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    N° 1936 - 21 al 27 de Setiembre de 2017

    Del 16 al 20 de setiembre, Lucía Topolansky y Patricia Ayala ocuparon en forma interina la presidencia y vicepresidencia de la República: por primera vez en Uruguay, dos mujeres alcanzaron los cargos más altos de la estructura del Estado. Sin embargo, esto no es el reflejo de una fuerte representación política de las mujeres en nuestro país: muy por el contrario, Uruguay muestra una de las tasas de representación femenina en el Parlamento más bajas de la región.

    Desde la salida de la dictadura, el Parlamento uruguayo se ha compuesto mayoritariamente por hombres blancos mayores de 50 años. Luego de las elecciones de 1984 (en las que ninguna mujer fue electa titular en ninguna de las Cámaras) el acceso de las mujeres al Parlamento creció muy lentamente, permaneciendo por debajo de 12% durante 25 años. Mientras que muchos países de la región habían aprobado una ley de cuotas ya hacia finales del siglo XX (primero Argentina en 1991 y luego otros 11 países latinoamericanos), en Uruguay se aplicó por primera vez recién en las elecciones parlamentarias de octubre de 2014. Aunque el impacto fue menor al esperado, la cuota logró aumentar la tasa de representación femenina en el Parlamento a 20%. Con este aumento, Uruguay dejó de estar entre los últimos cinco países de América Latina para ubicarse en el lugar 12 (de un total de 19).

    El débil impacto de la cuota tuvo que ver, entre otras cosas, con la forma en que los partidos incorporaron a las mujeres en las listas: casi siempre incluyendo el mínimo permitido (una por terna) y en la mayoría de los casos ocupando el último lugar (lo que se conoce como “aplicación minimalista”). A menos que se trate de una lista muy votada, generalmente los lugares “salibles” son el primero y el segundo, con lo que muy pocas veces la mujer alcanzaba efectivamente una banca. Para entender mejor las resistencias a la cuota es necesario recordar que la cantidad de bancas en el Parlamento es en definitiva un número limitado: para que entren más mujeres tienen que salir hombres, y el poder no siempre es fácil de dejar.

    Uno de los argumentos principales en contra de la cuota es que lo que se debería tener en cuenta en realidad es el “talento” de la persona: si la mujer reúne las condiciones, dicen, va a llegar a ocupar los lugares sin la necesidad de una ley. Este argumento coloca la carga explicativa en lo individual, desconociendo el hecho de que las relaciones desiguales de poder que prevalecen en nuestras culturas también inciden en el sistema político, generando una desigualdad a la hora de hacer efectivo el “derecho a ser elegido/a”. Ignora también que la cultura política, históricamente masculina, está plagada de normas informales, costumbres y códigos de convivencia que asumen que el sujeto político “universal” es un hombre. Según un estudio realizado por Graciela Sapriza, si se dejara que la presencia de mujeres aumentara en forma “natural”, recién se alcanzaría una composición paritaria del Parlamento en el año 2070, lo que implicaría la subrepresentación del 52% de la población uruguaya por al menos 50 años más. A pesar de posturas como la de Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, quien considera que la ley de cuotas es producto de la presión que ejerce “un puñadito de mujeres sobre todo el sistema”, la Unión Interparlamentaria sostiene desde 1992 que la falta de mujeres en los Parlamentos es un déficit de la democracia como régimen político; y concluye que las mujeres que ejercen cargos políticos por lo general se preocupan más por el bienestar social y la protección jurídica.

    Si bien la resistencia a la ley de cuotas es todavía fuerte desde sectores de todos los partidos políticos (la propia Topolansky y gran parte del MPP, así como gran parte del Partido Nacional y del Partido Colorado), en marzo de este año se aprobó en el Senado la aplicación de la ley por tiempo indefinido (anteriormente se había aprobado por un solo período, lo que iba en contra de todas las recomendaciones internacionales). El proyecto aprobado no asegura la paridad en las listas, como se planteaba en la propuesta inicial, ni tampoco que las suplencias de las legisladoras sean ocupadas por mujeres (para evitar casos como el recordado de Graciela Bianchi, quien habiendo sido electa senadora renunció al cargo para darle su lugar al suplente hombre), pero de todos modos constituye un avance. Con mucho viento a favor, quizás la próxima vez que haya una presidenta en Uruguay, la gente se ocupe menos de discutir si la palabra está o no verdaderamente aceptada por la Real Academia Española, y más de reflexionar sobre si estamos o no verdaderamente más cerca de la equidad.