Mafias y sectas

Su colega, el fiscal de Palermo (Italia), Antonio Di Matteo, acaba de acusar a integrantes de la mafia siciliana, policías y políticos. Les imputa pactar acuerdos con la excusa de acabar con los atentados de la mafia en la década de 1990. Las atentados continuaron y crecieron.

Ese acuerdo, pacto o protocolo fue un fracaso pese a que en 2006 se había votado la ley 17.951 que creaba una Comisión que hoy preside el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez. Es una comisión para la “Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte”. Nombre largo, soluciones bastardas.

¿Cómo pretenden combatir la delincuencia que arrasa a los uruguayos si no han podido derrotar a unos centenares de energúmenos que los han dominado y los obligan a negociar? No me extrañaría que pensaran en firmar un protocolo con los mafiosos de las zonas rojas. ¿Qué podemos esperar si son incapaces de impedir que a la tribuna del Estadio ingresen con dos mastines o con un sacacorchos para rapiñar? O que lo hagan con marihuana, cocaína, alcohol y armas blancas o de fuego. Miran para otro lado.

Está claro que tanto la ley de 2006 como el acuerdo entre el gobierno, los clubes, las hinchadas y el control policial se fueron por el caño. Vázquez sostiene que el problema se limita a una cuestión entre los clubes y sus hinchadas. Sin embargo, el ministro Eduardo Bonomi ha admitido que intervino en el reparto de entradas a los barras bravas para los partidos de la selección uruguaya. ¡Y lo justificó!

Con sensatez y transparencia, el director nacional de Deportes e integrante de la Comisión de Prevención, Ernesto Irurueta, admitió que durante años a los hinchas “se los alimentó dándoles entradas porque convenía tener una barra brava para pelear con las otras hinchadas, para que metieran el peso, hicieran una función que no es correcta, pero después es muy difícil de corregir”. Con esos fue que el gobierno hizo el acuerdo.

Si el fiscal italiano Di Matteo viviera en Uruguay se haría una fiesta. Pero vive en Italia.

Cuando detuvieron a un narcotraficante que recibió entradas de favor, el fiscal Ariel Cancela pidió procesar al narco e hizo mutis sobre la distribución de entradas. Pero el juez Homero Da Costa ordenó continuar la investigación sobre “las maniobras que —supuestamente— se realizan con las entradas de favor o de protocolo, que se entregan a integrantes de la seguridad del Club Peñarol, los que, a su vez, las venderían o las facilitarían a integrantes de la parcialidad de dicha institución, de la llamada ‘barra brava’, como un supuesto premio a las mismas por no incurrir en conductas violentas”.

Los diputados nacionalistas Gustavo Borsari, Amín Nifouri, José Arocena y Daniel Mañana convocarán a Vázquez para que explique esta situación y trate de justificar su ineptitud y la minusvalía de los mandos.

La única solución es combatir la impunidad caiga quien caiga: los mafiosos, quienes les entregan entradas, las personas que los protegen —privados u oficiales— y aplicar “tolerancia cero”, como en Inglaterra.

“Para parar a los violentos hay que querer hacerlo (…) es de sentido común; en un país tan pequeño, todo el mundo sabe quiénes son. Si no lo querés parar por otros intereses, es muy distinto (…). Los que pagan el plato roto son los jugadores y los hinchas que no son violentos y quieren ir en familia al fútbol”, sentenció el ex jugador Gustavo Poyet, que hace diez años trabaja en Inglaterra.

Ya que la Policía hace poco, es necesario que todos los jueces y fiscales investiguen a fondo para evitar la impunidad. Si las leyes son suficientes, basta con aplicarlas. También se debe consultar al Poder Judicial y a los juristas especializados.

Si consideran que las leyes son insuficientes habrá que legislar. El gobierno tiene holgadas mayorías y puede aprobarlas. Siempre y cuando quiera, y sus grupos no pongan el énfasis en financiar la campaña electoral.