Roy Vitalis tiene 38 años y pasó más de 17 en la cárcel. Terminó el liceo y en 2014 empezó a estudiar Ingeniería, todo dentro de la prisión. Su historia “marcó un precedente” en las políticas de educación terciaria “en contexto de encierro”, dijo a Búsqueda el rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarian.
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“Roy fue alumno mío antes de yo ser rector y me pidió que lo apoyara para que lo dejaran salir. Yo dudé, pero después de ver su intención de estudio lo ayudé y ahora sale seis u ocho horas por día para estudiar” en la Facultad de Ingeniería. En junio de 2014, Vitalis consiguió el permiso de salida transitoria por convenio entre la Udelar y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para ir a clase y volver a la unidad 6 de la cárcel de Punta de Rieles. Recorre a diario unos 32 kilómetros ida y vuelta en bicicleta. “Yo lo veo cada tanto y mantenemos una relación cercana. Su novia lo ayudó mucho”, contó Markarian. Vitalis, quien aspira a trabajar como ingeniero en computación, presentó en 2017 un proyecto para incorporar la educación universitaria a las cárceles.
En 2016 eran cuatro, en 2017 sumaban 40 y este año ya son 104 las personas privadas de libertad que se apuntaron a una veintena de carreras. Alrededor de 70 presos ya cursan estudios y el resto permanece en “lista de espera” por diversos factores “logísticos”. Las facultades más demandadas por los reclusos son Psicología (37 inscriptos), Derecho (13), Ciencias Sociales (11), Ciencias Económicas y Enfermería (ocho cada una).
A enero de 2018 la cifra total de presos en Uruguay es de 10.392, y menos de uno de cada 10 estudia en las cárceles. Entretanto, la mayoría de los que transitan la educación terciaria están recluidos en el área metropolitana: 22 en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar), 20 en Punta de Rieles, 16 en Carcel de Mujeres y ocho en el Penal de Libertad.
Otros cinco reclusos estudian en la cárcel de Maldonado, donde cursan la licenciatura en Turismo por teleconferencia. El resto se distribuye entre la carcel de Juan Soler en San José, las de Canelones y Maldonado, la chacra de Libertad y la de de la Unidad 9 (mujeres con hijos).
Tutores pares.
Desde 2016 la Udelar responde de forma centralizada los pedidos de los reclusos para cursar estudios. El objetivo es que los universitarios de las carreras de grado ayuden voluntariamente en la formación de sus colegas presos. La iniciativa partió de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) y el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar mandató en 2016 al Área de Derechos Humanos de Extensión y a la Comisión Sectorial de Enseñanza coordinar la promoción del acceso a la enseñanza de los estudiantes privados de libertad.
Los “tutores pares” asisten voluntariamente a los presos que, al igual que ellos, cursan estudios terciarios. Unos 45 universitarios ya trabajan en las cárceles —por lo general, en modalidad de duplas; algunos pueden sumar créditos para sus carreras como materia optativa—, y otros 80 toman cursos de formación.
Son tutorías “de acompañamiento académico” y a veces son también “el único vínculo de los presos con la universidad”, dijo a Búsqueda el psicólogo Alejando Bouzó, del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa), que funciona dentro de la Comisión Sectorial de Enseñanza.
El aumento de estudiantes terciarios presos registrado desde 2016 —año en que quedó centralizada la posibilidad de estudiar en la Udelar desde la cárcel— “responde a un trabajo interinstitucional que incluye a Secundaria y al INR”, afirmó Gabriela Pasturino, docente del Área de Derechos Humanos de Extensión de la Udelar. De hecho, Secundaria trabaja desde hace lustros en “contextos de encierro” y su número de presos egresados “va en aumento año a año”.
La universidad cuenta hoy con una mayor demanda de reclusos, y coincide con el ingreso de personas que terminan el bachillerato. “Eso es muy importante, porque habla de una trayectoria educativa: los internos se enganchan a estudiar en Secundaria y siguen de largo”, agregó Pasturino.
“El programa de tutorías —continuó— busca democratizar el acceso a la enseñanza terciaria y asegurar el derecho a estudiar de todas las personas, también de aquellas privadas de libertad, desde una institución como la universidad, acorde a la Ley de Educación (18.437)”.
