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El Parlamento del Uruguay ha aprobado la ley de producción y comercialización de marihuana. A continuación se detalla el marco en el cual la misma fue promulgada:
—La Sociedad de Psiquiatría opina que es “desaconsejable” la legalización de la marihuana y plantea que si desde el Estado se dan “señales” de que su utilización es “inocua o aun positiva” se “aumenta el riesgo de efectos nocivos para la salud pública”. Desde el punto de vista médico es “desaconsejable toda acción que facilite el uso de cannabis”.
—Fuentes de la Secretaría Nacional de Drogas (SND) admitieron a medios de prensa que controlar el autocultivo es “prácticamente imposible”.
—La Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AQFU) manifestó que “no hay usos terapéuticos tan difundidos ni específicos de la marihuana que justifiquen su comercialización generalizada”.
—La ley va a ampliar la oferta de la marihuana (cannabis) que causa déficit de atención y concentración, y no prevé ninguna disposición para evitar los accidentes laborales, de tránsito o los abusos que se puedan cometer como consecuencia de su consumo. Tampoco se cuantificó el impacto en la educación primaria y secundaria.
—El presidente de Uruguay reconoció que esta ley es un “experimento”, pero ni este gobierno, ni el resto del mundo debería experimentar con los niños y adolescentes sin garantías apropiadas en un tema tan sensible.
—Más del 60% de la población uruguaya está en contra y no fue tenida en cuenta a la hora de aprobar el proyecto.
—Los países vecinos también se oponen: “Muchas ciudades fronterizas de Brasil pueden ser una puerta de entrada de marihuana, especialmente Rio Grande do Sul”, advirtió el diputado brasileño Osmar Terra. El presidente de Paraguay declaró: “La situación del tráfico de drogas no va a cambiar con la legalización de una droga. Es una utopía”.
—La ley viola lo dispuesto en la “Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la cual ha sido adoptada por 186 países, incluido Uruguay”, indicó en un comunicado Raymond Yans, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
—Los grandes impulsores del proyecto son George Soros y David Rockefeller, que tienen grandes intereses económicos en este negocio, con la complicidad del gobierno del Frente Amplio.
Los ciudadanos del Uruguay exigimos la pronta derogación de esta ley, ya sea por vía parlamentaria o a través de las urnas. El futuro de nuestro país y de nuestros jóvenes se juega mucho en este partido.
