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Los largos aplausos y llantos de alegría de varias personas que estaban ayer miércoles 9 en la barra del Senado, resumieron lo que fueron casi dos décadas de espera para que Uruguay tenga reguladas las técnicas de reproducción humana asistida. El texto fue aprobado por unanimidad y permitirá a las parejas acceder a una técnica altamente costosa.
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El tema había sido planteado hace casi dos décadas por el ex senador del Frente Amplio Alberto Cid. Finalmente, este año se logró un acuerdo sobre la base de un proyecto del diputado del Partido Nacional Luis Lacalle Pou. El texto aprobado ayer deberá volver a Diputados para una rápida sanción debido a que se le introdujeron varios cambios. La idea es que a comienzos del año próximo esté vigente esta norma.
El texto regula las técnicas de reproducción, definiendo 12 tipos, entre ellos la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la gestación subrogada.
Estas técnicas se aplicarán a “toda persona como principal metodología terapéutica de la infertilidad, en la medida que se trate del procedimiento médico idóneo para concebir en el caso de parejas biológicamente impedidas para hacerlo, así como en el caso de mujeres con independencia de su estado civil”.
El Estado, además, garantizará que las técnicas de reproducción queden “incluidas dentro de las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Además, promoverá la prevención de la infertilidad combatiendo las enfermedades que la puedan dejar como secuela”.
El proyecto divide en dos los tipos de procedimiento: alta y baja complejidad.
Los de baja complejidad son aquellos procedimientos en los cuales la unión entre el óvulo y el espermatozoide se realiza dentro del aparato genital femenino. Estas técnicas serán parte de los programas de las entidades públicas y privadas que integran el SNIS y serán “financiados” por este cuando la mujer no sea mayor de 40 años. Sin perjuicio de ello, dentro de los 24 meses siguientes a la aprobación de la ley las mujeres que hayan sobrepasado este límite también estarán cubiertas.
Los procedimientos de alta complejidad —como la unión entre óvulo y espermatozoide fuera del aparato genital femenino transfiriéndose a este los embriones (etapa inicial del desarrollo de un ser vivo) resultantes, sean estos criopreservados o no— serán parcial o totalmente subsidiados hasta un máximo de tres intentos, a través del Fondo Nacional de Recursos.
Todo este capítulo era un aspecto fundamental a regular, dijeron los legisladores, ya que estas técnicas de reproducción tienen un costo cercano a los U$S 7.000. El proyecto define la infertilidad como la “incapacidad de haber logrado un embarazo por vía natural después de doce meses o más de relaciones sexuales”.
En cuanto a los requisitos para la realización de estas técnicas, en la mujer el límite está en los 40 años y en los hombres en los 60.
En el artículo 18, se establece que los gametos (espermatozoides y óvulos) podrán ser utilizados con fines de investigación o experimentación científica para la mejora de las técnicas de reproducción asistida. En esos casos no podrán ser fertilizados para obtener embriones. A la vez se prohíbe la investigación o experimentación científica con embriones generados para desarrollar embarazos con las técnicas de reproducción humana.
En el siguiente artículo se prohíbe la clonación de seres humanos así como “cualquier procedimiento dirigido a la transformación o alteración de la especie humana a partir de material biológico obtenido en aplicación de técnicas de reproducción humana asistida”.
Gestación subrogada.
Uno de los capítulos más polémicos es la gestación subrogada. En este caso se establece que aquella mujer cuyo útero no pueda gestar un embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas, “podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado de consanguinidad, o de su pareja en su caso, la implantación y gestación del embrión propio”.
Los senadores nacionalistas Carlos Moreira y Eduardo Mezzera discreparon con este punto y no lo votaron. “Esto puede tener consecuencias impredecibles”, afirmó Mezzera al señalar cómo se le explicaba al niño que había nacido del vientre de una tía, por ejemplo.
Alfredo Solari (Partido Colorado) respondió que no hay evidencia científica que sustente esas preocupaciones.
Moreira subrayó que tampoco acompañaba el artículo referido a quién se aplicaba la ley ya que entiende que de él podrán ser parte las parejas homosexuales. Desde el oficialismo se le señaló que la norma se podrá aplicar solo en el caso de parejas homosexuales mujeres.
“Este proyecto tiene la doble importancia de regular y normatizar técnicas que no lo estaban, y le va a permitir la accesibilidad a muchísimas parejas infértiles que en este momento no pueden acceder en función de los altos costos”, evaluó Luis Gallo (Frente Líber Seregni).
Solari, en tanto, recordó que en el entorno del 16% de las parejas en Uruguay tienen problemas de fertilidad. Destacó el trabajo de Cid y Lacalle Pou, y en especial resaltó que se haya logrado “actuar por encima de las diferencias partidarias”.
Sergio Abreu, en tanto, si bien destacó el proyecto, mostró sus dudas respecto a que se deje para la reglamentación de la ley algunos aspectos de la iniciativa, en particular lo referido a lo que pasa con los embriones.
