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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa comunicación es un proceso innato en el hombre. Es un acto de relación humana básico, estrechamente ligado a la libre expresión, en tanto se produce en forma simultánea.
En nuestra condición de seres sociales, las personas necesitamos comunicarnos. Transmitimos ideas, pensamientos, emociones, noticias, datos, mensajes, gracias al lenguaje de palabras o de signos. La comunicación humana es un fenómeno inseparable de la vida social, es de vital importancia para desarrollar nuestras potencialidades.
El derecho a la comunicación es la protección jurídica que reclama el derecho de todas las personas al acceso en condiciones de igualdad material a comunicarse sin someterse a la leyes del mercado, permitiendo la libre expresión de la ciudadanía.
El desarrollo de la tecnología de la comunicación facilitaría el ejercicio de este derecho, pero vemos con asombro que en estos “nuevos tiempos” se está llevando al confinamiento de lo que es, strictu sensu, servicio público.
La telefonía móvil (celulares) está liquidando un servicio tradicional en Uruguay: los teléfonos públicos.
¿Estado o mercado? Dirigentes y autoridades del oficialismo han señalado con énfasis en diversos encuentro públicos y foros internacionales que la cuestión está entre la democracia o el neoliberalismo. Recordemos la brillante intervención de Pepe Mujica en la ONU, que maravilló al mundo, expresándose contra las empresas transnacionales y sus políticas de generar un consumo desenfrenado en la población mundial.
Autoridades de Antel están preocupadas y dirigiendo sus políticas en mantener el liderazgo del mercado en la telefonía móvil. Ya en 2008 su vicepresidente señalaba y defendía con orgullo: “La rentabilidad por usuario de Ancel es sensiblemente mayor que la de Movistar, y los minutos de tráfico también”. El periodista que hizo la nota destacaba: “Partidazo en el mercado de la telefonía celular”.
El vicepresidente de Antel, Gonzalo Pereyra, señalaba a la emisora 180: “El número de celulares activos supera ya a la población del Uruguay debido a varias causas. Muchos uruguayos tienen más de un chip (que es en realidad lo que cuenta) o incluso más de un celular. También hay chips que se usan para localizar flotas de transporte, ganado, etc. Eso explica por qué ‘falta gente’ en relación con el número de servicios activos. Sin embargo, aún hay muchos uruguayos que no poseen celular, y es una de las preocupaciones centrales de Antel hacer accesibles sus servicios a todos. De seguirse las tendencias internacionales, creo que recién cuando el total de servicios celulares esté en el orden de 4 millones y medio, el celular será de acceso universal, y faltan varios años para llegar a ese nivel”.
Continuando con ese afán de competencia, para vender más celulares, el 30 de octubre del 2018 Antel firmó un acuerdo con Facebook para que sus clientes de telefonía móvil contaran con servicio de WhatsApp gratuito.
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), opinó que el acuerdo entre Antel y Facebook, dueño de WhatsApp, afecta el principio de neutralidad y privilegia al gigante del sistema y empuja a la gente a asumir que internet es solo Facebook y WhatsApp. Extrañado se pregunta: “¿Y esto en Uruguay no se discute?”.
Falta gente para el mercado de celulares, esa es la preocupación central de Antel. Su política no está dirigida a solucionar las necesidades de comunicación de los que aún no poseen celular, porque no pueden o porque no quieren, que son muchos uruguayos, sino a vender más celulares y hacerlo universal. Su política es netamente comercial. Con su monopolio en la telefonía fija y pública, nos obliga a que tengamos celular si queremos comunicarnos. Algo parecido está ocurriendo con la inclusión financiera. Habría que desentrañar los interesas de bancos, tarjetas, etc. Y demostrar qué se está buscando, con la obligación universal, aparte de esa “mejora en los servicios”.
El Departamento de Prensa de Antel comunicó a fines de 2016 que se los 15.000 teléfonos públicos existentes en el país, quedaban solo 2.000. La causa de este suceso Antel lo explica diciendo que “hoy la mayoría de la gente tiene celular, lo que llevó al desuso de los teléfonos públicos”.
Antel dice mantener 2.000 teléfonos públicos por su “fin social” o por “bienestar y desarrollo de la población”, cuando en realidad debería hacerlo por estar obligado jurídicamente, como servicio de interés general. Las preguntas que surgen son, ¿de esos 2.000 teléfonos cuántos hay hoy? ¿Y cuántos están funcionando realmente?
Y qué pasa con el sector político que nadie rompe una lanza por los que aún no tienen celular. Son ellos los que tienen que señalar injusticias sociales y defender el derecho de las minorías. Es una demostración de que es algo que desconocen. Seguramente todos ellos y sus asesores tienen su teléfono móvil y creen que toda la sociedad lo tiene. Ninguno parece haber sufrido la necesidad de no tener con qué comunicarse en algún momento dado. “¿Y esto en Uruguay no se discute?”. Está claro que los que no tenemos celular no decidimos una elección.
Antel no aclara que los teléfonos públicos en su mayoría no funcionan y persisten con desperfectos. Los telecentros tienen un horario, y fuera de este horario y los fines de semana están cerrados, no pudiendo tener acceso a los mismos, tanto en capital como en el interior. Quedan sin comunicación quienes no tengan celular y también quienes lo tengan extraviado o roto.
Por tanto, se propone y se defiende que se mantenga dentro del servicio universal de telecomunicaciones —que garantiza su disponibilidad para todas las personas con independencia de su localización geográfica, con calidad aceptable y a un precio asequible— la red de teléfonos públicos en todo el territorio nacional. Por su condición de servicio público, no son admisibles los argumentos relativos a su rentabilidad económica y a vandalismos que suponen un costo inasumible.
Toda persona, grupo o colectivo que entienda razonable lo expuesto y quiera ayudar a evitar la desaparición de la red de cabinas telefónicas públicas está invitada a sumarse.
Julio Riccardi
CI 1.213.511-4