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La edad promedio de las 5.366 nuevas jubilaciones por incapacidad aumentó y se ubicó en 58,2 años en 2018, sin grandes diferencias entre hombres y mujeres. Predominaron las las patologías osteomusculares, aunque entre los que trabajaban en la construcción también son importantes las enfermedades circulatorias, lo mismo que los padecimientos mentales y de “comportamiento” entre los funcionarios públicos. Una característica nueva de estas prestaciones es que dieron cobertura a una proporción mayor de la población de ingresos bajos: a partir de 2010 más del 50% se concentran en el primer quintil de la distribución, cuando antes “rara vez superaban el 10%” del total.
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Una consultoría efectuada para la oficina en Montevideo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) analizó la evolución de estas jubilaciones y pensiones especiales tramitadas por personas que, por razones de salud, se vieron impedidas de continuar trabajando por un período prolongado o definitivo. Abarcó los años 2015 a 2018, coincidiendo con cambios en la ponderación de los factores que exceden al diagnóstico de patologías físicas o psíquicas (buscando aproximar las posibilidades de reinserción laboral de los individuos teniendo en cuenta su edad, nivel educativo y las características de su puesto de trabajo), así como de innovaciones en el registro informático del trámite administrativo.
En 2009-2017, 17% del gasto total del Banco de Previsión Social (BPS) en nuevas pasividades —“altas”— correspondió a prestaciones por incapacidad. Eso supera las erogaciones por “edad avanzada” (16%); la causal “vejez” significó 67%.
El aumento de las “altas” por incapacidad en el período analizado respondió a varias causas, según los consultores de la Cepal: las modificaciones de la ley de flexibilización de las jubilaciones y los cambios tanto en la valoración de la incapacidad como en el proceso de otorgamiento del subsidio transitorio y la jubilación por incapacidad total.
El incremento de 2009 está asociado a los cambios en la Ley 18.395 y, en particular, a la eliminación del tope de dos años desde el cese de actividad para configurar causal por incapacidad. El promedio de meses desde la última cotización hasta el alta pasó de 23 meses en ese año a 70 meses en 2010 (en 2015 alcanzó un máximo de 81 meses).
El crecimiento de las nuevas jubilaciones por incapacidad no fue homogéneo entre los sectores de aportación al BPS. En el trabajo doméstico aumentaron 63% entre 2013 y 2016, mientras que el crecimiento en general fue de 50%.
El estudio incluye un análisis contrafactual del costo donde muestra que las altas que no se hubiesen otorgado sin las modificaciones normativas y administrativas representaron un gasto adicional en el período que se sitúa en un rango entre $ 996 y $ 4.409 millones a 2017. Esta diferencia se debe a que en un escenario se asigna la pensión no contributiva por invalidez a todos aquellos que no configuran causal y en el otro no se realiza ninguna imputación.
Patologías.
Las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo fueron las más frecuentes en las “altas” por incapacidad definitiva y el subsidio transitorio en los cuatro años para los que los consultores de la Cepal tuvieron datos de las patologías: representaron entre 40% (2014) y 27% (2017) del total. Le siguen en importancia las enfermedades del sistema circulatorio, con una participación cercana a 20%.
Los problemas osteomusculares fueron más notorios entre los beneficiarios de estas prestaciones que aportaban al BPS como “sector rural”, trabajo doméstico e “industria y comercio”. La menor prevalencia de los tumores (neoplasias) como desencadenante de la incapacidad para trabajar se dio entre los pasivos por incapacidad contribuyentes del sector “civil” (funcionarios públicos).
