concentra cada vez en menos personas y estas tienden a ejercerlo en forma arbitraria, donde hacer valer nuestros derechos más elementales cada vez cuesta más, la defensa que tenemos los ciudadanos de a pie es la de contar con el mejor Poder Judicial posible, independiente, fuerte en su estructura, calificado, de elevado nivel intelectual, respetuoso de la separación de poderes, exigente y enérgico en el respeto a su independencia y digno e insospechado de cualquier mal proceder. Por eso es que me sorprenden y dejan perplejos las argumentaciones sostenidas en la referida sentencia.

Como ciudadano, en el ejercicio de mis derechos, espero una aclaración del señor juez por si malinterpreté sus dichos, y si no es así, se hace a mi juicio necesario una aclaración por parte de la Suprema Corte en cuanto a si estas apreciaciones son compartidas por el órgano.

Daniel H. Báez

CI 1.465.895-4