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Sobre una idea de Martín Sturla. El procesamiento de 26 funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, 17 de ellos con prisión, por delitos de tortura cometidos en perjuicio de los internos, pone en evidencia un drama nacional de raíces muy profundas, que hace indispensable revisar con la mayor urgencia todo el sistema. Con honrado y enérgico sinceramiento.
Digo esto último porque lo que está de manifiesto es la absoluta incapacidad del Estado para resolver el problema. No estoy pensando en el gobierno, que considera “satisfactoria” la actuación ministerial porque hizo denuncia penal de hechos que no pueden menos que avergonzarnos; como si ello fuera suficiente. Tampoco pienso en los sindicatos que respaldan a los imputados, ni en los periodistas, cuyas frívolas inquisitorias más versan sobre lo “sorprendente”, “novedoso”, cuando no “severidad” de los encausamientos y no sobre los hechos en sí mismos. Todo lo cual no hace más que revelar la insensibilidad en cuanto a la cuestión de fondo, que está al rojo vivo. No, en nada de esto pienso, que es por cierto gravísimo. Todo esto lo vemos, lo escuchamos y lo que es más serio, corremos el riesgo de acostumbrarnos.
Pienso en algo más simple, elemental: la incapacidad material y moral del Estado para resolver el problema de la minoridad infractora, el de su reeducación. Si no para resolverlo, por lo menos para encararlo seriamente. No hay recursos, no hay personal especializado y, sobre todo, personal con vocación para ello.
Las fallas en la educación, la desestructuración de la familia, hicieron que esos menores cayeran en el ilícito. La recuperación no es tarea fácil, es muy delicada. Supone trabajar en ayudarlos a elaborar un proyecto vital, sustentado sobre un sentido para sus frágiles existencias. Y de lo que no hay duda es que ello no se hace con golpes, plantones, privaciones, administrados por funcionarios que pretenden justificarse relatando episodios de inconductas de los internos, colocándose en un pie de igualdad.
Basta escuchar las explicaciones de algunos compañeros de los funcionarios procesados que, de esta manera, pretenden justificarlos, para comprobar que no tienen la menor idea de la tarea que tienen entre manos.
Lo que hay que tener por cierto es que, así, no va la cosa.
Sabemos que, en el Uruguay, los establecimientos penitenciarios no cumplen el mandato constitucional del artículo 26 de la Carta (“en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y sí para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, su aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”). Exigencia que es más severa en el caso de los menores, que deben estar sometidos a “un régimen especial” (artículo 43).
Los hechos que en estos días se han puesto de manifiesto superan lo imaginable y obligan a una reflexión profunda y, sobre todo, a un sinceramiento, que debe partir de la comprobación de que el Estado no está en condiciones de resolver el problema. Hay que convocar instituciones no estatales, especializadas en el tratamiento y educación de menores.
El Padre Mateo propuso una solución en ese sentido y creo que es la única seria y razonable. No escuché a ningún político hacerse eco de esta propuesta. Hace muchos años, al entonces diputado del Partido Nacional, Martín Sturla, poco antes de su prematuro fallecimiento, le escuché hacer una propuesta en ese sentido; no sé si al respecto llegó a articular algún proyecto. Creo que ese es el camino que hay que explorar.
