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Los esfuerzos del gobierno por retener a los pequeños productores en el campo está enfrentando un desafío asociado a la lógica económica: el alto precio de la soja puede tentar a esas familias a arrendar su predio a cultivadores del grano. En ese marco, el Ministerio de Ganadería (MGAP) tiene a estudio la modificación de las definiciones utilizadas para categorizar a los ruralistas que acceden a programas de apoyo y subsidio.
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En el actual escenario de valorización de los granos “es más difícil” evitar que dejen la actividad en sus predios los productores chicos y medianos, que en su mayoría son ganaderos, señaló a Búsqueda el titular de la Dirección de Desarrollo Rural del MGAP, José Olascuaga. “Pero como no toman sus decisiones con el mismo criterio que un empresario capitalista sino que lo hacen pensando en la planificación familiar y en su vocación ruralista, muchos no se van a ir” del campo, sostuvo.
Esa cartera de Estado apuesta a “políticas diferenciadas” que consisten en subsidios, asistencia técnica y transferencia de tecnología para el mejoramiento de la situación de los pequeños productores, dijo. Para eso el gobierno cuenta con varias fuentes de financiamiento: el fondo de desarrollo rural (U$S 1,5 millones anuales) y dos préstamos externos, uno del Banco Mundial para el manejo sustentable de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático (U$S 32,2 millones), y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (U$S 33,3 millones). El MGAP cuenta además con una donación del fondo de adaptación al cambio climático de las Naciones Unidas (U$S 8,2 millones).
“Es muy fácil decir que a pesar de las políticas diferenciadas (del gobierno) disminuyó la cantidad de productores y aumenta la concentración de la tierra. Ahora, ¿qué hubiera pasado en el campo uruguayo si no se hubieran establecido las políticas de apoyo a los agricultores familiares?”, planteó el jerarca. En su opinión, “el esfuerzo (que eso implica) vale la pena, más allá de los números y las estadísticas”.
“El productor familiar no solo está pensando en el lucro y en maximizar la ganancia, sino también en el futuro de la familia (...) y tiene una relación mucho más estrecha con la naturaleza que el inversionista que tiene una oficina en Montevideo, Buenos Aires o Miami”, justificó.
Analizó que “el dinamismo de la agricultura generó un aumento del valor de la tierra, tanto para la venta como para el arrendamiento, y eso a los productores familiares los pone en un escenario difícil”.
Dijo que la apuesta del MGAP es que los pequeños agricultores “permanezcan pero en condiciones genuinas de sustentabilidad económica, ambiental y social, con competitividad”.
Ajustes.
En 2008 esa cartera de Estado definió en una resolución los requisitos que debe cumplir un pequeño agricultor para ser considerado como tal: que explote hasta 500 hectáreas con índice Coneat 100 (productividad media del país), que cuente como máximo con dos asalariados para las tareas rurales o su equivalente en jornales zafrales, residir en el predio o a una distancia no mayor a 50 kilómetros y que obtenga su ingreso principal del trabajo en la explotación agropecuaria.
El MGAP tiene registrados 21.000 productores familiares, de los cuales 56% son ganaderos, 17% horticultores, 13% tamberos y el resto se dedica a la producción de pollos, cerdos, frutas, vitvicultura, cereales y soja.
El registro y cumplimiento de los requisitos permiten a los productores acceder a beneficios, como el descuento de 50% del aporte jubilatorio patronal y el acceso diferencial a planes de apoyo ganadero, ovino y granjero. También reciben un trato especial en licitaciones de compras del Estado y flexibilidad en el pago de sus deudas con el Banco Hipotecario.
Olascuaga informó que Ganadería estudia ajustar los requisitos establecidos para esa categorización, específicamente en el criterio vinculado a la “cantidad de trabajadores en las producciones agrícolas intensivas”.
Se trata de “productores que sin dejar de ser agricultores familiares hacen un uso más intensivo de mano de obra y requieren de más empleados, como la horticultura, y que con la actual definición los estaríamos dejando afuera”, argumentó.
Señaló que “algunos sectores además requieren una determinación más específica, como la apicultura, que no se puede definir por la cantidad de hectáreas”.
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