El nombre de Javier Vázquez Delgado, uno de los hijos del presidente Tabaré Vázquez, ha aparecido mencionado al menos en dos actividades empresariales que despertaron sospechas de tráfico de influencias.
El primer caso se produjo en 1995, cuando Javier Vázquez, que hoy tiene 49 años, vendió programas y equipos informáticos al Servicio de Radioterapia del Instituto Nacional de Oncología (Indo) del MSP que dirigía su padre.
El analista programador Javier Vázquez, a nombre de la empresa Nuclemed Uruguay, con sede en Soriano 1171, el mismo lugar donde su padre tenía el consultorio, recibió 17.835 dólares por la venta de un sistema de planeamiento de teleterapia y braquiterapia.
El caso fue investigado y archivado. Tabaré Vázquez dijo entonces que volvería a hacer lo mismo porque los equipos eran útiles para atender a los pacientes del sistema público en las mismas condiciones que hasta ese momento recibían solamente los del sistema privado.
“Yo les pregunto a los señores políticos que me han criticado, muchas veces con argumentos que no son reales: si tuvieran algún familiar con cáncer, ¿estarían dispuestos a esperar un año y medio el trámite de una licitación por 14.000 dólares, cuando se puede resolver rápidamente?”, preguntó entonces Tabaré Vázquez en CX 30. (Busqueda, Nº 825)
El Tribunal Arbitral del Sindicato Médico falló a su favor. El escritor Eduardo Galeano y miles de personas más firmaron una carta de respaldo a Vázquez, que además contó con el apoyo del Partido Socialista, que entonces integraba, y otros sectores del Frente Amplio.
El semanario “Brecha”, sin embargo, publicó una nota crítica y la tapa de esa edición fue una foto del entonces ex candidato a la Presidencia por el Frente Amplio con la leyenda “Metió la pata”.
La investigación del MSP terminó sin consecuencias. El entonces asesor de los Servicios Jurídicos del Ministerio, Miguel Toma, quien redactó el informe que dejó libre de responsabilidad al jerarca investigado, fue designado luego secretario de la Presidencia de Vázquez, cuando Gonzalo Fernández fue nombrado canciller. Toma, de origen colorado, ocupa ese cargo también en la actualidad.
Una década después del caso Nuclemed, cuando Vázquez llegó por segunda vez a la Presidencia, el nombre de su hijo apareció otra vez relacionado con la venta de programas informáticos.
En esta oportunidad se trató de negocios con Venezuela, en el marco del Fondo Artigas-Bolívar suscrito por su padre y por el entonces presidente Hugo Chávez, que habilitó alrededor de 270 millones de dólares para canjear productos uruguayos a cambio de petróleo.
En lugar de programas y equipos para la salud, se trató de un negocio por casi 60 millones de dólares con la empresa de telecomunicaciones Corporación Venezolana de Guayana-Telecom.
Javier Vázquez actuó como representante de Artech, la empresa dirigida por el ingeniero uruguayo Nicolás Jodal, que ofreció la tecnología Genexus.
El tema llegó a la Justicia penal. El entonces diputado colorado Washington Abdala, que en 1996 había enviado una carta abierta a Vázquez criticando su actuación en el caso del Instituto Nacional de Oncología, presentó una denuncia a partir de informaciones publicadas por Búsqueda, “Brecha” y otros medios, y pidió que fueran a declarar el ex ministro de Industria, Jorge Lepra, y los ex jerarcas de Ancap, Daniel Martínez y Raúl Sendic, luego intendente de Montevideo y vicepresidente de la República, respectivamente.
El testigo principal presentado por Abdala fue el contador Eduardo Gómez Canon, quien sostuvo que Javier Vázquez se había quedado con el negocio que tenía concertado con Venezuela.
“Ahora el hijo del presidente Vázquez es millonario con un solo negocio que era mío”, declaró a la prensa Gómez Canon, quien dijo haber sido uno de los 150 uruguayos que habían viajado a Caracas en julio de 2005 en un vuelo charter de Pluna.
Gómez Canon, a su vez, fue denunciado por pedir dinero a cambio de no declarar en ese expediente. La denuncia contra el testigo presentado por Abdala fue realizada por Jodal en calidad de vicepresidente de Artech.
Por otra parte, Gómez Canon había enviado un mail a Abdala en el que ofrecía 600.000 dólares para su campaña política y luego sostuvo que su cuenta había sido hackeada. El entonces diputado quitó entidad a la propuesta de apoyo económico y dijo que “el tema central son los negocios con Venezuela y por qué algunas empresas pudieron concretarlos y otras no”.
En la “noticia” a la Justicia, el diputado colorado mencionaba una nota de Búsqueda donde se consignó que Javier Vázquez, según el listado entregado a la prensa por la Presidencia de Venezuela, integró la delegación oficial uruguaya que visitó la nación caribeña.
En abril de 2007, Javier Vázquez estaba en el aeropuerto de Caracas esperando a su padre y funcionarios de seguridad del gobierno venezolano fueron alertados de que se trataba de “el hijo del presidente”.
En junio de 2009, Gómez Canon apareció muerto a la altura de la Parada 34 de la Playa Brava, en Punta del Este. La Prefectura encontró su cuerpo en la playa sin señas de violencia y la causa probable de muerte fue suicidio.
El presumario a cargo del juez Sergio Torres, que había ordenado una pericia psiquiátrica a Gómez Canon y también interrogó a Javier Vázquez, fue archivado en 2010.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) en la que participa Búsqueda, conocida como los “Panama Papers”, permitió confirmar el vínculo comercial entre Conibel SA, la empresa de Javier Vázquez, con Artech, que pertenece a Jodal. El 8 de diciembre de 2008, Laura Passaro, asistente de dirección de Artech, dejó constancia de la relación entre Conibel SA y Artech Consultores SRL, a efectos de abrir, mediante Mossack & Fonseca, la empresa offshore Conibel SA en Islas Vírgenes Británicas.
Un documento similar fue expedido por una gerenta del Banco Itaú que dejó constancia de que Conibel SA era cliente del banco desde el 11 de abril de 2007 “con excelente comportamiento e importantes saldos promedio en cuenta”.