Lujo para pocos.
Aún no hay egresados universitarios que hayan cursado la totalidad de la carrera desde la cárcel, y son muy pocos los reclusos que gozan desalidas transitorias por estudio —menos de 10 de los 104—, por lo que la mayoría de quienes recurren a las tutorías hace solo algunas materias por semestre y después rinde exámenes libres en la prisión.
Así y todo, los presos que acceden a la educación terciaria en la cárcel continúan siendo una minoría. Y es que el acceso a cursar carreras terciarias en las prisiones es todavía “un lujo para pocos”, aseguró la psicóloga Alicia Álvarez, asistente del curso de Progresa.
“Hacen falta más recursos humanos y materiales, así como un mayor compromiso por parte de los servicios universitarios” para ocuparse de sus estudiantes en prisión, dijo Álvarez, quien destacó que Ciencias Económicas “es de las que mejor ha respondido a esta población”. Es la única facultad que tiene un protocolo aprobado por el Consejo y cargos de tutores pagos, indicó.
La lentitud con la que se tramitan los permisos de los internos —exigencia de cédula de identidad, carné de salud— para estudiar en la cárcel es otro problema.
También existen diferencias en las respuestas de cada institución carcelaria. Por ejemplo, Punta de Rieles suele ofrecer “mejores condiciones” para estudiar que el Penal de Libertad. Incluso algunos módulos dentro de una misma prisión cuentan con material didáctico —cuadernos sin espiral metálico, lapiceras—, espacio y horarios de estudio, biblioteca y hasta Internet. En otros ocurren “apagones” durante las clases y se destrozan los materiales de estudio durante las requisas.
Dentro del Comcar, “el problema es que sigue habiendo más interesados en estudiar que cupos”, comentó a Búsqueda el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. “Los presos piden educación y trabajo. Sin duda se necesitan más recursos. Esto requiere una política fuerte a largo plazo y hay que hacer una inversión importante”.
En ese sentido también es clave el papel “motivador” de los tutores, profesores y personal de apoyo en el ámbito educativo en los centros de reclusión.
Lógica y visiones.
La reducción de la pena es uno de los motivos por los cuales los presos deciden estudiar: se descuenta un día de condena por cada dos jornadas de estudio de seis horas. La mayoría de los reclusos opta por las “carreras de letras”, porque “son más fáciles de preparar” que los grados más técnicos o los que requieren de prácticas, explicaron Álvarez, Bouzó y Pasturino durante el curso práctico de tutorías entre pares que dictaron el lunes 30 de abril en el local de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la calle José Enrique Rodó.
Psicología “gana por goleada” —en parte porque años atrás era la carrera de grado más viable de hacer en prisión—, seguida por Derecho, porque, según dijeron, a los presos “les interesa todo lo vinculado a su situación”, al proceso judicial y la pena. También Psicología es la carrera que mayor interés genera entre las reclusas de la Cárcel de Mujeres.
Por otra parte, algunos presos, los menos, ya cuentan con preparación académica previa. Suelen ser casos en que la delincuencia “no es funcional” a sus vidas y tampoco tienen graves problemas de adicciones o enfermedades mentales.
La reincidencia en Uruguay se mantiene en torno al 60%, a la espera del resultado de estos y otros programas de apoyo educativo en curso. Las experiencias más conocidas en la región son las de la Universidad de Buenos Aires y la de San Martín, con carreras universitarias que se estudian dentro de la prisión. Lo más parecido a lo que se hace en Uruguay lo tiene la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.
“Me preocupa cómo la sociedad ve nuestro trabajo, porque hay una visión bastante reaccionaria en Uruguay hacia los privados de libertad. ¿Qué es lo que se pide cuando alguien comete un delito? Más pena, más cárcel y cuanto peor esté, mejor”, comentó Pasturino.
Una integrante del grupo de los 15 tutores que trabajan desde marzo con presos del Comcar afirmó: “La educación introduce una lógica diferente en las cárceles. La universidad no solo aporta una posible salida educativa y laboral, sino que reconstruye la humanidad que la cárcel, por lo general, destruye”.