Mantener niños en instituciones y no en familias es uno de los grandes problemas de la infancia en Uruguay, dijo ministro de la Suprema Corte

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, todo niño “tiene derecho a vivir y crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas”. “Solo puede ser separado de su familia cuando en su interés superior y en el curso del debido proceso las autoridades determinen otra relación personal sustitutiva”. El texto agrega que los niños menores de dos años no podrán permanecer en un establecimiento de internación institucional por más de 45 días. Se prioriza que el niño se reintegre a su familia biológica o extensa, con aquellas personas con quienes el niño haya desarrollado vínculos significativos. Otra opción es la inserción provisional en una familia seleccionada por el Registro Único de Aspirantes a la Adopción.

¿Qué motiva la internación? La Fundación Justicia y Derecho y Unicef, realizaron un relevamiento de los expedientes en los juzgados de familias especializados en los que se tramitaron procesos de protección de derechos. Según el trabajo, el 20,5% son internados debido a situaciones de “amenaza o vulneración de derechos” que están vinculadas a la pobreza o la indigencia. Además, el 31,1% de niños llega a los juzgados por vulneración de derechos económicos o sociales, y el 15,7% de los casos son de maltrato o abuso.

“Alta institucionalización”.

“El primer análisis crítico que tengo que hacer de la realidad, es que tenemos una altísima tasa de institucionalización, que no tengo duda que tiene un origen altísimo en decisiones judiciales”, afirmó Pérez Manrique al participar del seminario el martes 9.

“Lo que más me preocupa es la forma como se resuelve judicialmente. Los juristas hablamos de que cuando la ley establece determinadas condiciones para resolver un problema, eso pone en las espaldas del operador lo que se llama una carga especial de argumentación. Lo único que permite que la decisión sea legítima, que no sea abusiva, es que la carga de argumentación sea correctamente satisfecha. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo decreto la separación de un niño de una familia, y decreto una institucionalización, tengo que argumentar por qué no tengo dentro del rango de medidas disponibles una medida que no implique privación de libertad. Lamentablemente esta medida se adopta muchas veces sin cumplir con esa carga de argumentación. Sin decir que es una medida que se toma porque no hay más remedio, sin decir cuáles son los derechos realmente amenazados y vulnerados, porque eso me va a permitir decir cuándo termina la medida”, expresó el ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Desde mediados del año pasado, el INAU comenzó a trabajar en modificaciones al régimen actual, explicó a Búsqueda el director del organismo Dardo Rodríguez. El INAU se focaliza en esta etapa en la situación de los niños de cero a siete años. Rodríguez indicó que vieron experiencias en otros países y comenzaron a capacitar gente. La idea, dijo, es pasar de tener centros de tiempo completo a un sistema de acogimiento familiar. “Se va a trabajar con la familia biológica, la extensiva (tíos, abuelos), y si no hay se va a buscar otra familia”, explicó. “La prioridad tiene que ser la integración a la familia”, agregó.

Pérez Manrique dijo en el seminario que hay 3.757 niños internados. Aseguró que esta es la “tasa más alta” de la región. “Acá está uno de los verdaderos problemas de la infancia en Uruguay. Gran parte de los menores que cometen infracciones a la ley penal, revisten en estas categorías. Es decir, provienen de estas categorías de vulneración de derechos, gran parte de los chicos que después generan ruido cuando cometen infracciones a la ley penal”, afirmó.

Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el menor de edad “puede estar privado de su medio familiar por dos razones: porque la familia es inexistente o porque la familia no cumple la función de protección. Acá hay que distinguir entre cuando no cumple porque no puede o porque no quiere. En ambos casos es evidente que el niño necesita una situación de protección de derechos que lo inserte en una nueva situación”.

Además, esa convención indica que debe haber una “revisión periódica” del funcionamiento del sistema porque “una institución no es un depósito de niños. El niño está allí por el menor tiempo posible. Y siempre tiene que buscarse una salida alternativa para una inserción familiar que sea satisfactoria”.