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    Los que cuestionan la “ley de faltas” desde la izquierda y la academia tienen una concepción “neoliberal” de la sociedad

    El uso del instrumento “punitivo” del Estado “no puede verse como algo en sí mismo negativo”, afirma el director de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera

    Desde que entró en vigencia la “ley de faltas” el mes pasado, la Policía y la Intendencia de Montevideo retiraron a un centenar de personas que dormían o acampaban en la calle. En ese período, la Justicia condenó a varias personas a prestar trabajo comunitario por orinar en la vía pública o manejar ebrios.

    Para el director de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, los primeros resultados de la aplicación de la ley demuestra que están equivocados quienes en la izquierda y la academia dicen que esa normativa es “represiva” y solo persigue a los pobres. Incluso, sostuvo que los dirigentes y las organizaciones sociales que atacan la idea de retirar a las personas que viven en la calle tienen una visión “neoliberal” que solo toma en cuenta los derechos de las personas y no sus obligaciones.

    “En una concepción moderna de izquierda, lo punitivo no puede verse como algo en sí mismo negativo. Su uso (junto con las políticas económicas, sociales y educativas) es necesario para la construcción de una sociedad”, afirmó Carrera a Búsqueda.

    Liberales vs.

    igualitarios. Si bien tiene mayorías en ambas cámaras del Parlamento, al Frente Amplio le llevó meses de discusión aprobar la “ley de faltas”. El Partido Socialista votó la ley por disciplina partidaria, según dijo la diputada y ex ministra del Interior Daisy Tourné durante una entrevista con “Brecha”.

    El oficialismo se enfrenta a un problema similar al debatir el proyecto de ley que habilita a un juez a decretar la internación compulsiva de un adicto.

    A su vez, el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Uruguay) advirtieron en un comunicado divulgado en setiembre, que las leyes impulsadas por el gobierno “integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas”

    Sobre las críticas que reciben esas propuestas, Carrera, que integra la Dirección del Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo que “hay parte de la academia y de la izquierda” que tienen “un concepto neoliberal” de la sociedad y el Estado, mientras que hay otro sector que maneja “un concepto igualitario”.

    “El concepto liberal”, continúo, “ve únicamente los derechos que tienen las personas y el concepto igualitario ve que nosotros tenemos derechos y obligaciones”.

    El artículo 14 de la “ley de faltas” establece que quien “fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República” (referido a la huelga) ocupare espacios públicos, “acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario”. La norma también establece castigos para quienes orinan en la vía pública, manejan en estado de ebriedad, participan en “picadas” con sus vehículos”, entre otros delitos.

    “Vivir en sociedad implica ejercer los derechos y asumir obligaciones. Nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos del otro”, explicó. “¿Por qué alguien puede vivir en una esquina por la que yo no puedo pasar?”.

    “Los que salen a criticar la ley de faltas creo que están en esa concepción liberal que únicamente ve los derechos. Creo que el neoliberalismo nos tocó hondo como sociedad” y que algunos dirigentes frenteamplistas y universitarios razonan con esa lógica. “Es una concepción económica, política y social, en la que se fomenta el ‘hacé la tuya’”, opinó.

    En parte de la izquierda existe “una justificación de la marginalidad y la delincuencia como consecuencias propias de la sociedad y del sistema capitalista. Ellos no plantean ninguna solución al respecto, así como también valoran negativamente el hecho de que el Estado combata a la delincuencia de forma activa”.

    “Esta misma izquierda considera negativamente que se legisle en materia de faltas así como también critican toda política que implique actuar directamente respecto de aquella población marginal o con graves problemas de consumo de drogas. Consideran que el Estado no debe actuar activamente intentando rehabilitar a un adicto o tratando de que una persona no duerma en la calle. Tanto una como otra opción la consideran parte de su ejercicio de la libertad”, sostuvo.

    El jerarca del Ministerio opinó que los adictos y los que viven en la calle “no son libres”, sino que son “excluidos del sistema”. Los que defienden la concepción “igualitaria” —como la entiende Carrera—, son aquellos que consideran que el Estado debe hacer “todos los esfuerzos para que esa persona abandone esa forma de vida”.

    Solución integral.

    Carrera dijo que las autoridades del Ministerio del Interior no creen en que los problemas de seguridad “únicamente se solucionan con leyes más duras”, pero que tampoco comparten el “determinismo social” que pregonan sectores de izquierda, según el cual “los problemas de seguridad se van a solucionar implementando únicamente” medidas sociales.

    “Los problemas de seguridad se van a solucionar con mejor disuasión, prevención y represión del delito; mejorando el sistema de reclusión de las personas y también invirtiendo en políticas sociales”.

    “El Estado algunas veces tiene que imponer su autoridad y cuando una persona rompe lo que es vivir en sociedad —a través de cometer delitos o faltas— hay que intervenir”, concluyó.