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Días atrás en el programa Las cosas en su sitio se generó un intercambio entre oyentes con relación a la historia reciente, a las actuaciones de la Justicia, a la ley de caducidad, a los llamados “presos de Domingo Arena” y a los proyectos de ley referidos a la prisión domiciliaria de estos. Obviamente, se expusieron varias opiniones.
Lo que sorprendió fue la manera intempestiva en que la conductora, la Sra. Iliana da Silva, cerró el tema dando su opinión pautada por la generalización de los conceptos y por lo sesgado de su enfoque, lo que, al ser el cierre del intercambio dejó la sensación de que los que opinaban a favor de la prisión domiciliaria eran unos verdaderos “marcianos”.
La Sra. Da Silva debe recordar que las cámaras en 1985 votaron, por marcada mayoría, una amnistía amplia para terroristas, presos algunos y no juzgados ni nunca presos otros. En 1986 se votó, por amplia mayoría también, la ley de caducidad. Esta ley operó como amnistía a militares y policías, lo que configuró una cierta reciprocidad no solo jurídica sino moral. Hubo allí un sentido de justicia y de punto final.
Lo que se buscaba era claramente la reconciliación nacional y priorizar el desarrollo de una sociedad viable, apegada a las normas y pacífica, en la que las diferencias se fueran limando por la vía del derecho y del paso del tiempo, como lo muestra nuestra historia nacional. Cabe mencionar que esta visión fue compartida por la amplia mayoría del espectro político del momento.
Posteriormente y en dos oportunidades, la ciudadanía fue consultada sobre la conveniencia de mantener o no la vigencia de la ley de caducidad a través del mecanismo del referéndum. En ambas oportunidades el electorado se pronunció a favor de mantener la norma.
En 1989 fueron 1.082.454 los uruguayos que manifestaron que había que dar vuelta la página y que los militares y policías fueran amnistiados y en 2009 fueron 1.105.768 los uruguayos que opinaron igual. El pueblo se expresó en un entorno temporal de 20 años, de manera libre y directa.
No obstante, el claro pronunciamiento, la voluntad de la ciudadanía fue avasallada y trampeada.
Son varias las corrientes y personas que fogonean la idea de mandar a prisión, sin pruebas, a algunos militares y policías mientras los exterroristas andan en la calle y cobran pensiones hereditarias.
El Partido Comunista es el principal instigador de la teoría de la venganza, a la que han ido adhiriendo otros sectores por conveniencia política menor (cargos, carguitos y otras baratijas) y la que ha sido y es tolerada por algunos sectores y actores de los PP.TT., por amnesia, cobardía política o por pensar que tolerando podrán “pescar” algún votito más.
La idea fuerza de la ley de caducidad de 1986 fue el establecimiento de la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. Nadie dudó de que su objetivo era que los militares y policías no fueran presos, lo que respondía a la motivación mayoritaria de terminar con la violencia, lograr la paz y la reconciliación indispensables para alcanzar una sociedad democrática, ensamblada y próspera.
Pretender la prisión domiciliaria para aquellos que injustamente están hoy privados de la libertad es muy insignificante en comparación de lo que las mayorías parlamentarias de 1986 buscaron y de lo que en dos oportunidades la ciudadanía ratificó.
Hoy, 36 años después, aunque se moleste la Sra. Da Silva, muchas personas y sectores políticos siguen pensando que la ley de caducidad es una herramienta válida en la búsqueda de la armonía social.
Así como el Partido Comunista ha logrado empujar al PIT-CNT a fagocitar al Frente Amplio y así poder controlar a ambas instituciones, ha logrado, también, montar una maquinaria seudojurídica que con su accionar ha generado la figura de “presos políticos”, lo que constituye una verdadera vergüenza nacional.
